La policía militar, al quite

Dicen que la propuesta de ley de seguridad interior no incrementará sino reducirá el despliegue militar en tareas de seguridad pública. Dicen que, ahora sí, con un marco jurídico adecuado los tiempos de intervención militar estarán delimitados. Y mientras oímos eso fluye la evidencia empírica que demuestra, por un lado, la reversión de la depuración de las instituciones policiales estatales y municipales y, por el otro, el incremento exponencial de policías militares, ya formados en tareas precisamente de seguridad pública. Si los militares se irán de las tareas de seguridad pública, como defienden algunos promotores de esa ley, entonces por qué se les habilita cada vez más para las mismas.

Los hechos hablan más que las palabras. El reemplazo en curso de la policial civil por la militar no es una hipótesis. Aquí los datos.

El 10 de octubre de 2016 se publicó en La Jornada la siguiente información:

“Ante la falta de certeza sobre el tiempo que continuarán los militares cumpliendo labores de seguridad pública, el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, puso en marcha un proyecto para que la Policía Militar (PM) asuma un papel predominante en el apoyo a los estados y a la Federación. En los tres años de la presente administración el número de policías militares creció más de 230 por ciento, al pasar de 6 mil 145 elementos (325 mujeres) en 2012 a 14 mil 319 (739 mujeres) al mes de septiembre de 2016. En respuesta a una solicitud de información, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) indicó que actualmente mil 824 policías militares están desplegados en los estados de Durango, Nuevo León y Michoacán, en ‘‘apoyo a la estructura de la seguridad pública’’. Es decir, casi 10 por ciento de los elementos que conforman dicha agrupación. Además, por primera vez, el Heroico Colegio Militar imparte la especialización de Policía Militar a sus cadetes, con lo que prácticamente el mando la ubicó como un ‘arma’ más.

“Se informó asimismo que gracias a la participación de la Policía Militar en labores de seguridad pública en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, se puso en marcha un novedoso esquema de participación pública y privada para la construcción de cuarteles para esos elementos, los cuales desempeñarán labores de seguridad pública en esas entidades. En esa ocasión, se dijo que este nuevo esquema incluye participación pública y privada; en febrero pasado fueron inauguradas instalaciones para la Policía Militar en el municipio de Escobedo, Nuevo León, las cuales tuvieron un costo aproximado de 500 millones de pesos, bajo un esquema de inversión similar.

“Las instalaciones castrenses tienen en común el que están diseñadas para atender las necesidades de tres estados cada una. En el primer caso, para Coahuila, Chihuahua y Durango; en el segundo, para combatir la violencia e inseguridad en Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. En razón de lo anterior, la Sedena inició en la presente administración un proyecto de profesionalización, adiestramiento y equipamiento de los policías militares, los cuales recibieron capacitación especializada en materia policiaca y respeto a los derechos humanos. La idea, explicaron mandos castrenses, es sacar de los operativos de seguridad pública a elementos de élite (paracaidistas y fuerzas especiales) y a otros agrupamientos (personal de artillería, blindados, caballería e ingenieros zapadores) para que retomen su adiestramiento enfocado a lo que es su labor principal: la seguridad exterior y la defensa de la soberanía nacional.

“Hasta el sexenio anterior, la Policía Militar desempeñaba un papel de bajo perfil en la Secretaría de la Defensa Nacional; sus elementos se encargaban de la vigilancia de las instalaciones castrenses y estratégicas (energéticas, nucleares, etcétera), así como de mantener el orden interno en cuarteles, prisiones y unidades habitacionales militares”.

Por otro lado, el pasado 17 de enero supimos por una nota en Animal Político que el proceso de depuración de las corporaciones policiacas en los estados y municipios está en retroceso. En 15 estados del país ha crecido el número de agentes que reprobó las pruebas de control de confianza. De noviembre de 2015 al mismo mes de 2016 creció por igual el número de policías estatales y municipales reprobados que siguen en activo. Son ya 25 mil aproximadamente, todo según la misma nota. Hay casos extremos, como el de Michoacán, donde la suma de policías no aprobados, más los que no han actualizado sus pruebas, resulta en ochenta por ciento del total. En Sinaloa reprobó la mitad de los policías municipales y el cuarenta por ciento de los estatales. En Nayarit y Baja California Sur, entre 2015 y 2016 el porcentaje de policías municipales reprobados pasó de 37 a 42. De 29 a 31 por ciento en el caso de Guerrero. En Veracruz, Baja California Sur y Nayarit la proporción de policías estatales reprobados en activo oscila entre 20 y 30 por ciento. En Nuevo León la proporción saltó del 1 al 5 por ciento. En el balance nacional, en 15 de las 32 entidades federativas del país ha crecido el número de policías estatales no confiables en servicio.

Depuración policial civil en reversa en la mitad del país, al menos, y despliegue policial militar en crecimiento exponencial. Ahí están los datos. Con hechos, más que con palabras, debemos ponderar la propuesta de creación de la ley de seguridad interior. Con hechos, en un contexto de dos décadas donde la promesa de profesionalización policial civil se desmorona día a día. La policía militar, al quite.

@ErnestoLPV