La reforma política ¿para qué?

Por: Mariana García, investigadora de México Evalúa

Es interesante como toda la clase política, funcionarios públicos, académicos y buena parte de la sociedad civil celebramos la aprobación de la reforma política en Senado. No obstante, poco se explica a los ciudadanos del por qué apoyarla y promoverla, cuáles son los beneficios colectivos y cuáles son los elementos que la hacen no sólo necesaria sino urgente para el país. Estas fallas en la comunicación política explican la enorme desconexión que existe actualmente entre los ciudadanos y la política, entre la política pública y la población, pero sobre todo, entre las llamadas “reformas estructurales” y la socialización de su importancia para el progreso de México.

Después de la elección presidencial del año 2000 (cuando se habló de la transición votada), el marco institucional del Estado mexicano se volvió completamente obsoleto para la nueva realidad política. Lo anterior implica que en el nuevo contexto de dispersión del poder público, seguimos haciendo las cosas del mismo modo que en el pasado. Esto ha generado enormes costos para el país que se traducen en un gobierno disfuncional e ineficaz para promover el crecimiento económico y el bienestar social.

Como muestra de esa ineficacia en materia política tenemos: la dificultad para modificar o aprobar reformas y leyes que son torales para mejorar el marco normativo en México (léase la Reforma Fiscal o la Laboral). Esto incluso se ha traducido en lo que algunos han llamado parálisis legislativa, lo cual no es un asunto menor, ya que entraña un tema de fondo que se refiere a la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. No es trivial enfatizar sobre lo sustantivo del cómo y para qué interactúan estos dos actores y sus efectos para la gobernabilidad del país. Por lo pronto se observa una relación disfuncional entre el Legislativo y Ejecutivo, lo que se ha traducido en enormes costos para la acción pública.

A mi parecer, con esta reforma política no se resuelve a cabalidad el tema de cómo equilibrar los poderes y facultades del Ejecutivo y el Legislativo, y este no es un problema menor, pues apunta a la enorme debilidad de la institución presidencial frente al Congreso y, sobre todo, intensifica la enorme dificultad del sistema político mexicano para tomar decisiones y emprender acciones. Hacer al gobierno más eficaz era el eje rector del enorme monstruo llamado “Reforma del Estado” y debería ser el espíritu de cualquier reforma encaminada a modificar el quehacer gubernamental.

La aprobación de la reelección de legisladores, la iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes y otras medidas incluidas en la reforma política que se aprobó el día de ayer en el Senado, son un paso adelante en la mejora del esquema de rendición de cuentas, en la apertura política hacia una mayor participación social y en la inclusión de nuevos actores en el contexto político. En mi opinión, si en la Cámara de Diputados se aprobara la reelección legislativa habríamos dado un salto cualitativo como país, esto por los incentivos positivos que se asocian a la misma: una mayor cercanía de los políticos con los ciudadanos y la profesionalización de los legisladores (mayor conocimiento y experiencia en los temas). Sin embargo, hay que aclarar que este mecanismo por sí solo, no generará en automático los beneficios referidos. Para ello, se requiere de la vigilancia y control activo de la ciudadanía.

Celebro la productividad legislativa a dos días de cerrar el periodo ordinario de sesiones y espero la aprobación de la reforma política en la Cámara de Diputados. Pero no puedo más que permanecer a la expectativa de cambios que promuevan una mayor eficacia gubernamental y, sobre todo, escéptica ante la incapacidad de nuestros políticos para ver más allá de sus propios intereses.