Redacción Animal Político · 27 de marzo de 2023
El 9 de febrero de 2023 un Tribunal de Apelaciones en Managua, Nicaragua, publicó una sentencia que ordenó la “deportación inmediata” de 222 presos políticos. En la resolución judicial, se acusaba a estas personas de “incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica”. 1 El amplio grupo de políticos, defensores y defensoras de derechos humanos, miembros de la iglesia y periodistas fue exiliado hacia los Estados Unidos, donde tienen la posibilidad de obtener un Permiso de Permanencia Temporal (o Humanitarian Parole) con una vigencia de dos años para vivir y trabajar ahí.
Ese mismo día, la Asamblea Nacional Nicaragüense, durante una sesión de emergencia, aprobó por unanimidad una reforma constitucional y una “Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense”, 2 mismas que facultan al Poder Judicial de dicho país para privar arbitrariamente de su nacionalidad a aquellas personas que sean declaradas como “traidores a la patria”. Prácticamente unos días después de su aprobación, la nueva normativa ya afectaba de forma directa a las más de doscientas personas que fueron expulsadas de su país, además de un segundo grupo de 94 personas, convirtiéndolos en apátridas.
Resulta innegable el matiz positivo de que más de doscientos presos políticos recuperen su libertad. Sin embargo, el exilio y la aprobación y aplicación de normas que permiten la privación arbitraria de la nacionalidad con base en delitos como terrorismo o traición a la patria son sumamente preocupantes.
Por una parte, conviene recordar que los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se han pronunciado en numerosas ocasiones en contra del uso y tipificación de esta clase de delitos. Se ha señalado que el “terrorismo” y la “traición a la patria” son expresiones de alcance indeterminado, es decir, no es fácil delimitar qué significa cometer estos delitos: ¿Basta con publicar una opinión negativa sobre tu país? ¿Proveer información confidencial a gobiernos extranjeros? ¿Apoyar a otra selección nacional de fútbol? Esta falta de claridad sobre su significado permite que todo y nada pueda ser considerado como traición y, por tanto, que la ley que los prevé pueda ser utilizada para perseguir a opositores políticos o “personas incómodas” para las autoridades.
Del otro lado está la pérdida de la nacionalidad con base en delitos poco claros y arbitrarios, así como la consecuente situación de apatridia en la que se encuentran muchas de las personas afectadas por estas decisiones del gobierno nicaragüense.
De acuerdo con las normas internacionales pertinentes, 3 ser apátrida significa que ningún país del mundo te reconoce como su nacional. A primera vista esta definición puede parecer muy simple; sin embargo, esa sencillez esconde las profundas repercusiones que la falta de una nacionalidad tiene en la vida de las personas, especialmente en lo que se refiere al goce efectivo de sus derechos.
Uno de los primeros y principales puntos es que la pérdida de la nacionalidad implica una afectación a los derechos a la identidad y personalidad jurídica. En este caso, una de las preocupaciones de las personas nicaragüenses perseguidas es la vigencia de sus pasaportes y la imposibilidad de volver a obtener, por ejemplo, copias de sus actas de nacimiento. Parte de las medidas adoptadas por las autoridades de ese país ha sido eliminar los folios del registro civil a su nombre. De cierta forma, para Nicaragua, es como si estas personas nunca hubieran existido legalmente.
Además de eso, todas estas personas enfrentan otro tipo de circunstancias como la necesidad de resolver su situación migratoria en los países en los que se encuentran y la latente imposibilidad de obtener atención médica, ir a la escuela, trabajar, abrir una cuenta de banco, entre un largo etcétera.
Ahora, ¿cómo se resuelve una situación de apatridia? Dependiendo del país, algunas de sus consecuencias se pueden resolver a través del reconocimiento de la condición de refugiado o del reconocimiento como apátrida. En México, cualquiera de estos dos procedimientos otorga a las personas la posibilidad de obtener una tarjeta de Residente Permanente. Este documento migratorio es fundamental para buscar trabajo y acceder a ciertos derechos y servicios, pero definitivamente no cubre todas las necesidades ni subsana en su totalidad la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra una persona apátrida.
La única solución integral y permanente es la recuperación de la nacionalidad original o la obtención de una nueva por vía de naturalización. Es por eso que, al ejecutarse las decisiones del gobierno de Nicaragua, algunos países ofrecieron a las personas afectadas el acceso a sus nacionalidades.
En México, un par de semanas después de ocurridos estos hechos, el presidente López Obrador ofreció asilo político y la opción de obtener la nacionalidad mexicana a las víctimas de estas decisiones. Asimismo, declaró una política de puertas abiertas para las y los perseguidos por las autoridades de dicho país.
Estas declaraciones son de suma relevancia para la protección y vigencia de derechos de este grupo. Sin embargo, sigue siendo un tema pendiente la forma en que se implementará la opción de naturalización. Actualmente, la Ley de Nacionalidad no prevé como supuesto de naturalización la condición de apatridia. Y no sólo eso, sino que establece algunos requisitos que pueden ser inalcanzables y desproporcionados para una persona que se encuentra en este escenario, como lo es la presentación de documentos de identidad, por ejemplo un pasaporte vigente o, incluso, acreditar un periodo de residencia en México que puede ir desde los 2 hasta los 5 años.
Para ofrecer alternativas de protección efectivas ante la apatridia, para este y cualquier otro caso futuro, resulta indispensable que las normas mexicanas se adecuen a los estándares internacionales en materia de derecho a la nacionalidad. Indiscutiblemente, la respuesta inmediata a la apatridia debe ser la naturalización. Y este procedimiento debe flexibilizar sus requisitos a fin de hacerlo accesible.
En nuestro país, en este mismo momento, hay personas apátridas de origen nicaragüense que han enfrentado persecución y amenazas contra su vida por parte de sus gobiernos desde hace muchos años. Ahora, la privación de su nacionalidad las coloca de nuevo en una situación de vulnerabilidad grave. Asimismo, hay muchas otras que, si bien no han sido afectadas aún, saben que es cuestión de tiempo antes de que se vean apátridas también. Todas y todos agradecen la disposición del gobierno mexicano, pero necesitan respuestas: si la ley no les permite obtener la nacionalidad mexicana, ¿qué va a pasar con ellas?
* Daniela Reyes Rodríguez (@DanielaRRod) es defensora de derechos humanos y Coordinadora del Programa Pro Bono en Greenberg Traurig México.
1 BBC News Mundo, “Nicaragua libera a 222 opositores presos, los deporta a EE.UU. y les quita la nacionalidad” 9 de febrero de 2023, disponible aquí.
2 Normas Jurídicas de Nicaragua. Ley No. 1145, “Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense” aprobada el 9 de febrero de 2023. Disponible aquí.
3 Convención sobre el Estatuto de los Apátridas. Artículo 1.1 Adoptada el 28 de septiembre de 1954. Disponible aquí.