La población pobre sí puede contribuir a salir de su pobreza

La tesis de que las personas en pobreza tienen capacidad de producir y contribuir a la reducción o incluso superación de esa condición no es una idea descabellada o romántica, es algo ya puesto en práctica con éxito desde la plataforma de las políticas públicas en países como Brasil, Chile y Perú.

Por ello, y dados los limitados resultados de la política social en México registrados en las décadas recientes, ha llegado la hora de establecer una nueva estrategia que propicie la articulación efectiva de los programas de combate a la pobreza con los destinados al fomento productivo.

El reto resulta especialmente enfático para la población rural, y por ello cabe ponderar el hecho de que en su paso de Oportunidades a PROSPERA, este programa, que es el principal de la política social mexicana, haya incorporado en fase piloto al Programa Territorios Productivos (PTP), destinado al medio rural.

En México los programas más destacados para enfrentar la pobreza son los que se pusieron en marcha a partir de finales de los años 80’s –cuando la pauperización en el país alcanzó un punto alarmante, en el marco de los primeros saldos de la década perdida y de los ajustes estructurales implementados entonces-. Estamos hablando por supuesto de Pronasol (1989-97), Progresa (1997-2002) y Oportunidades (2002-14). Pero en todo este tiempo el abatimiento de la pobreza ha resultado muy limitado en términos generales y de plano hemos retrocedido en el ámbito rural.

En 1992, 53.1% de los mexicanos vivían en condición de pobreza patrimonial –insuficiencia para adquirir la canasta básica alimentaria, así como servicios de salud, educación, vestido y vivienda-, mientras que en 2012 el porcentaje era casi igual, de 52.3%, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Para el medio rural, estas cifras son significativas: en 2012, el 61.6% de la población vivía en condiciones de pobreza, y 21.5% en pobreza extrema (esto es 25 y 16 puntos porcentuales arriba respecto de la incidencia en el ámbito urbano). Y en ese mismo año 31% (13.6 millones de personas) de la población rural tenía carencias de acceso a la alimentación, 12 puntos porcentuales más en comparación con el medio urbano. Esto es muy similar a lo que ocurría en 1992, cuando la pobreza alimentaria afectaba a 34% (11.7 millones de personas) de la población rural.

Recordemos que el debate de articular la política social con la productiva hizo que en 2002, durante el gobierno de Vicente Fox, se pusiera en marcha el programa Oportunidades Productivas, en clara alusión a una posible vinculación con el Programa Oportunidades.

[contextly_sidebar id=”dqGL81R0yuuPOFXBNR2Au1L32rdA39x9″]De hecho, la estrategia Contigo en ese sexenio incluía entre sus ejes el de “Generación de oportunidades”, que buscaba promover la creación de más fuentes de empleo e ingreso por medio de obra pública y apoyo a proyectos productivos. Sin embargo, no se establecieron obligaciones claras de vinculación; un año más tarde el programa se transformó en Opciones Productivas (OP), y en medio de la intención política de poner frenos al corporativismo rural priista (o sea el voto verde), el programa fue orientado más bien a fortalecer a las nacientes huestes campesinas panistas –que se multiplicaron pronto- y no se le ligó a los beneficiarios de los programas anti-pobreza, particularmente Oportunidades. No hubo por tanto la articulación deseada.

Ahora parece que las cosas pueden ser diferentes. En declaraciones recientes (en una entrevista que le realizó Rimisp), la coordinadora nacional de PROSPERA, Paula Hernández, afirmó que el nuevo enfoque de este programa “rompe con el mito de que las familias pobres sólo pueden vivir de subsidios”, y el PTP es fundamental para contribuir a que PROSPERA logre su objetivo de “articular y coordinar la oferta de programas y acciones de política social relacionadas con el fomento productivo, generación de ingresos, bienestar económico, inclusión social financiera y laboral, educación, alimentación y salud (…)”.

El PTP inició en etapa piloto en enero de 2015 y está orientado a hogares beneficiarios de PROSPERA que habitan en municipios donde está presente la Cruzada Nacional Contra el Hambre y donde la pequeña agricultura es una actividad importante. Se prevé que este año beneficiará a diez mil unidades productivas en cinco estados de la República (Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Estado de México), y se enfocará a articular, con una visión territorial, apoyos productivos disponibles en diversas dependencias del gobierno federal que están etiquetados precisamente para población pobre. PROSPERA ha reconocido que, por diversas razones, la población pobre no ha accedido históricamente a esos recursos en la magnitud que debería o lo hace de manera parcial y fragmentada y con resultados poco eficientes en cuanto a mejora de su producción agrícola y no agrícola, y de su capacidad de autoabasto alimentario.

Las posibilidades de que el PTP incida en términos productivos y económicos sobre la población beneficiaria de PROSPERA son altas, y se espera como resultado que la población pobre inserta en el PTP comience a remontar su pobreza, y que haya una incidencia en los indicadores del sector agropecuario, hoy tan de capa caída. Para muestra un botón: entre 1980 y 2010 el valor agregado en el sector agrícola de México aumentó sólo 52%, mientras que en Brasil se elevó en 3.8 veces, en Chile en 2.6 y en China en tres veces.

Cabe destacar que en México hay 2.7 millones de unidades de producción de hasta cinco hectáreas y con actividad agropecuaria y forestal que trabajan 5.4 millones de hectáreas (8% del total nacional); en otras 944 mil unidades de entre cinco y 20 hectáreas se producen 9.7 millones de hectáreas (14% del nacional). Así, con el 22% de la superficie agropecuaria y forestal total, los pequeños productores y campesinos emplean casi el 85% del trabajo contratado en este sector y 88% del familiar. Estos productores entonces tienen un peso fundamental en los indicadores sectoriales.

 

* Gerardo Franco Parrillat es representante en México de Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.