La renuncia al Estado y la deshumanización de lo social

El titular del Poder Ejecutivo Federal, la titular del gobierno de la Ciudad de México así como sus respectivas secretarías de salud, han renunciado a implementar medidas de política pública para hacer obligatorio el uso de tapabocas. Vale la pena reflexionar sobre sus argumentos, basados esencialmente en la idea de que hacer obligatorio el uso de cubrebocas atenta contra la libertad y es antidemocrático.

A un año de haber llegado a conocimiento de la Organización Mundial de la Salud la existencia del covid-19, y a nueve meses de la declaratoria de la misma OMS de que se trataba de una pandemia, se han realizado muchísimas investigaciones que demuestran que el uso del cubrebocas reduce la transmisión del virus y por ende disminuye los contagios y los fallecimientos.

¿Tiene un gobierno la libertad de optar por no intervenir en asuntos en los que decisiones individuales en espacios públicos pueden afectar derechos de terceros y ocasionar incluso la muerte? ¿Tiene un gobierno la posibilidad de imponer una visión moral por encima de un mandato legal?

El artículo 2º de la Ley General de Salud establece las finalidades del derecho a la protección de la salud, que en su sola enunciación lleva implícita la obligación del Estado (en todos los órdenes de gobierno, presupuestos, autoridades, jueces, etc.) de proteger la salud de las personas. Entre esas finalidades se cuentan: i) el bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; ii) la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; iii) la protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; iv) la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; v) el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población; vi) la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.

El artículo 134 de la misma Ley señala que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas realizarán actividades de vigilancia epidemiológica y de prevención y control de enfermedades transmisibles. Y, más adelante, el artículo 139 señala que las medidas que se requieran para la prevención y el control de las enfermedades que enumera el artículo 134 deberán ser observadas por los particulares, entre ellas, por cierto, la aplicación de sueros, vacunas y otros recursos preventivos y terapéuticos. En otras palabras: la Ley General de salud obliga a las autoridades a prevenir enfermedades transmisibles y a las personas a obedecer sus disposiciones.

Si llevamos a otros ámbitos la lógica de las actuales administraciones federal y de la Ciudad de México, resultará más evidente su sinrazón. En la idea de que el Estado no puede usar la coacción (hacer obligatorio algo) para proteger la integridad y la salud de las personas (o, en general, para proteger sus derechos), tendríamos que aceptar que desalojar a poblaciones enteras antes de la llegada de un huracán es una monstruosidad antidemocrática. Mejor dejar que cada quien tome su decisión y que pueblos enteros desaparezcan volando o bajo las aguas. ¿Por qué hacer obligatoria la educación básica e intermedia? ¿Por qué no eliminar el artículo 144 de la Ley General de Salud que dice “La vacunación contra enfermedades transmisibles, prevenibles por ese medio de inmunización, que estime necesaria la Secretaría de Salud, será obligatoria en los términos que fije dicha dependencia y de acuerdo con lo previsto en la presente Ley”, y dejar que regrese el sarampión o la poliomelitis a la infancia? ¿Por qué evitar que las personas conduzcan en estado de ebriedad o superen los límites de velocidad establecidos? ¿Por qué prohibir la venta de alcohol y tabaco a menores de edad?

Es evidente que el gobierno federal y el de la Ciudad de México están siendo omisos en el cumplimiento de la Ley General de Salud al renunciar a su obligación de proteger el derecho de las personas a la salud.

En su argumentación, que presumen libertaria, subyacen nociones de enorme importancia para nuestra vida social. Primero, consideran que su moral puede estar por encima de lo que la ley configura como el contenido del derecho de las personas (a la salud, al medio ambiente, a la equidad, a la no discriminación, a la educación, al trabajo, etc). En segundo lugar, conciben la acción del Estado como intrínsecamente mala para la libertad. Tercero, suponen que el ser humano es esencialmente bueno y que, por ende, tarde que temprano actuará conforme a la moral del gobernante. Y, finalmente, ignoran que el Estado es un instrumento civilizatorio que no se puede lavar las manos como Pilatos ante un evento de proporciones catastróficas o que impacta negativamente en la integridad y la vida de las personas.

Necesitamos reeditar la discusión sobre las finalidades del Estado y la obligación de las autoridades a actuar según lo que dicte la ley y no de acuerdo con lo que diga su moral. Dejar en manos de los individuos decisiones que pueden causar la muerte a otros no es garantizar la libertad individual sino deshumanizar nuestra vida colectiva.

* Sergio López Menéndez es investigador en Controla Tu Gobierno, A.C. (@ControlaTuGob).