¿La policía civil tiene los días contados?

Entregar la función policial a las Fuerzas Armadas no está en la Constitución, no está en ningún instrumento jurídico internacional signado por México y no está en las leyes. Es una ruta política sin asidero en el sistema normativo vigente y a pesar de ello hay evidencia suficiente para pensar que esta vía podría ya ser irreversible.

El 14 de noviembre el periódico Reforma informó que ocho nuevos gobernadores de Morena colocaron a militares al frente de la seguridad pública. El mismo día, El Universal, citando el recién publicado Inventario Nacional de lo Militarizado del CIDE, reportó que “127 funciones y 85 mil millones de pesos en presupuestos han pasado del poder civil al poder militar”.

Por su parte, un reportaje publicado en la misma fecha en El País, titulado La Policía de México: víctimas y culpables de un sistema podrido, recogió voces de personas que están o estuvieron al frente de instituciones policiales municipales (con resultados positivos documentados) y de especialistas que han estudiado a la policía y apoyado intentos de reformas por décadas. El texto enseña que la policía está diseñada para repetir “un eterno círculo vicioso” que la descompone, de manera que el sistema político manipula, destruye y abandona a la policía y, cuando llegan los liderazgos que la mejoran, no es más que un puñado de casos que tampoco han logrado el apoyo precisamente político suficiente para asegurar la sostenibilidad de los cambios.

México Evalúa encontró que “En el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2022… se dirige un mayor gasto hacia la Guardia Nacional, mientras se estancan las transferencias federales de seguridad pública y se esfuman, por segundo año consecutivo, los fondos especiales para los municipios más inseguros del país”.

En su libro Policías autoritarias en democracia, Yanilda María González nos de algunas claves fundamentales para explicar todo esto. Su tesis principal es que la policía se quedó atrás en las transiciones democrática porque no tenemos consensos políticos y sociales a favor de la reforma democrática de las políticas e instituciones de seguridad –aquí la autora explica su libro con toda claridad.

No creemos en instituciones de seguridad democráticas, para decirlo de manera sencilla. Por eso no construimos policías profesionales controladas por la ley y por la gente a la que deben servir. En cambio, la mayoría cree en la seguridad en formato de mano dura, esperando que la fuerza del Estado nos regrese la paz; por eso la intervención militar representa una promesa popular, a su vez soportada en el valor de la disciplina.

El espejismo discursivo es claro. Habrá seguridad con los militares porque la disciplina nos da “mandos honestos, íntegros e incorruptibles”, en palabras de López Obrador. En realidad, no hay evidencia de que las fuerzas armada sean incorruptibles, pero es lo de menos. Tampoco hay evidencia de que la militarización de la seguridad y en particular de la policía, por sí misma, en efecto construye comunidades seguras, pero también es irrelevante.

Lo relevante es que la nuestra es una cultura política mayoritariamente autoritaria y eso conecta la percepción respecto al valor de la disciplina militar con la promesa de la seguridad. Y con la promesa basta.

Bajo esta narrativa hegemónica, el golpe a la policía avanza fulminante porque los gobiernos renuncian progresivamente a su apoyo, habiendo asumido que si la apoyan serán percibidos como débiles; en cambio, si se suman a la vía militar jugarán del lado correcto a favor de la fuerza.

Bajo esta ruta, los días de las instituciones policiales civiles están contados.

@ErnestoLPV