Centro de Análisis de Políticas Públicas · 31 de agosto de 2011
Por: José Tapia, Director de Investigación y Proyectos de México Evalúa.
México Evalúa publicó recientemente su Índice de Víctimas Visibles e Invisibles que es una evolución al presentado el año pasado (Índice de Inseguridad y Violencia).
En esta ocasión, la intención fue avanzar una propuesta de medición enfocada en los delitos que más nos preocupan: homicidio, secuestro, extorsión y robo con violencia, incorporando además a las víctimas indirectas quienes por lo general no se observan, pero existen, al ser un efecto ligado al de las víctimas directas.
Diversas reacciones ha generado dicho estudio, la gran mayoría positivas, al poner por primera vez una panorámica de la evolución de delitos graves a nivel nacional y estatal a través de diferentes administraciones en el tiempo.
Este ejercicio de análisis y monitoreo se realizó enteramente con base en las cifras oficiales, ordenadas y presentadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien a su vez las recaba directamente de los Estados. La limitante del estudio fue contar con un universo acotado respecto de la totalidad de delitos (aproximadamente sólo el 20% del total, debido a que la mayoría de los delitos no se reportan, contribuyendo a una elevada cifra negra), al no incluir encuestas de percepción o victimización.
Nuestra decisión, como centro de monitoreo y evaluación independiente, fue utilizar los registros oficiales mismos que, vale mencionar, no habían estado disponibles al público de esta forma hasta fechas recientes.
Independientemente de los notables resultados del estudio y que generan por si mismos un sistema de alertas, vale la pena resaltar el problema endémico de la información que tenemos los ciudadanos sobre lo que elabora y registra la autoridad en distintos ordenes y niveles de gobierno. Estamos frente a un grave problema en la calidad de la información y las cifras oficiales, sin que al momento quienes la generan se avoquen a ofrecer calidad en datos o determinen mecanismos para homologarla y hacerla consistente.
Utilizar información obsoleta, poco confiable, no verificable y no comparable puede generar problemas importantes, mas allá del propio desperdicio de recursos. Si la autoridad no cuenta con cifras sólidas y confiables no puede actuar y no puede generar cambios. Sin información no se puede generar evidencia y tampoco saber que funciona y que no funciona.
Para el caso específico del tema de seguridad pública podemos identificar tres tipos de problemas de información:
Tipo 1. Los datos no existen o no se generan. Dadas las limitadas capacidades humanas, tecnológicas o metodológicas en las instancias públicas hay información que no se observa o genera. La federación ha otorgado recursos para mejorar en este aspecto, sin que a la fecha haya un claro diagnóstico de cómo se han invertido estos recursos y sus resultados concretos, sobre todo a nivel estatal.
Tipo 2. Los datos existen, pero no se reportan. En varios estados aún persiste la añeja y antidemocrática práctica de limitar el acceso a la información como un mecanismo de control sobre los ciudadanos. Por lo general estas instancias son también consistentemente mal evaluadas por los ciudadanos en términos de transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, tampoco se asegura que la información que generan sea confiable.
Tipo 3. Los datos existen y se reportan, pero no son confiables o de utilidad. Es el caso donde se utilizan métodos y protocolos de captura de información obsoletos y se generan reportes que no ayudan a una mejor gestión, ni evaluación. Aún cuando existen recursos y una intención por reportar, lo que se genera no es de utilidad para dar respuesta a las preguntas que se requieren para mejorar las políticas. Existen ya algunas instancias que reconocen la necesidad de cambiar y avanzan a este respecto, lamentablemente hoy son contadas.
Todos estos problemas de la información que mencionamos son de gran calado para el ciudadano, ya que en resumen no tenemos información y cuando la tenemos no es confiable al 100%.
El escenario actual de vacío en términos de calidad y oportunidad de la información, solo beneficia a quienes incumplen en su entrega, han dejado de reportar o simplemente nunca han reportado. No hay nada con que evaluarlos. La autoridad federal abona al estado de cosas al no ser claro en reprimenda, sanción o amonestación por incumplimiento acorde con lo que estipula en términos de responsabilidades la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Las cifras e información oportuna y confiable son la base para una buena planeación y mejorar los resultados de las políticas. Hoy no tenemos buena información y debemos exigirla por que pagamos mucho al Ejecutivo, Legislativo y Judicial para generarla a nivel federal, estatal y municipal.
Mientras no haya seriedad y compromiso por presentar información útil y oportuna, simplemente no podremos avanzar en la solución de los problemas más apremiantes como país.