La simulación del Congreso de Guanajuato

El 28 de octubre se llevó a cabo en el Congreso de Guanajuato la primera reunión para discutir la Ley de Declaración Especial de Ausencia, después de la consulta electrónica realizada con las víctimas. Ya había una discusión previa llevada a cabo en 2019 con el Poder Judicial sin las familias, con la cual se incumplía el artículo 5º de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda (Ley General) que señala que las familias deben participar en todas las decisiones que les impliquen.

Desde la LXIII Legislatura en Guanajuato se habla mucho de la figura de “Parlamento Abierto”, pero poco se ha hecho para adaptar las metodologías de análisis de las iniciativas a la realidad de las víctimas. Consultas electrónicas y mesas de trabajo que responden más a la prisa y al manejo político del grupo mayoritario del Congreso que a las propias familias de personas desaparecidas, por ejemplo.

Como se ha dicho en otros espacios, la discusión de la Ley de Búsqueda tuvo un cierre muy accidentado en la recta final sobre todo por qué la diputada Libia García ignoró las propuestas de las familias. Ejemplo claro de ello fue la negación a incluir el concepto de fosa clandestina que ni en las reservas quiso discutirse. Es una burla que ahora echen la bolita al Congreso de la Unión con la iniciativa que han presentado para que se modifique la Ley General, además con una pésima técnica legislativa ya que no hacen referencia a los Contextos de Hallazgo, ésta es una cortina de humo.

Como parte del cabildeo de la mencionada Ley de Declaración Especial de Ausencia el Colectivo Buscadoras y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato solicitaron a través de una carta una reunión con la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso para externar la necesidad de cambiar la metodología, y ésta ha sido negada en la práctica debido a que la carta fue enviada por correo electrónico (que es la vía en la que el Congreso se comunica con los Colectivos), debido a que no tiene el “sellito” de recibido. Ahora nos enteramos que quieren ofrecer la audiencia hasta que pase la discusión de la iniciativa, vaya Parlamento Abierto. Ya no mencionemos el incumplimiento al derecho de audiencia en el que francamente está incurriendo la Legislatura.

En otras palabras, el Congreso de Guanajuato incumple el Parlamento Abierto y el derecho a la participación de las familias por no adaptar sus metodologías y por no señalar en términos técnicos cuáles son las razones por las cuales no se recuperan las propuestas de las familias.

Además, no han cumplido con las solicitudes de asistencia técnica realizadas por las familias en el sentido de incluir las opiniones de organismos nacionales e internacionales, como la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ONUDH). También el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, que ha acompañado a Colectivos en Veracruz en la implementación de la Ley de Declaración Especial de Ausencia, ha externado su interés en enviar observaciones al proyecto de dictamen que las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables ha planteado. ¿Qué hará el Congreso de Guanajuato?, ¿Va a ignorar las opiniones técnicas de estos organismos?.

Una Junta de Gobierno y Coordinación Política que no dialoga con los diferentes actores sociales, y unas Comisiones que no están interesadas en el construir contenidos mediante el diálogo con las familias de personas desaparecidas y con sus acompañantes. Mención aparte requieren los partidos de oposición que terminan diluyendo su crítica frente al bloque oficialista que forman 19 diputados panistas desde hace dos legislaturas, que sólo levantan la mano al son que les toca el Gobernador. Y ahora, a lo que les dice el Poder Judicial de Guanajuato.

El Parlamento Abierto no es sólo el Derecho a la Información, sino también a la Participación Ciudadana con mecanismos adecuados, en este caso, para que las víctimas aporten elementos para las políticas públicas que les involucren y que sus opiniones sean tomadas en cuenta.

* Raymundo Sandoval (@ray_sandoval) es es defensor de derechos humanos.