La presencia de la Guardia Nacional en el Metro, sin fundamento y sin transparencia

La forma y velocidad con que el Estado mexicano ha transferido a las fuerzas armadas el control de la seguridad pública, de tareas de orden civil y de espacios públicos, es alarmante. Desde 2006 los recursos de estas han crecido exponencialmente, además les han transferido más de 227 funciones de secretarías y dependencias federales. En la Ciudad de México la Marina controla ya el aeropuerto de la ciudad, y a partir del 12 de enero de 2023 el gobierno capitalino le abrió paso franco a la militarizada Guardia Nacional (GN) en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que efectúe labores de seguridad.

Desde 2011 Amnistía Internacional se ha dirigido a las autoridades para exigir –con argumentos sólidos, que se sustentan en el derecho internacional de los derechos humanos– una adecuada estrategia de seguridad en México y que esta salvaguarde los derechos humanos. Lo hicimos durante el gobierno del presidente Felipe Calderón y con la administración de Enrique Peña Nieto. Lo seguimos haciendo con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que acrecentó e institucionalizó la militarización de la seguridad pública contraviniendo las leyes mexicanas y los compromisos adquiridos a nivel internacional.

El jueves 12 de enero de 2023 la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, anunció, durante la conferencia matutina presidencial, el ingreso de la GN al METRO para realizar labores de seguridad. Esto, luego del trágico accidente ocurrido el sábado 7 de enero entre las estaciones Potrero y la Raza, en el que lamentablemente murió una joven mujer y 59 personas más resultaron heridas.

Sheinbaum explicó que solicitó al Ejecutivo federal “la presencia de la GN en el Metro” la tarde del martes 10 de enero. En menos de 24 horas, 6 mil 60 elementos de dicha corporación empezaron a tomar posiciones en la red de transporte colectivo. Justificó su decisión porque en los últimos meses han ocurrido “episodios (…) fuera de lo normal” y precisó que el día del accidente hubo otro problema en la línea 3 y el domingo 8, uno más en la línea 8 y otro el miércoles 11 en la línea 5.

¿Qué base legal avala la presencia de la Guardia Nacional en el Metro?

Una decisión de tal magnitud ameritaba información clara y detallada sobre la forma en que se adoptó. Sin embargo, la proporcionada por la Jefa de Gobierno quedó muy por debajo del umbral de la transparencia. No se sabe, por ejemplo, si mínimamente informó al Congreso local de la intervención de la GN en el Metro y, en este sentido también llama la atención que no ha habido ninguna declaración pública del legislativo al respecto.

Tampoco se realizó consulta alguna con Organizaciones de la Sociedad Civil, que en México son muy nutridas, participativas y diversas, y menos aún con las personas trabajadoras del Sistema de Transporte Colectivo, principales involucradas en el buen funcionamiento del mismo.

El que la GN haga labores de vigilancia en el Metro se contrapone con la sentencia sobre el caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México, de 2018, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), de acuerdo con la cual “el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles”. Cabe subrayar que esta sentencia deriva de las violaciones a derechos humanos que cometieron elementos de las fuerzas armadas mexicanas contra personas en nuestro país.

Tampoco se sabe cuánto tiempo durará la intervención de la GN en el Metro. Sheinbaum se limitó a decir que sería “por lo pronto durante algunos meses”, sin dar mayores detalles.

Sobre este punto, la referida sentencia de la CoIDH establece cuatro principios por los cuales las fuerzas militares pueden intervenir en tareas del orden público. Para efectos del párrafo anterior pongo énfasis en el que señala que ésta debe ser extraordinaria, es decir su intervención puede darse en casos excepcionales, pero ésta debe ser temporal y “restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso”. A todas luces nada de esto quedó precisado en el dicho de la Jefa de Gobierno.

Al momento de escribir el presente texto la autoridad no ha informado cuál es el marco legal y administrativo que ampara la intervención de la GN en el Metro, mucho menos sabemos qué mecanismos de fiscalización rigen el trabajo de los elementos de la GN y en ese sentido qué ordenamiento les permite tomar fotografías de las personas usuarias y, más aún, por qué hay elementos que realizan labores de vigilancia sin uniforme que los identifique y que han sido señalados como “usuarios simulados” o “infiltrados”.

Desde Amnistía Internacional hemos insistido en que la GN no está facultada para participar en la investigación de delitos, y mucho menos pueden actuar como auxiliares del Ministerio Público pues esto contraviene otro de los principios de la multicitada sentencia de la CoIDH. De acuerdo con ésta una eventual participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública debe ser subordinada y complementaria “a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial”.

¿Es necesaria la presencia de la Guardia Nacional en el Metro?

De acuerdo con el Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, la seguridad en el mismo corresponde a la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, a la Policía Bancaria e Industrial y la Policía Auxiliar del Estado de México, bajo la coordinación de la Gerencia de Seguridad Institucional.

Estas corporaciones tienen entre sus funciones –destaco en negritas algunas que son relevantes para el caso–  “integrar, procesar, administrar, sistematizar y evaluar (…) los incidentes que se susciten en materia de seguridad; (…) coordinar la ejecución de (…) recorridos y guardias permanentes en estaciones, edificios y talleres del organismo; (…) “señalar a los infractores que sean sorprendidos en flagrancia ante los cuerpos policiales correspondientes”, y éstos los podrán remitir a las autoridades competentes para las sanciones que correspondan.

La Gerencia de Seguridad puede realizar investigaciones administrativas para esclarecer “las pérdidas o daños a los bienes del Sistema” e “implementar dispositivos y estrategias conjuntas orientadas a prevenir y erradicar la comisión de actos delictivos dentro de las instalaciones del Sistema”.

Entonces ¿por qué si el Metro cuenta con la instancia para atender los problemas de seguridad esa responsabilidad se traslada a la GN? ¿Por qué no se fortaleció en todo caso a dicha Gerencia, así como a los cuerpos policiacos que coordina? Es un hecho que hay opacidad en la decisión adoptada por la jefa de Gobierno, por lo que ha generado más dudas que certezas.

Más aún, no se sabe si los elementos de la GN están subordinados a las autoridades civiles encargadas de la seguridad en ese sistema de transporte, y tampoco conocemos qué mecanismos existen para denunciar las violaciones a los derechos humanos que puedan cometer los elementos de esa corporación.

Las cifras, punto neurálgico

Por lo pronto, la llegada de la GN al METRO no ha contribuido a hacer eficiente el servicio pues los accidentes continuaron. El domingo 15 de enero en el marco de la apertura parcial de la Línea 12, se registró un desprendimiento de vagones en la estación Polanco y en la estación Bellas Artes ocurrió una explosión, al parecer por un corto circuito, misma que generó una gran cantidad de humo. El 23 de enero un corto circuito en la estación Barranca del Muerto causó la intoxicación de al menos 30 personas.

En este contexto, conviene recuperar el pormenorizado análisis que publicó Animal Político titulado Presupuesto y gasto en el Metro: por qué Sheinbaum dice que subió y qué muestran las cifras. El reportaje analiza las cifras presentadas por la Jefa de Gobierno en la conferencia de medios del 12 de enero y advierte sus errores. Por ejemplo: la gráfica presentada por la funcionaria “compara cifras de presupuesto aprobado para 2022 y 2023, con cifras del presupuesto ejercido entre 2017 y 2021, dos categorías distintas del gasto”.

Otro aspecto importante que destaca el análisis de Animal Político es que la gráfica referida no toma en cuenta la inflación, lo que “afecta la comparación de datos”. En el reportaje se incluye también una gráfica en la que, al comparar en términos reales el presupuesto aprobado en el 2023 (18 mil 847 mdp) con el presupuesto aprobado en el último año de la administración anterior (22 mil 882 mdp), se observa una reducción de 17.6 %.

México Evalúa publicó también un análisis titulado Remediar la obsolescencia del Metro no es prioridad. Éste y el de Animal Político arrojan luz sobre el tema presupuestal en torno al cual hay mucho mar de fondo, lo que lleva a inferir que las fallas en el sistema de transporte colectivo Metro radican más en aspectos presupuestarios y de infraestructura que de otra índole.

Con la llegada de la GN al Metro éste ha dejado de ser el tradicional sitio de encuentro de cientos de miles de personas. Ahora, la permanencia en los andenes está caracterizada por la intimidación, la tensión, la sospecha y el riesgo latente de sufrir una detención indebida.

El Estado mexicano no puede ni debe resolver los problemas de seguridad del país bajo el criterio de que para todo mal están la militarizada Guardia Nacional y las fuerzas armadas. Desde Amnistía Internacional reiteramos la urgente necesidad de contar con una estrategia de prevención de la seguridad pública y con un plan que permita traspasar las tareas de seguridad pública a las corporaciones policiacas civiles.

Es imprescindible invertir recursos en personal, equipamiento, infraestructura y capacitación de las policías civiles para que éstas asuman su tarea. No debemos normalizar la presencia de las fuerzas armadas en actividades que corresponden eminentemente a personal civil. ¡Eso no lo podemos permitir! por eso seguiremos insistiendo en que #LaMilitarizaciónNoEsLaSolución.

* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México @amnistiamexico.