La seguridad ciudadana desde una perspectiva comunitaria

Para vivir en un espacio seguro y en paz no basta con desearlo; es necesario un esfuerzo colectivo en el que las personas asuman un rol activo en la construcción de una seguridad ciudadana que garantice el goce y ejercicio de derechos. Es decir, se necesita de la colaboración de todos los sectores sociales: los gubernamentales, la sociedad civil organizada, el sector privado, las iglesias, los centros educativos e indispensablemente, las ciudadanas y ciudadanos de a pie. El interés genuino de mejorar nuestras comunidades y condiciones de vida deberá concretarse en acciones colaborativas e intersectoriales entre todos estos actores para alzancan un mismo objetivo: vivir en un país más seguro, justo y en paz.

Pero, ¿qué es la seguridad ciudadana y cómo es que se construye o se lleva a la práctica? Comencemos por aclarar que la seguridad ciudadana no se limita a la presencia policiaca, militar o de instancias de procuración de justicia en el espacio público. La seguridad ciudadana se entiende como la capacidad que tiene el Estado en colaboración con el sector privado, la academia y asociaciones comunitarias, vecinales y ciudadanas, de proveer y coproducir un marco de protección de la vida y el patrimonio de los individuos, permitiendo a la ciudadanía convivir pacíficamente, sin miedo y en aras de alcanzar una mejor calidad de vida.1

Esta idea de seguridad ciudadana está ligada con la de gobernanza, que implica mecanismos de negociación y cooperación entre la pluralidad de actores involucrados para orientar la definición y gestión de las políticas públicas, los procesos colectivos que determinan una sociedad, cómo se toman las decisiones y cómo se elaboran normas sociales con relación a asuntos públicos.2 Así, el tema central está en crear redes de colaboración entre los distintos sectores sociales en la búsqueda del bien común, aunque pareciera que en la práctica existe una diversidad de intereses, perspectivas y propósitos de cada sector social que impiden que esa seguridad ciudadana se concrete.

Es una ardua labor que, desde nuestro punto de vista y experiencia, se puede concretar con el empoderamiento comunitario, es decir, formando una ciudadanía activa que se involucra en la solución de sus problemáticas locales y está dispuesta a colaborar con otras personas de distintos sectores sociales en una narrativa basada en la cultura de la legalidad. 3 Esta experiencia la hemos vivido en un polígono de Ciudad de México ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc. En San Fernando y San Juan, el proyecto Red conéctate por tu seguridad (RCxTS) se creó para fortalecer un nodo de actores sociales entre sí, así como la activación de microredes conformadas en este conglomerado. 4

Pero fue gracias a que desde MUCD elaboramos un análisis de la participación de redes vecinales y sociales 5 en el polígono, que identificamos los vínculos que se han generado en la RCxTS y sabemos de la implementación del proyecto, como del crecimiento de esta red en número de actores involucrados y sus vínculos. En tan solo dos años (2019 a 2021) pasó de integrar 5 actores sociales a más de 500 involucrados, crecieron los vínculos pasando de 8 a 2,157, y aumentó el número de microredes pasando de 5 a 248, en el mismo periodo.

Así, estas redes han sostenido las más de 400 acciones de formación y activación ciudadana y han generado nuevos proyectos comunitarios tales como el apoyo al programa Barrio Adentro, impulsado por la Autoridad del Centro Histórico en favor de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia y delincuencia organizada; Agua Capital, un proyecto orientado a generar sostenibilidad hídrica en la zona; la revitalización del Mercado 2 de Abril, en la que participaron CoRe, Agua Capital y Corazón Capital; y la realización de programas de radio impulsados por jóvenes del colectivo Barrio Warrior en colaboración con museos de la zona centro de Ciudad de México.

También se ha capacitado a personas integrantes de las organizaciones participantes como facilitadoras en cultura de la legalidad quienes han realizado réplicas del tema en sesiones dirigidas a las personas de su entorno. Esto ha permitido que cada vez más instituciones, organizaciones y grupos de interés se involucren en la promoción de la cultura de la legalidad y en la activación ciudadana. Asimismo, se han formado a personas para que observen a la autoridad y mejoren la calidad del servicio en las agencias del Ministerio Público (MP) y el Juzgado Cívico (JC).

Todo esto contribuye a una buena gobernanza en seguridad ciudadana. Como dijimos, la gobernanza agrega valor en la prevención del delito y violencia, promueve una agenda que prioriza el ejercicio y goce de los derechos y fortalece la articulación y coordinación de políticas nacionales, estatales y locales, con la participación ciudadana y comunitaria. Sin embargo, no podemos dejar de preguntarnos qué se puede mejorar cuando estas actividades y mecanismos no están dados o promovidos desde las instituciones gubernamentales. La respuesta es contundente: por un lado hay que empujar desde la ciudadanía exigiendo a las autoridades el cumplimiento de su quehacer y la impartición de justicia y, por el otro, generar las condiciones comunitarias para hacer sistemática esa exigencia y propiciar el involucramiento de todos los sectores en la implementación de programas o actividades que mejoren de manera directa y en lo local, las condiciones de seguridad ciudadana de la comunidad. 6

Lo que sí nos deja ver la experiencia de la RCxTS es que a partir de la implementación del programa se ha reducido la victimización, pues más personas de esta comunidad consideran que viven en un lugar seguro, acuden ante una autoridad cívica para resolver conflictos, denuncian ante el Ministerio Público en caso de ser víctimas del delito y conocen el sistema de cuadrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX). También, más personas se han involucrado en la organización de actividades comunitarias y conocen alguna red social local donde se comunican en entre vecinos y vecinas. 7

Si bien tenemos datos alentadores del trabajo comunitario en favor de la seguridad ciudadana, también identificamos retos como la disminución de la calificación positiva de la atención recibida en el MP y la disminución del uso del JC en caso de conflicto vecinal. La disminución en la calificación del MP la atribuimos a un mayor conocimiento de la ciudadanía respecto de sus derechos y los procesos para iniciar una carpeta de investigación, lo que provoca una mayor exigencia en la calidad de atención. Por otra parte, el que menos personas utilicen el JC para resolver sus conflictos vecinales, puede deberse a que las y los vecinos recurren a resolver sus diferencias a través del diálogo y acuerdo comunitarios, en lugar de llegar a instancias de mediación de la justicia cívica.

En suma, estas acciones son parte de un proceso de mejora continua de la seguridad ciudadana a través de la práctica de la gobernanza, pues recurren al entendimiento de todos los factores, normas y actores que se coordinan para producir un bien público y el bienestar colectivo.  Aunque reconocemos que falta un largo camino por recorrer. El siguiente paso es la generación de políticas públicas y normas sociales -que surgidas desde la experiencia de atender las problemáticas y necesidades locales y no desde la imposición de gobiernos en turno- estén acompañadas por la observación y colaboración ciudadana para su implementación. Desde MUCD seguiremos impulsando proyectos como este para propiciar factores de protección desde el empoderamiento de las comunidadesy lograr así  comunidades más seguras, justas y en paz.

* Rafael Ibarra es filósofo por el Seminario Interdiocesano de Tlalnepantla y Director de formación en México Unido Contra la Delincuencia. Carolina de la Rosa es socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y Coordinadora estratégica en México Unido Contra la Delincuencia.

 

 

Referencias:

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), (2018), Curso Líderes para la gestión en seguridad ciudadana y justicia. Módulos 1, 2 y 3. Washington, DC, EE.UU., BID.

 

 

1 BID, 2018, Curso Líderes para la gestión en seguridad ciudadana y Justicia, Módulo 1.

2 BID, 2018, Curso Líderes para la gestión en seguridad ciudadana y Justicia, Módulo 2.

3 En MUCD definimos la cultura de la legalidad como la creencia compartida de que cada persona tiene la responsabilidad individual de ayudar a construir y mantener una sociedad con un Estado democrático de derecho.

4 Este nodo principal está conformado actualmente por 30 actores sociales de sectores como el educativo, gubernamental, cultural, religioso y sociedad civil, que tienen incidencia en el polígono donde se implementa el proyecto.

5 El análisis realizado por MUCD contempló el registro interno de actividades mediante el conteo del número de actores sociales que participan en el proyecto, con qué otros actores se vincularon (entendida la vinculación como la participación en actividades conjuntas o generación de proyectos colaborativos) y las microredes que se generaron (es decir, los vínculos entre tres o más actores). El análisis se realializó en tres periodos: al inicio del proyecto en febrero de 2019, en marzo de 2020 y en marzo de 2021.

6 En este sentido, la realización de visitas de monitoreo a las instancias de procuración de justicia en el marco de RCxTS ha logrado por ejemplo obtener información valiosa que podrá traducirse en recomendaciones para el mejoramiento del servicio por parte de la autoridad y, por otra, generar cambios concretos. Tal es el caso del juzgado cívico Cuauhtémoc 2, donde gracias a los monitoreos se detectó y logró la presencia de un mayor número de personas servidoras públicas capaces de brindar atención inicial.

7 Para medir este avance provocado por el proyecto, durante el primer semestre de 2021 se realizó la Encuesta intermedia de cultura de la legalidad, con el mismo instrumento utilizado en la fase diagnóstica realizado en 2019. Los resultados detallados se encuentran aquí.