Regulación de cannabis: fundamental para el inicio de sesiones

La regulación de cannabis está avanzando en todo el mundo. Uruguay y Canadá son países que en los últimos años han impulsado reformas que permiten el acceso a la planta para uso medicinal y adulto bajo diferentes esquemas de mercado. En el mismo sentido, 15 estados de Estados Unidos han reformado su política de cannabis para uso adulto y 34 para uso medicinal.

Ello resulta de la lucha histórica de activistas, pacientes, especialistas, organizaciones civiles y de base que han denunciado el fracaso del prohibicionismo y han activado procesos de incidencia política para reformar sus legislaciones.

Este año, México podría convertirse en el tercer país en regular la planta a nivel federal. Con ello, tenemos la oportunidad de reparar algunos de los daños causados a las víctimas de la llamada guerra contra el narcotráfico, y construir un mercado nacional que priorice la justicia social y los derechos de las personas usuarias.

Si bien el proceso de regulación que contempla el mercado, y en particular el uso adulto, ha sido largo y tedioso, es importante recordar de dónde viene para no confundirlo con la reciente publicación del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario  para la producción, investigación y uso medicinal de la cannabis y sus derivados

Se trata de dos proyectos de reforma que han avanzado paralelamente, aunque sus orígenes y objetivos son distintos. Por un lado, el proyecto de ley que contempla el uso adulto y la producción nacional deviene de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2018, como consecuencia del litigio estratégico encabezado por sociedad civil.

Por el otro, el Reglamento encargado de regular el uso, la producción y la investigación de cannabis medicinal y sus derivados es producto de la reforma a la Ley General de Salud en 2017, propuesta durante la administración de Enrique Peña Nieto ante la presión internacional de la UNGASS 2016. Además, es gracias al arduo seguimiento y la presión legal de madres cuidadoras, pacientes y organizaciones.

Entonces, ¿qué falta para acceder al uso adulto de cannabis? A finales del año pasado, se aprobó en el pleno del Senado un proyecto para la regulación. Días después, la Cámara de Diputados organizó audiencias públicas para analizar los pormenores de la minuta y solicitó una nueva prórroga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el fin de revisarla a profundidad.

En febrero inicia el periodo legislativo donde se retomará el proyecto de reforma que augura cambios. Si esto sucede, el proyecto regresará a la Cámara de Senadores quienes tendrán que discutir y aprobar únicamente las modificaciones hechas para que finalmente sea enviado al Poder Ejecutivo y este lo publique en el Diario Oficial de la Federación.

Desde #RegulaciónPorLaPaz 1 reconocemos la importancia histórica de este proceso y la necesidad de voluntad política en ambas Cámaras para que avance. Creemos que el proyecto debe ser modificado sustancialmente para garantizar los derechos de personas usuarias, pacientes y comunidades cultivadoras. En particular, consideramos esencial:

1. Cumplir con el  nuevo plazo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (30 de abril de 2021).
2. Eliminar la posesión simple y homologar espacios de consumo con la Ley de Tabaco.
3. Establecer restricciones a la integración vertical para empresas y aumentar el porcentaje de licencias a 80% para comunidades cultivadoras.

Invitamos a la comunidad lectora a seguir nuestras actividades en redes sociales y presionar a las y los Diputados, así como a leer nuestras próximas publicaciones donde explicaremos a profundidad los puntos más importantes del proyecto de reforma para uso adulto. ¡Arrancamos 2021 exigiendo una regulación con justicia social!

* Monserrat Angulo y Adrián Jiménez son integrantes de ReverdeSer Colectivo y #RegulaciónPorLaPaz.

 

 

1 Somos una coalición de personas, colectivos y organizaciones que buscamos impulsar una transformación integral de las políticas de drogas para abonar a la justicia social y la construcción de paz en México.