blogeditor · 13 de junio de 2014
En septiembre de este año se realizará la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En dicha Conferencia, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentará el estudio Los pueblos indígenas en América Latina: avances en el último decenio y retos para el respeto de sus derechos.
En las reuniones preparatorias para la Conferencia Mundial realizadas el mes pasado, la CEPAL presentó un avance sobre el mencionado estudio, con datos duros basados en censos que evidencian la eficacia o ineficacia de los Estados para garantizar los derechos de los pueblos indígenas en la región.
El primer dato del estudio es contundente: América Latina posee una enorme diversidad cultural, con al menos 45 millones de personas indígenas pertenecientes a 811 pueblos. Hasta 2010 se habían contabilizado en México casi 17 millones de personas que se auto identificaban como indígenas, es decir el 15% de la población total. Este porcentaje va en claro aumento. La tasa de crecimiento de población indígena en México es la más alta de América Latina, con un 10.7% de incremento entre los años 2000 y 2010[1]. Este dato debe prender un foco rojo en la cabeza de Rosario Robles, ya que los municipios con mayor proporción de población indígena son también los que presentan mayor marginación y más bajos índices de desarrollo humano.

En el mismo estudio, la CEPAL hace un mapeo sobre pueblos indígenas con conflictos relacionados con la explotación demineras e hidrocarburos.
Los conflictos existentes en todo el continente tienen denominadores comunes y son:
A) Conflictos por el inadecuado o inexistente resguardo jurídico de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, aguas, recursos naturales, biodiversidad y territorialidad.
B) Conflictos por afectación de lugares sagrados de los pueblos indígenas.
C) Conflictos en relación con deficientes o inexistentes evaluaciones independientes de los impactos ambientales, sociales, económicos y territoriales de los proyectos extractivos.
D) Conflictos por el incumplimiento del deber estatal de consultar con los pueblos indígenas y adoptar las medidas necesarias para proteger sus derechos antes de otorgar concesiones o autorizar la ejecución de proyectos extractivos
E) Conflictos por la exclusión de los pueblos indígenas de la participación en los beneficios derivados de la explotación de recursos de sus territorios.
F) Conflictos por la criminalización de la protesta social indígena ante proyectos de inversión que afectan sus derechos y territorios
Hasta el momento México ha enfrentado los conflictos en los territorios indígenas con políticas asistencialistas, enfocadas a reducir la pobreza, pero no la desigualdad. A Rosario Robles le preocupa que la población indígena se incremente porque crecerá la pobreza y aumentará la población inconforme con las concesiones millonarias para “proyectos de desarrollo”.
Pero a diferencia de lo que piensa Rosario, la solución no está en disminuir la población indígena y limitar a las mujeres para que tengan como máximo tres hijos. No habrá despensas ni cruzadas que alcancen para resolver los conflictos en los pueblos indígenas porque el problema no es sólo de pobreza sino de dignidad. Los conflictos no cesarán hasta que el gobierno federal no se decida a respetar de manera integral los derechos de los pueblos indígenas, a hacerlos participes de los beneficios de los proyectos de desarrollo que se instalen, a transparentar las cifras sobre la producción y explotación de sus recursos y sus impactos ambientales, a consultar a los pueblos y a respetar sus decisiones… en pocas palabras a tratar a los indígenas como iguales, como socios y no como mano de obra barata.
En el debate de las leyes secundarias sobre la reforma energética nada se ha dicho sobre consultar y obtener el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas, con libertad e información, antes de aprobar concesiones que afecten sus tierras, territorios y otros patrimonios naturales. Si no se integran los derechos de los pueblos indígenas, estas leyes serán inconstitucionales y seguirán perpetrando la desigualdad.
[1] Tasa de crecimiento poblacional intercensal, promedio anual.