“Lo peor para un policía es un jefe político”

En el 2016 me tocó ver, una vez más, la destrucción política de la seguridad en el contexto de los cambios de gobierno. Me refiero a decisiones políticas a cargo de nuevos gobiernos que revirtieron logros de gobiernos salientes a favor de la seguridad de la gente. En un cuarto de siglo lo he visto en los tres órdenes de gobierno. Por eso en un foro hace poco afirmé que en ocasiones ya no estamos luchando por conseguir algún éxito en estos temas, sino por impedir que destruyan lo que logramos. Igual en este año que cierra nuevamente pude confirmar, como tantas veces antes, la manera como los gobiernos que enfrentan las peores circunstancias de inseguridad suelen ser los primeros en negar siquiera la exploración de posibles mejoras profundas de sus políticas públicas, aparatos institucionales y prácticas.

México se encuentra en el peor de los mundos en materia de seguridad; no solo se trata de confirmar año tras año que el sistema político casi nunca produce soluciones, además vemos su potencia destructiva cuando las mejoras llegan.

Véase el caso de los homicidios intencionales. Desde 1992 hasta 2007 ese fenómeno de violencia extrema bajó de 20 a 8 homicidios por cada 100 mil habitantes, para luego subir hasta 24 en el 2011. La curva bajó nuevamente por dos años y ahora está una vez más en franco ascenso. Las proyecciones indican que en el 2017 se llegará a una tasa casi igual a la de 2011. La misma fuente informa que en 23 de las 32 entidades federativas el homicidio creció en el 2016 con respecto al año anterior.

México triplicó sus homicidios violentos en cuatro años (2007-2011). Al cierre del próximo año podríamos estar diciendo lo mismo relacionando la década 2007-2017. En el país se ha instalado una epidemia de homicidios, según clasifica la Organización Mundial de la Salud. Pero detrás hay otra “epidemia”, ésta de corte político y consiste en la repetición masiva y crónica de una actitud destructiva a cargo de la inmensa mayoría de los gobiernos, quienes hicieron, hacen y todo indica que harán lo necesario para impedir la construcción de soluciones sostenibles para construir comunidades seguras y no violentas. Aquí un estudio comparado regional sobre iniciativas de reducción de homicidios que no encontró casos evaluados en México.

Tal vez si lo escribimos de otra manera lo podemos entender mejor: luego de 20 años de funcionar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, habiéndose celebrado 41 sesiones de su órgano superior de gobierno donde se reúnen todos los gobernadores y el Presidente de la República, no hay documento oficial que presente iniciativa alguna de reducción de homicidios, sometida a evaluación de impacto.

Lo dicho: estamos ante la destrucción política de la seguridad. El reporte internacional citado sí encontró al menos un caso de reducción de homicidios en nuestro país (Ciudad Juárez 2010-2012), pero no encuentra que haya sido evaluado: “ni se realizó una línea base al inicio ni se ha llevado a cabo una evaluación de impacto con un mínimo de rigor, que pueda permitir medir con exactitud el efecto del proyecto”, afirman los autores.

Es como si un equipo de investigadores encontrara la cura de algún cáncer y decidiera mejor no documentar cómo lo logró. Los gobiernos en México casi nunca producen soluciones para contener la violencia y cuando sí lo hacen no lo evalúan, destruyendo así la posible derrama de aprendizaje formal colectivo.

Es cierto, cada vez hay más iniciativas a favor de la profesionalización de las políticas públicas de seguridad desde la academia, la sociedad civil organizada y la asistencia técnica internacional, oficial e independiente. Pero esas iniciativas enfrentan casi siempre la resistencia política por todo el país. Escucho a sus promotores, foro tras foro, repetir el mismo lamento: los gobiernos casi nunca están dispuestos a invertir lo necesario a favor de la seguridad de los gobernados.

Cuesta mucho aceptarlo pero estamos ante la destrucción política de la seguridad. Es un problema de incentivos. Los gobiernos están alineados hacia su propia reproducción, antes que a la seguridad de los gobernados. La seguridad no llega porque no está la voluntad política real que la haga posible. La seguridad no llega porque los gobiernos y los partidos políticos pueden seguir en el poder aún sin dar buenas cuentas respecto a ella. Y no llegará si los incentivos políticos no cambian. Si se pueden triplicar los homicidios y los presidentes Calderón y Peña Nieto pueden decir que lo hicieron y lo hacen bien sin mayor costo, lo de menos para ellos será la epidemia de la violencia homicida.

“La peor tragedia de un policía es tener como jefe a un político”, repiten los policías. Visto desde el lente de la violencia parece igual: acaso la peor tragedia para un gobernado es tener a un político en el gobierno.

@ErnestoLPV