La reinserción social no ha sido exitosa ni fallida; no se ha intentado

Después del lamentable motín que sucedió el pasado 31 de octubre en el CERESO Atlacholoaya, en Xochitepec, Morelos, el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Israel Hernández Cruz, dijo una escalofríante sentencia que apela a una universalidad inexistente: “la reinserción social en el estado ha fracasado”. Para cualquiera que trabaje, interactúe o tenga relación con el Sistema Penal, puede dimensionar la cascada de implicaciones que conlleva tachar de fallido o terminado, el concepto que rige en palabra, la finalidad última del sistema. Tildar a la reinserción social de esta manera, es una declaración de derrota por una lucha que apenas comienza. Los derechos humanos no fallan, se consiguen, cueste lo que cueste.

El sistema, sin embargo, pareciera que por negligencia, desatención, corrupción o simple apatía, se rehúsa a garantizar el derecho que todas las personas privadas de libertad tienen a obtener la reinserción social. Los datos arrojados por el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP 2019), por lo tanto, muestran con ferocidad que el derecho a la reinserción social está a leguas de distancia: en el promedio estatal de 2019 solamente dos entidades superan los 8 puntos de calificación, Querétaro y Tlaxcala, pero con una calificación menor a 7 fueron calificados al menos 20 estados. Si bien se puede ver un progreso con el promedio nacional de cada año desde 2006, progresando del 5.92 al 6.75 actual, esto solamente puede señalar una realidad: la reinserción social en México es una excepción, no una regla y mucho menos, en la práctica, un derecho.

Uno de los indicadores que más pueden señalar la vitalidad de la reinserción social en el país, después de las medidas privativas de libertad, es la creación e implementación de programas postpenales que puedan dar seguimiento y ayuda a las personas en libertad. La creación de dichas dependencias, no obstante, ha sido un proceso difícil en el que el Estado ha fallado a la población al negligir la reinserción de una manera escandalosa. El informe Un modelo de atención penitenciaria, publicado en julio del presente año por la CNDH, menciona que se encontraron servicios postpenitenciarios en al menos la mitad de los estados de la República, mientras que en el resto de los estados, simplemente, no existe un acceso mínimo a servicios laborales, jurídicos, médicos, educativos y sociales, correspondientes a los ejes fundamentales de la reinserción social. La información actualizada del informe parece estar blindada y ser asertiva en programas gubernamentales o de la sociedad civil que buscan apoyar la temática, pero aun así, con algunas excepciones como en el estado de Baja California, Yucatán y Jalisco, entre otros, encontrar los servicios postpenitenciarios gubernamentales o privados mencionados en el informe, o aquellos estados que no tenían mención alguna, ha sido extremadamente complicado, si no bien imposible en algunos casos. Como pudimos comprobar en los últimos 10 días, encontrar o contactar servicios postpenales a lo largo del país no es fácil, no porque no esté actualizada apropiadamente su información sino porque, en muchos casos, no existen o dejaron de existir.

Los servicios postpenitenciarios para evitar la reincidencia, garantizar educación, dar oportunidad laboral, y apoyo médico y psicológico, son fundamentales para, tan siquiera, poder hablar de la posibilidad de una reinserción social verdadera. Por lo tanto, declarar que “la reinserción social ha fracasado”, es inverosímil en el mejor de los casos e inconsciente en el peor. Hablando de un estado como Morelos donde el autogobierno es norma en CERESOS como Atlacholoaya o Cuautla, donde no hay programas que respondan a las normativas internacionales de la reinserción social, y además presenten una tendencia a la baja en calificaciones generales en 4 de los 5 CERESOS visitados para el DNSP, declarar que la finalidad de la reinserción social falló es grave, alarmante, pero también incierto. La reinserción social no ha fallado, fallaron los agentes que tienen bajo su tutela implementarla.