La reforma fiscal que no necesitamos

Es música para los oídos de las personas más ricas; su carta de navidad. Hace una semana, en Zacatecas, el senador de la República, Ricardo Monreal, presentó su proyecto de Reforma Fiscal. Este documento parece atender algunas inquietudes de las élites económicas, y les ofrece cumplir algunas de las demandas que formulan cada vez que se discuten cambios en el marco fiscal del país. Estas exigencias van desde incluir a las y los trabajadores informales dentro del sistema de recaudación de impuestos al ingreso, hasta permitir a las élites participar en la definición del destino de los recursos recaudados.

Hay que conceder que es una propuesta con objetivos bien definidos: desde la página uno se deja de lado la función redistributiva de la política fiscal y, se aclara, el fin explícito de la propuesta es el de aumentar la recaudación. No solo es una cuestión retórica: pocas de las propuestas concretas, divididas en las acciones posibles a nivel federal y local, hacen algo por disminuir la desigualdad. Cuatro puntos del documento nos llaman la atención por sus implicaciones sobre la justicia fiscal:

1. Una de las primeras propuestas de esta iniciativa es la de integrar a las trabajadoras y los trabajadores informales dentro de un esquema formalizado. Sin embargo, esta medida no generaría los recursos necesarios para financiar el desarrollo. Se ha demostrado que de cobrar el ISR a este segmento, la recaudación sólo aumentaría en un cuarto de punto del PIB. Esto sugiere que los bajos ingresos tributarios vía ISR no son responsabilidad de este grupo, por lo que habría que voltear a ver a otro lado. El SAT nos ofrece algunas pistas: la recaudación de ISR sobre grandes contribuyentes en el primer trimestre de este año ha crecido en casi 14% con respecto al mismo periodo del año anterior. Así, aunque la formalización del trabajo no debe ser vista con fines recaudatorios, desde una perspectiva de derechos humanos es deseable. Después de todo, es un modo de acercar a las y los trabajadores a algunos beneficios sociales, así como de aumentar su productividad.

2. Promover la recaudación a nivel local es fundamental para el país: recordemos que, en promedio, los estados obtienen el 90% de sus ingresos gracias a las transferencias que les otorga la federación. Sin embargo, el planteamiento de dar más atribuciones a los estados en materia de impuestos al consumo es problemática. El que las entidades puedan determinar sus tasas de impuestos al consumo podría llevarnos a lo que se conoce como carrera al abismo; el nombre que se le ha dado al fenómeno que ocurre cuando, de manera sucesiva, las unidades territoriales de un país comienzan a bajar sus impuestos para ser más competitivos con respecto a sus vecinos. Una muestra de lo que podría ocurrir sería cuando a nivel federal se delegó a los estados la decisión de cobrar o no el impuesto sobre la tenencia vehicular.

3. El cambio en el impuesto predial también es revelador de las intenciones de la iniciativa. Se propone que el 40% de lo recaudado por el impuesto predial se gaste en la comunidad donde reside el predio. En la práctica, este esquema funciona como un impuesto etiquetado en favor de las personas más ricas, lo que elimina la dimensión de solidaridad entre las y los habitantes de una misma ciudad. Además, los predios de las personas con mayores ingresos tienden a ser más caros que los de las personas con menos recursos. Dado que el monto a pagar del impuesto predial está en función del valor de la propiedad, quienes tienen más ingresos pagarán un predial más alto, y recibirán más y mejores servicios públicos. Este impuesto redistribuye, pero no precisamente en favor de quienes menos tienen.

4. El proyecto propone aumentar la base gravable del IVA al ajustar la canasta de bienes y servicios exentos de este impuesto. Esta propuesta debe ser vista con cautela ya que puede tener consecuencias distributivas importantes: nuevos impuestos al consumo sobre bienes de primera necesidad afectarán de manera desproporcionada a las personas con menos recursos. Previendo esto, en el proyecto del senador se propone compensar a las personas más afectadas por estas medidas a través de un programa de transferencias financiado con los recursos adicionales por IVA. Se nos dice que esta es una “nueva concepción de la política social”. En realidad, esta no es una idea nueva; de hecho, es una recomendación que hizo la OCDE a México desde principios de la década pasada. Más allá de la originalidad, en un estado con poca legitimidad, esta propuesta podría no ser bien recibida. En su momento estas iniciativas no prosperaron: recordemos que tanto Fox como Calderón enfrentaron protestas sociales cuando quisieron extender el IVA a alimentos y medicinas y eliminar la exención del IVA a las colegiaturas e hipotecas, respectivamente.

La propuesta de reforma fiscal que presentó Ricardo Monreal es preocupante, pues además de favorecer a las y los más ricos, perjudicará a las personas de bajos ingresos. Si realmente se quiere “gravar no solamente el ingreso corriente, sino la riqueza acumulada”, definitivamente la propuesta no sería la vía idónea. Como hemos señalado antes, la reforma fiscal que nuestro país necesita debe centrarse en poner fin a los privilegios fiscales, y gravar la riqueza y los ingresos de quienes más tienen.

* Emmanuel Ramírez es investigador en el programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico.