La protección a periodistas: entre la desmemoria y el desfondo

Hasta hace unos días, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo) resguardaba –a través de las distintas medidas– a 418 periodistas y sus familiares porque su vida estaba en riesgo como consecuencia del trabajo periodístico y que, por miedo legítimo, acudieron a esta instancia del Estado mexicano para solicitar protección. Las medidas de protección van desde la colocación de chapas en las puertas de sus casas, la transportación en vehículos blindados, pasando por botones de asistencia hasta la reubicación.

Hasta hace unos días, el Mecanismo dependía económicamente del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Fondo) que, junto con otros 108 fideicomisos, el Congreso aprobó extinguir. La última votación fue el 21 de octubre en el Senado, donde 65 legisladores votaron a favor de la eliminación de los fideicomisos –incluyendo el Fondo– para que el Ejecutivo atraiga los recursos y los pueda destinarlos a otros programas.

A la fecha, la organización Artículo 19 tenía documentado el asesinato de 135 comunicadores en México desde el año 2000. Aquí puedes conocer sus trabajos. Un número mayor al total de los Senadores que aprobaron la extinción del Fondo.

Hasta hace unos días, se creía que el presidente Andrés Manuel López Obrador, los diputados federales y los senadores no serían capaces de eliminar el Fondo. Éste era un fideicomiso que se nutría de recursos anuales asignados en el Presupuesto Federal, así como de otras aportaciones, para que el Mecanismo implementara medidas de protección a periodistas por la gravedad de la situación de violencia, intimidación y precarización que acecha a los reporteros del país.

El incremento de agresiones en contra de los periodistas no comenzó con este gobierno. Sin embargo, en lo que va de la actual administración, se ha registrado el asesinato de 15 periodistas. Éste era el escenario hasta hace unos días. Pero el problema de la violencia en contra de los periodistas viene de muchos días atrás; de años y lustros atrás.

La misma gravedad del problema ha llevado al Estado mexicano a implementar políticas públicas que abonen a una solución, o al menos a contener la violencia y salvar vidas. En los años que suma este siglo, el gobierno creó fiscalías que se encargarían de la investigación de los crímenes en contra de los comunicadores y posteriormente dio un paso hacia la prevención con la creación del Mecanismo.

Para comprender la gravedad de la extinción del Fondo habría que hacer un ejercicio de memoria y viajar a los días en los que justamente arreció la violencia en contra de los periodistas, sin que nadie haya podido frenarla. Nadie.

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A pocos meses de que terminara la administración del presidente Vicente Fox, el 15 de febrero de 2006, se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas, un órgano de la Procuraduría General de la República (la extinta PGR).

Desde 2002, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México había manifestado su preocupación en torno a las agresiones que vivían los periodistas en México, quienes denunciaban ataques y amenazas. El Relator Especial manifestó su preocupación porque tenían identificado que la mayoría de los periodistas que habían sido víctimas de ataques fueron quienes expresaron públicamente relaciones entre el narcotráfico con agentes oficiales y denunciaron abusos de poder de agentes del Estado.

La creación de esta fiscalía se da en medio de un caso trascendental sobre el ejercicio del periodismo y la violencia en contra de quienes ejercen el derecho a informar. Por esos días se difundieron las grabaciones de las conversaciones entre el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario Kamel Nacif. Durante el diálogo, estos hombres celebraban la detención ilegal y tortura en contra de la periodista Lydia Cacho, quien había publicado una potente investigación de pederastia que los involucraba.

De hecho, el eco del caso sobre la violencia en contra de Lydia Cacho está vigente. La periodista incluso vive en el exilio sin que el Estado mexicano haya hecho justicia.

Ese año, en 2006, asesinaron a diez periodistas en México.

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El tiempo pasó, pero los crímenes contra periodistas no disminuyeron. Por el contrario. Por eso, el 5 de junio de 2010, durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión. Mejor conocida como la FEADLE.

Con el nacimiento de la FEADLE se extinguía la anterior Fiscalía en la que, durante su periodo de existencia, se había registrado el asesinato de 54 periodistas. México se encontraba en plena guerra en contra de los grupos de la delincuencia organizada y la fallida estrategia de seguridad del gobierno de Calderón incrementó el número de casos de periodistas que les quitaron la vida.

A pocos días del nacimiento de la FEADLE, antes de que terminara junio, el periodista Juan Francisco Rodríguez Ríos y su esposa fueron asesinados en Guerrero. Su homicidio ocurrió el mismo día del asesinato del candidato a gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú. Como respuesta al atentando en contra del político, el presidente Calderón dio un mensaje donde refrendaba su lucha contra los grupos criminales. Sobre el homicidio del corresponsal del periódico El Sol de Acapulco no dijo una sola palabra.

El 7 y 8 de agosto de ese año, cientos de periodistas marcharon en varias ciudades de México en protesta por la violencia en contra del gremio. La manifestación más extensa fue la de Ciudad de México, esa tarde unas 2 mil personas, entre periodistas y ciudadanos, caminaron hasta las oficinas de la secretaría de Gobernación.

Los manifestantes gritaban la consigna “ni uno más” y entre sus exigencias al gobierno federal estaba garantizar la seguridad de los periodistas, además de terminar con la impunidad en los crímenes en contra de los compañeros.

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Ante el incremento de los ataques a la prensa y la presión de organismos internacionales y grupos de la Sociedad Civil en el país, el 25 de junio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Y con ella se creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

La Ley entendía como agresiones al “daño a la integridad física o psicológica, amenaza, hostigamiento o intimidación que por el ejercicio de su actividad sufran las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.

La violencia en contra de los periodistas incluso había llevado a algunas aseguradoras a negarles la contratación de un seguro de vida. Como es el caso denunciado por la Asociación de Periodistas en Ciudad Juárez, que en abril de 2012 dio a conocer este acto de discriminación que evidenciaba la vulnerabilidad de la vida de los periodistas en esa ciudad.

El Mecanismo, integrado por funcionarios públicos y ciudadanos, dictaría medidas de protección con el objetivo de “reducir al máximo la exposición al riesgo”. Éstas tendrían que ser “idóneas, eficaces y temporales”; individuales o colectivas y “acordes con las mejores metodologías, estándares internacionales y buenas prácticas”, según la propia Ley.

En los dos años posteriores a su creación, disminuyó el número de asesinatos a periodistas. Mientras que en 2012 se registraron siete homicidios; en 2013, cuatro casos y en 2014 cinco asesinatos.

Después de esos años, la violencia en contra del gremio repuntó.

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La discusión en torno a la desaparición de los fideicomisos estuvo envuelta por el manto polarizador que ha caracterizado a la opinión pública, debido al momento por el que atraviesa el país: una confrontación entre polos ideológicos. La crisis sanitaria y económica abrieron la ventana al gobierno federal y a los legisladores afines a López Obrador para que el Ejecutivo dispusiera de los recursos de los fideicomisos.

En el caso del Mecanismo, el histórico de las aportaciones anuales del gobierno federal al Fondo ha sido discrecional y depende de una estimación anual basada en el número de periodistas y defensores que en ese momento están bajo resguardo y del pronóstico de nuevas solicitudes para el siguiente ejercicio fiscal. En 2018, por ejemplo, el gobierno federal aportó 275 millones de pesos y se ejercieron 337 millones de pesos. Esta diferencia entre la aportación y el ejercicio se explica sencillamente: el Fondo contaba con recursos que en otros años no se había ejercido. Así el Fondo para la protección de periodistas en riesgo no estaba sujeto a la lógica presupuestaria anual.

Sin embargo, a partir de la votación del 21 de octubre, las cosas cambian: ahora el Fondo se nutrirá del presupuesto programado, discutido y aprobado cada diciembre. Es decir, estará sometido a las dinámicas políticas y coyunturales.

Hay que decirlo: el Mecanismo no desaparece, en materia presupuestaria quedará enraizado al andamiaje de la secretaría de Gobernación. Los funcionarios de esta dependencia ahora sumarán a sus tareas la búsqueda de una partida para la implementación de su gama de medidas de protección a periodistas y defensores de Derechos Humanos.

Ahora bien, la discusión no debe centrarse en cuánto nos cuesta salvaguardar la vida en riesgo de los periodistas, sino en las condiciones que ofrece el Estado mexicano para ejercer la Libertad de Expresión sin que ello provoque hostigamiento, amenazas, cause daño psicológico o devenga en la muerte.

De manera inevitable, la desaparición del Fondo tendrá implicaciones negativas para la protección de periodistas y defensores de Derechos Humanos vulnerables en un país como el nuestro. La Junta de Gobierno del Mecanismo prevé que las consecuencias del desfondo vayan desde el incremento de trámites administrativos hasta la pérdida de eficiencia en la implementación de las medidas ante situaciones de riesgo emergentes –las más graves–. Esto se debe a que habrá una nueva carga administrativa a proveedores que se traduce en la demora de pagos, por ejemplo. Además, los funcionarios deberán destinar tiempo ya no solo a la implementación de medidas de protección sino también sufrirán una mayor carga administrativa en sus tareas, propias de una burocracia.

El Mecanismo es una medida paliativa a la violencia porque hasta hace unos días el Estado todavía era incapaz de salvaguardar cabalmente la integridad y vida de los periodistas, pero al menos no estaba sujeta a disponibilidad presupuestaria. Ahora, los reporteros asediados y en riesgo dependerán de la disponibilidad de recursos, colocándolos en una situación de una latente desprotección mientras ejercen su labor: investigar y publicar informaciones de interés pública.

Hace unos días, después de la aprobación de la extinción de los fideicomisos públicos, en su conferencia matutina, López Obrador aseguró que el gobierno seguirá protegiendo a todos los periodistas y señaló que quienes se encuentren en riesgo seguirán recibiendo el apoyo del Ejecutivo, a través del Mecanismo. Esa fue su respuesta a una pregunta sobre este asunto.

La eficiencia de las medidas de protección a periodistas en riesgo bajo esta nueva modalidad de disponibilidad de recursos está por verse.

* Julio González (@Julioggd) es periodista y productor tapatío. Estudia la maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas en el CIDE. Es productor y reportero en el equipo de DDLD.