blogeditor · 5 de noviembre de 2013
Conforme una sociedad avanza en el proceso de maduración y consolidación de su democracia, la transparencia en el ejercicio del poder comienza a tomar un papel cada vez más relevante. Esto no sólo porque permite conocer toda aquella información relacionada con las actividades cotidianas de la autoridad, sino del propio proceso de toma de decisiones, de sus resultados o consecuencias y también de todos y cada uno de los responsables.
[contextly_sidebar id=”eebce4877c3289ff6e1caa6a813dd213″]Lo contrario sucede en una dictadura o un gobierno autoritario, donde la transparencia y la rendición de cuentas son por demás irrelevantes, ya que no es necesario que el ciudadano conozca qué sucede en las esferas del poder (ni mucho menos cómo se toman las decisiones), debido a que su legitimidad no proviene del respaldo y la aprobación de la ciudadanía, sino en muchas ocasiones, por el carisma o el liderazgo mesiánico del gobernante (o de la violencia que éste pueda ejercer sobre los ciudadanos). De hecho, si hacemos una adecuación de la frase que se le atribuye al llamado “Canciller de Hierro”, el prusiano Otto von Bismarck, referente a que “con las leyes pasa como con las salchichas, es mejor no ver cómo se hacen”, en este caso podríamos decir que en el autoritarismo o en una dictadura, “el ejercicio del poder es como las salchichas, es mejor no ver cómo se hacen”. Es decir, el ejercicio del poder es una verdadera caja negra.
De regreso a la democracia, decíamos que la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son un valor central que dota no sólo de legitimidad al gobierno en turno, sino también de suficientes elementos de control, límites y contrapesos al poder público mismo. Esto, debido básicamente a que el hecho de permitir y facilitar que el ciudadano acceda a la información que la autoridad genera durante todas las etapas del ejercicio del poder, así como también participe y delibere conjuntamente con la autoridad, permite que tanto las acciones, como las decisiones mismas cuenten con mayor legitimidad y respaldo social y por tanto, se comparta la responsabilidad sobre los resultados o las consecuencias de las mismas (buenas o malas).
Sin embargo, para que esto suceda, se requiere que por un lado el gobierno sea proclive a abrirse, transparentarse y a ser incluyente, es decir, que permita la participación y la deliberación conjunta con la ciudadanía (ahora llamado gobierno abierto), y por el otro, de una ciudadanía mínimamente movilizada e interesada en los temas públicos, así como también con las capacidades mínimas para saber qué preguntar, cómo preguntar, para qué preguntar y cómo influir en las decisiones públicas. Asuntos nada menores.
Entonces, por un lado se requiere de un gobierno abierto, pero por el otro, de una verdadera ciudadanía que esté activada y con las habilidades mínimas necesarias para ejercer plenamente su derecho a la información y a decidir, junto con la autoridad, sobre lo público. Sin estos dos elementos en la ecuación, no será posible alcanzar un verdadero gobierno abierto en el que la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de la ciudadanía se traduzca en mejores decisiones públicas, más responsables, cercanas a las necesidades reales de los ciudadanos, orientadas a resultados, y que puedan materializarse en políticas públicas eficientes y eficaces y en mejores servicios públicos.
Para que este danzón salga bien, es necesario que tanto gobierno, como ciudadanía no sólo bailen al mismo ritmo, sino que los dos lo sepan bailar muy bien.