blogeditor · 10 de febrero de 2014
En Japón, al igual que en Estados Unidos y China —las tres economías más grandes del mundo—, se aplica la pena de muerte. Sólo en 2013 se ejecutó a 8 condenados y 130 están en espera de ser ahorcados, según los informes del Ministerio de Justicia de Japón.
La horca es el único método permitido para ajusticiar a un condenado a muerte desde 1879, cuando se creó el primer código penal “moderno” como parte de las reformas a fines del siglo XIX. En ese código (adoptando en varios aspectos el modelo francés y reemplazando casi por completo el chino), por primera vez se eliminan las formas crueles y medievales de condena que persistieron durante la época feudal: decapitados, quemados vivos –en el caso de provocar un incendio–, hervidos en agua, desmembrados, crucificados, orden de suicidio, entre las principales.
En 1947, tras la derrota y la ocupación americana, Japón adopta una nueva constitución y también un nuevo Código Penal (Keihô), vigente a la fecha con mínimas reformas. El apartado sobre el castigo con la pena de muerte se mantuvo intacto salvo en los artículos referentes al Emperador y su familia, que fueron abolidos.
La pena de muerte se aplica a 17 delitos considerados como más graves: homicidio, robo que cause la muerte, robo con violación que cause la muerte, incendio provocado en edificios residenciales o que contengan gente, ser el cabecilla de un motín, incitación a la guerra exterior o asistencia al enemigo y otros delitos que causen la muerte de la víctima. Pero en la práctica la mayoría de los condenados han sido por casos de homicidio múltiple y robo con homicidio.
El ministro de justicia tiene la última palabra en todos los casos de pena capital una vez que firma y coloca su sello en la orden de ejecución. La ley establece que ésta debe realizarse dentro de los seis meses posteriores a la sentencia pero en la práctica, como en muchos países que la aplican, no es así. Por ejemplo, está el caso (denunciado por Amnistía Internacional en 2013) de un anciano japonés de 80 años condenado a muerte que lleva más de 40 años en espera de su ejecución.
[contextly_sidebar id=”5ff8a87afcaf7971813691b860a2e983″]Hay en todo Japón sólo siete centros donde están recluidos los condenados a muerte. Permanecen aislados, con visitas muy limitadas de familiares y abogados y en compañía de un guardia. Japón ejerce “el principio de reserva” en la pena capital, es decir, la fecha de la ejecución se mantiene en absoluto secreto y a los presos se les notifica su muerte el mismo día en que van a ser ahorcados, lo mismo a sus familiares. Esta es una de las prácticas que ha sido severamente criticada por quienes están contra la pena de muerte dentro y fuera de Japón. La prensa no tiene acceso y solo los guardias están presentes. Desde 1998 el Ministerio de Justicia comenzó a informar públicamente los nombres y los delitos de los condenados, pero solo después de su ejecución.
Prácticamente el gobierno no hace declaraciones sobre el tema. Sin embargo, históricamente el Partido Liberal Democrático, que ha estado en el poder casi sin interrupción desde 1955, la ha apoyado. Y aunque el Partido Democrático de Japón se ha sumado a las voces de abolición, no ha sido suficiente su postura, ni mucho menos consistente, pues incluso se realizaron ejecuciones en el corto periodo que estuvo en el poder. En 2012 bajo el mandato de Yoshihiki Noda se ejecutó a 7 condenados.
Resulta interesante señalar que el gobierno japonés realiza sondeos de opinión pública sobre la pena de muerte desde 1956 y cada cinco años desde 1989, a través de la Oficina del Gabinete. Los resultados son públicos. En la primera encuesta, el apoyo fue de 65 por ciento frente a 18 por ciento en contra. A la fecha han aplicado 9 encuestas, en todas la opinión a favor ha crecido y nunca ha estado abajo del 50 por ciento. El apoyo más bajo, 57 por ciento, fue en la encuesta de 1975.
Estos sondeos han sido uno de los argumentos para mantenerla, según declaraciones de legisladores, de jueces, de abogados, de especialistas y de ministros cada vez que se lee un cuestionamiento en la prensa o se registra alguna protesta de los activistas pro-abolicionistas, nacionales o internacionales.
La última encuesta registrada es de diciembre de 2009, con el Partido Democrático en el poder. Participaron 100 personas, 45 hombres y 55 mujeres, entre 20 y 80 años. A la pregunta “¿con cuál de las siguientes opiniones sobre la pena de muerte está de acuerdo?” 1. La pena de muerte debe abolirse bajo todas los casos: el 5.7 por ciento estuvo de acuerdo. 2. La pena de muerte es inevitable en ciertos casos: el 85.6 por ciento respondió que sí. 3. No supo: el 8.6 por ciento.
Pero llaman la atención otras respuestas. Por ejemplo, sobre “si ha asistido a algún juicio o desea asistir”: el 87.1 respondió que no. A la pregunta “en caso de abolirse la pena de muerte, debe de ser inmediatamente o gradualmente”: el 63.1 por ciento dijo que gradualmente, y el 35.1 por ciento que inmediatamente. Al cuestionamiento sobre “si opina que serios crímenes aumentarían si la pena de muerte es abolida”: el 62.3 por ciento afirmó que incrementarían, el 9.6 por ciento que no y el 28 por ciento no supo.
También vale la pena señalar cuáles son las razones de quienes están a favor o en contra. “La pena de muerte es inevitable”. 1. Quienes han cometido serios crímenes deben compensarlo dando su vida: 53.2 por ciento opinó así. 2. La pena de muerte es necesaria teniendo en cuenta el sufrimiento de las víctimas: 54.1 por ciento lo apoyó. 3. Abolir la pena de muerte incrementaría los crímenes serios: 51.5 lo afirmó. 4. Quienes han cometido un crimen pueden repetir similares si se les mantiene vivos: 41.7 por ciento lo aseguró.
“Apoyan la abolición de la pena de muerte”. 1. Matar a un ser humano es inhumano y salvaje, incluso si esta es una pena legal: 30.6 opinó así. 2. A pesar del Estado, no se puede justificar matar a un ser humano: 42.3 por ciento lo señaló. 3. Un error judicial no puede revertirse después de una ejecución: 43.2 por cierto opinó. 4. Incluso quien ha cometido un serio crimen puede ser rehabilitado: 18.9 por cierto lo pensó. 5. Los crímenes graves no se incrementarían si la pena de muerte es abolida: 29.7 por cierto lo afirmó. 6. Los delincuentes deben mantenerse vivos para pagar por sus crímenes: el 55.9 lo apoyó.
Japón se mantiene como una de las naciones más seguras del mundo. La tasa de homicidios en 2012, según informes de Naciones Unidas, fue de O.4 por ciento, (506 por cada 100 mil habitantes), frente a 4.7 por ciento en Estados Unidos (14,612 por cada 100 mil habitantes) y 1 por ciento en China (13,410 por cada 100 mil habitantes).
A principios de enero de 2014, la Agencia Nacional de Policía publicó su informe en el que se registra 1 millón 320 mil 748 delitos cometidos, entre los cuales 939 corresponden a homicidios o intentos de homicidio en 2013. (El gobierno suma por igual asesinatos e intentos de asesinato). Señaló que se registraron 8.8 por ciento menos homicidios que el año anterior y que fue la primera vez que este delito cayó por debajo del número 1000 desde la posguerra. Pero a pesar del bajo índice de homicidios, el tema de la pena de muerte y su abolición no parece estar en la agenda del gobierno ni tampoco en las demandas de la sociedad.
La Federación Japonesa de Asociaciones de Abogados, que es una de las organizaciones más activas en pedir un debate nacional para abolir la pena de muerte, exige, incluso directamente al Partido Liberal Democrático, que cesen las ejecuciones y se informe a la sociedad sobre la pena de muerte. Pero a pesar de apoyarse en las resoluciones de Naciones Unidas, el gobierno japonés se ha mantenido al margen de una discusión nacional. El actual primer ministro, Shinzo Abe, declaró que es un tema absolutamente doméstico.
Los activistas internacionales y nacionales como Amnistía Internacional, Federación Internacional de Derechos Humanos, The Death Penalty Project, Centre for Prisioners’ Rights Japan, entre otros, que piden la abolición de la pena de muerte en Japón, denuncian en sus informes que las encuestas no reflejan el sentimiento de toda la sociedad y que no son suficiente para mantener la pena de muerte, pues son sondeos que salen de las mismas oficinas del gobierno y carecen de asesoramiento externo e imparcial.
Otro argumento que utilizan los activistas es la violación a los derechos humanos con la horca como método de ejecución, pues aseguran que contraviene el artículo 36 constitucional que a la letra dice: “la práctica de la tortura por parte de un funcionario público y los castigos crueles están absolutamente prohibidos”.
La horca, afirman, no provoca la muerte inmediata y los médicos certifican que transcurren por lo menos 15 minutos antes de que quede completamente inconsciente el ejecutado. Es decir, para los activistas “se inflige un sufrimiento innecesario”. Pero la Suprema Corte, desde 1961, reiteró que la horca como método de ejecución “no constituía un castigo cruel e inusual y tampoco contravenía la Constitución”.
A pesar del entusiasmo y trabajo de los activistas contra la pena de muerte en Japón, no parece haber una respuesta ciudadana que apoye la abolición. El sentir de una sociedad que se caracteriza por cumplir las reglas es el de castigar a quienes han cometido sobre todo graves crímenes. Hay muchos casos en los que los familiares de las víctimas piden la pena de muerte, como el que cubrió mucho la prensa entre 2007 y 2008, en el que una mujer en Nagoya juntó más de 300,000 firmas para pedir la pena capital a los asesinos de su hijo. E incluso los padres de dos de los asesinos se sumaron a la petición ante la Corte.
Parece lejano el debate nacional sobre la pena de muerte y estéril su abolición cuando también, por ejemplo, entre los condenados aún no ejecutados, se encuentra el líder de la secta que atacó con gas sarín el metro de Tokio en 1995, donde murieron 13 personas y cerca de 5,500 resultaron heridas. El líder es uno de los 130 que esperan ser ejecutados. Fue sentenciado en 2004 y la ejecución que se esperaba en 2012 fue pospuesta al ser arrestados otros miembros de su secta.
Si volvemos a los números del sondeo gubernamental de 1994, antes del ataque con gas sarín en el metro, 74 por ciento apoya la pena de muerte frente a 14 por ciento que no. 5 años después, en la encuesta de 1999, 79 por ciento la avala y 9 por ciento no. Y si se revisan las declaraciones, documentadas en la prensa, de varios de los familiares de las víctimas que han asistido a los juicios contra el líder y demás miembros de la secta, se confirma que lo que esperan es su muerte inmediata.