La seguridad pública después del Chapo

Paradójicamente, lo que el gobierno federal se ha empeñado en presentar como uno de los grandes logros de su administración con la reaprehensión de Joaquín Guzmán Loera “el Chapo” puede tornarse en la gran piedra en el zapato del final de su administración. Ni el ambiente de celebración tras la obligada reaprehensión del furtivo líder criminal, ni el anuncio de un debate nacional sobre el uso recreativo de la mariguana, ni el simplismo de futbolistas derivados en títeres de intereses políticos lóbregos, han detenido la embestida social reclamando acciones contundentes para garantizar la seguridad de las personas.

Desde el inicio de esta administración, como lo fue una constante durante su campaña, el gobierno federal puso un énfasis en la necesidad de cambiar la estrategia de seguridad pública del gobierno. Desde su discurso inaugural, se propuso un “golpe de timón” que vio en sus ejes de acción la centralización de las decisiones en materia de seguridad en una sola dependencia y sustituir la otrora Secretaría de Seguridad por una Comisión Nacional de Seguridad. Así, la Secretaría de Gobernación sería la única secretaría encargada de la política de seguridad y la naciente CNS sería la encargada de coordinar las acciones de las diferentes fuentes policiacas, a la cual se le añadiría un brazo policial, llamado Gendarmería, que serviría para contrarrestar un, lo que muchos comentaristas usaron como eufemismo, “Estado fallido”.

[contextly_sidebar id=”7OkXkrOiyb6qN6wFCzV3Wj3GkC9VJGLl”]Sin embargo, estas acciones no reportaron cambios significativos en la incidencia delictiva, ya que el problema de la inseguridad en el país no era el resultado de una separación de funciones dentro del gabinete federal, sino de -entre otras- la ubicación geográfica estratégica de México que le permite acceder a uno de los mayores mercados de drogas del mundo. Esto le resulta atractivo a las organizaciones criminales, quienes han visto disminuido su comercio derivado del control en las fronteras estadounidenses. Esto ha modificado sustancialmente la estructura de distribución de drogas, basada principalmente en una interdicción en zonas de tránsito para la protección de la frontera con México. Esto resultó finalmente en un traslado de la disputa por la distribución de drogas de territorio estadounidense a territorio mexicano. De igual forma, los cárteles sudamericanos se vieron en la necesidad de hacer conexiones con sus pares mexicanos en la búsqueda de nuevas rutas de distribución hacia los Estados Unidos. Los cárteles mexicanos, quienes anteriormente sólo se enfocaban a un limitado mercado doméstico basado en drogas naturales, comenzaron a diversificarse a la producción y comercialización de drogas sintéticas influidos por sus nuevos socios.

Junto con la interdicción en zonas de tránsito se dio un cambio en los patrones de consumo en el mercado de drogas en Estados Unidos, cambiado a drogas sintéticas (que incluyen las anfetaminas, metanfetaminas y éxtasis) que son suministradas principalmente por laboratorios industriales en el sureste de Asia. Esto ha resultado en una disminución del mercado para la cocaína y la heroína proveniente de América del Sur, Norteamérica y Europa.

Por ello, los cárteles mexicanos se han visto obligados a buscar nuevos negocios que les permitan extraordinarias ganancias, diversificando sus acciones a la comercialización de material que infringe derechos de autor (piratería), privación ilegal de la libertad (secuestro) y comercio ilegal de personas (trata de personas), conduciéndose como grandes corporaciones multiproducto. Estas actividades resultan críticas para controlar también el tráfico de armas, los prostíbulos, las apuestas clandestinas, además de negocios legales como gasolineras y tiendas de comestibles que les sirven de sombra para el lavado de dinero y el control de la población. En resumen, los grupos criminales se encuentra luchando por el control de las zonas de distribución en un mercado a la baja, por lo que han diversificado sus actividades y se han vuelto más sangrientas las disputas por estos mercados.

De aquí que el gobierno federal, si quiere realmente echar campanas al vuelo y celebrar acciones contra la inseguridad, deberá tomar en cuenta al menos lo siguiente:

Prevención. Desde su discurso inaugural, la presente administración dejó patente que su prioridad sería el combate a la inseguridad, desde ,. Sin embargo, como reza el dicho, ni presupuestal ni institucionalmente se ha demostrado que la prevención social del delito está en la cúspide de prioridades del gobierno. La actualmente acéfala subsecretaría del tema ha tenido un par de titulares, cuya mala estrella ha afectado el desempeño de su estrategia. A la sombra de otras estrategias federales como lo fue la Cruzada Nacional Contra el Hambre, las dependencias federales no han podido agrupar y orientar sus esfuerzo en la más necesaria estrategia de este gobierno. En el pasado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Prevención del delito han ofrecido subsidios similares sin comunicación alguna, y en unos casos opuestos entre sí. Los subsidios a la seguridad deben de alejarse de ofrecer ayudas visuales o apoyos a espacio deportivos, sin lograr que estados y municipios construyan las capacidades institucionales y sus programas de prevención y combate del delito. En el rediseño que siguen actualmente estos subsidios se debe privilegiar aquellos que crean capital social, que es el único elemento demostrado que permite a las sociedad aumentar su seguridad pública.

Persecución. Incluso bajo la tutela de la Segob, ni la CNS, Cisen, Sedena, Semar y el Secretariado Ejecutivo logra actuar coordinadamente. Si bien las instituciones encargadas de combatir y erradicar se encuentra separadas, desvinculadas y descoordinadas, no es la principal causa de las fallas en la estrategia de atención y combate al delito. Sí lo es, cuando áreas sustantivas se han dejado de lado de personas inexpertas con premios políticos o electorales, y en otros caso se han vuelto inoperantes, como es el caso del Registro Nacional Vehicular, esencial para la prevención y combate del delito.

La seguridad pública, contrario a lo que cree el ciudadano común, es un servicio y una responsabilidad municipal. La mayoría de los delitos deben ser combatidos y perseguidos en el orden municipal. Sin embargo, el devenir histórico del federalismo mexicano ha creado un desarrollo desigual de los municipios. Si los municipios en el país no cuentan con las mismas capacidades institucionales para atender los servicios básicos, mucho menos las tienen para atender problemas más complejos como combatir el crimen organizado. Así, municipios en extrema pobreza se vieron presos de las acciones del crimen organizado sin tener capacidades institucionales para combatirlo. La tan presumida Gendarmería, que vendría a ser una presencia territorial en aquellas entidades que se necesitase, en realidad terminó siendo un policía económica que difícilmente logrará llegar a los municipios que carecen de capacidades. La gendarmería debió tener el objetivo de ayudar a construir esas capacidades y no ser una policía económica, por lo que deberá de replantearse.

El combate a este tipo de actividades criminales implica también la acción coordinadas de fuerza que no se da naturalmente en un sistema federal. El carácter descentralizado de la organización política mexicana diluye el esfuerzo de las autoridades encargadas de la persecución de estos delitos. Al mismo tiempo, incrementa la violencia de los grupos armados los cuales prefiere armarse contra los embates de los grupos rivales a internar corromper diversas instancias y agentes de gobierno, lo que disminuiría sus ganancias.

Paradójicamente, las autoridades no pueden internalizar totalmente los costos de la violencia y la criminalidad, ya que esta se reparte entre los diferentes ordenes de gobierno. De aquí que muchas veces sea el gobierno federal quien tienen que asumir la responsabilidad centralizada y monolíticamente de la atención de estos problemas, y los estados y municipios tenderán a transferir esta responsabilidad a gobiernos centrales, sin asumir los costos. Por lo que el gobierno federal ha sido selectivo en qué áreas decide intervenir y se hace con criterios políticos, más allá que utilizar un criterio que permitiera construir las capacidades institucionales de los municipios y los estados, y que permitan garantizar la seguridad de sus habitantes.

Procuración, combate a la impunidad y reinserción. Aunque el gobierno ocupa grandes energías en mostrar las áreas operativas como la CNS, Sedena y Semar del gabinete de seguridad logran llevar a cabo sus operativos alimentados con información del CISEN, la PGR rara vez logra armar los expedientes suficiente y efectivamente que lleve a la consignación efectiva de las personas. Las que llegan a ser consignadas logran su libertad con artilugios legales y aquellos que ingresan a los centro de readaptación, rara vez logran su reintegración en la sociedad. Asimismo, lo que no tolera la sociedad de los políticos es que estos resulten en concubinato con las fuerzas que supuestamente deben de combatir y se aprovechen para censurar a aquellos que supuestamente deben de proteger. Pero poco se puede hacer cuando las capacidades institucionales en los ordenes estatales y municipales son rebasados por la corrupción y la extorsión.

Finalmente, el gobierno federal debe continuar con una política de aplicación integral y efectiva de las leyes. Aunque es de esperarse un ascenso en la violencia relacionada con acciones criminales en el corto plazo, a mediano y largo plazo termina siendo la mejor estrategia para el combate de la producción y distribución de sustancias prohibidas, y otras actividades ilícitas que se desarrollan paralelamente. Por ello, el inminente debate sobre el uso recreativo de la mariguana no debe de nublar estos elementos esenciales para combatir la criminalidad en el país. El combate frontal a acciones ilegales, regulación restringida, responsabilidad en la impartición de la justicia, y una política de prevención aparecen como únicas opciones para ello.

 

* Cristopher Ballinas Valdés (@crisballinas) es Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford y Profesor en Políticas Públicas en el ITAM.