La prisión como una barrera para las redes sociales y comunitarias

Cuando se piensa en los efectos de la privación de la libertad de una persona, regularmente el enfoque es de carácter individual. Los modelos de reinserción al interior de los centros penitenciarios, y cuando es el caso de que exista una oferta de programas de reinserción post penal, los esfuerzos se concentran exclusivamente en que la persona deje de delinquir.

Lo anterior deja de lado las consecuencias negativas que la cárcel tiene en las redes sociales y comunitarias, que por diversos motivos ven cómo gradualmente estas se trastocan, particularmente en el caso de las mujeres. Tal es el caso de Valentina, quien relata que “lo peor que le puede ocurrir a alguien es perder su libertad”. Ella estuvo privada de la libertad cuatro años en un centro estatal de Morelos en los cuales uno de los aspectos más difíciles que vivió estando en prisión fue estar lejos de su familia, especialmente de sus hijos. “Todo el tiempo pensaba ‘¿qué estarán haciendo mis hijos?, ¿habrán comido hoy?, ¿estarán bien?”. Dado que su familia también vivía en el estado de Morelos, todos los fines de semana contaba con la visita familiar de su mamá y sus hijos, “quienes eran su fortaleza”.

Esta es una realidad que no todas las personas privadas de libertad viven.  De manera distinta al caso de Valentina, no todas las personas privadas de la libertad reciben visitas familiares. Según datos de la ENPOL 2021, solo el 55% de las mujeres privadas de la libertad reciben visitas familiares. Así ocurrió con María, quien fue trasladada a un centro lejano de su lugar de origen: “cuando fui trasladada al otro centro, al entrar me dijeron ¿quién te va a venir a ver?, nadie, no voy a arriesgar a mis hijos a que vengan y aparte no hay dinero como para que pudieran viajar”. Ella era el principal soporte económico de su familia, por lo que prefería que el poco dinero que se hacía trabajando en el penal, fuera para sus hijos y no para cubrir el gasto que le representaban sus visitas.

Pareciera que este caso ilustra el de muchas personas que están privadas de la libertad que no reciben visitas de sus familiares por falta de recursos económicos y por las largas distancias en las que se encuentra el centro penitenciario de sus comunidades. Tan solo en el caso de Oaxaca detectamos que de las personas que se encuentran privadas de la libertad solo el 17.6% de las visitas familiares o de amigos son de la misma ciudad o localidad (ENPOL, 2021) Esto es tan solo un ejemplo de algunos elementos que  abonan al rompimiento de la red familiar y comunitaria de las personas en prisión.

Los datos nos muestran que esto afecta a lo establecido al artículo 18 constitucional el cual apunta que las personas sentenciadas “en los casos y condiciones que establezca la ley podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social” (CEPUM, 2021).

La prisión empobrece y precariza a las familias. Específicamente en el tema de las visitas a los centros, hay a quienes les puede tomar hasta tres o cuatro meses para juntar el dinero necesario para cubrir el transporte, hospedaje y alimentos. A esto se suma los otros gastos que realizan para llevar a su familiar comida, ropa y de los insumos más básicos, como artículos de higiene y aseo personal. Es impensable que estas necesidades deban ser cubiertas por las familiares y no por el mismo centro penitenciario.

Esto es relevante ya que la familia constituye la principal red de apoyo para las personas que están o estuvieron privadas de la libertad. Entre los principales hallazgos que desde CEA Justicia Social hemos encontrado durante el tiempo que llevamos trabajando en el tema de reinserción es que la familia constituye un núcleo duro de sentido; para muchos se  vuelve la principal motivación cuando se está privado de la libertad. La familia es el lugar al que las personas añoran volver una vez que recuperan su libertad.

También las familias de quienes entran en contacto con el sistema penal reciben rechazo de distintos actores, entre ellos, vecinas y vecinos de la propia comunidad. El padre de Alejandro, un joven de 21 años privado de la libertad, compartió: “nuestra familia nuclear nos dio la espalda” cuando se enteraron de que su hijo había “caído” en la cárcel. Frente a las dificultades que representaba para ellos el viaje para irlo a visitar, la ausencia de programas estatales que les brindaran algún tipo de apoyo, y el rechazo de sus otros familiares y vecinos, les hizo tomar la decisión de vender lo poco que tenían y mudarse junto con sus otros hijos a la ciudad en donde se encontraba Alejandro.

Esto nos da cuenta de cómo la comunidad también juega un papel fundamental en el proceso de la privación de la libertad y después en el de la reinserción social, en el regreso a casa. El rechazo, el estigma y la discriminación son factores que determinan que las personas puedan decidir no volver a sus hogares. Por ejemplo, en el caso de las mujeres privadas de la libertad, de acuerdo con la ENPOL 2021 el 22.8% que refirieron no tener un lugar donde vivir al término de su sentencia ya que manifiestan no querer afectar a su familia.

Sobre esto María relató:  “El integrarme me costó muchísimo, pero de verdad, fue integrarme a mi familia, entender que no venía a hacer lo que quería, que había que acoplarme a ellos porque pues ellos de una u otra manera habrían salido adelante solos, a pesar de que mandaba dinero, no es lo mismo cuando no estás”.

Volver a la comunidad es mucho más que regresar a un espacio físico específico; implica también volver a las relaciones y vínculos afectivos (Villagra, 2010). Por lo tanto, es preciso aceptar que la prisión afecta mucho más que a las historias individuales; tiene efectos en la vida familiar y comunitaria. Es por esto que pensar en procesos de reinserción principalmente post penales, requiere considerar el involucramiento de  las familias y las comunidades que se ven afectadas ya sea por la pérdida de vínculos afectivos, por la situación económica e incluso por el rechazo social. Retomar la vida fuera de prisión requiere de una adecuada política pública de reinserción post penal que se construya de manera participativa con las familias y la comunidad.

* Este artículo forma parte del ejercicio que realizaron Data Cívica, Intersecta, CEA Justicia y Animal Político en #DatosParaLaLibertad para revisar los resultados de la #Enpol 2021.

 

 

Bibliografía

Villagra, C. (2010). Bases teóricas para la construcción del programa Volver a Confiar. En Aguilar, et al. Volver a confiar. Caminos para la integración post carcelaria (pp. 31-51). CESC-Universidad de Chile. Santiago, Chile. Disponible aquí.