La paz de los ausentes

Desde 2017, año en que Quirino Ordaz asumió la gubernatura de Sinaloa, los homicidios dolosos en el estado muestran una clara tendencia a la baja: pasaron de un promedio de 4.29 por día a 2.15 en lo que va de 2020.

Con esos datos y el incremento de la violencia en otros estados, Sinaloa mejoró sustancialmente su posición relativa en el país en cuanto a delitos de alto impacto. De continuar así, Sinaloa tendría 26 homicidios por cada cien mil habitantes en 2020, la tasa más baja desde el año 2007. Se habla, incluso, de la “pacificación” de Sinaloa.

Yo tengo mis reservas. La experiencia nos ha enseñado a los sinaloenses que buena parte de la tranquilidad que en ciertas épocas vive nuestro estado se debe a la pax narca y no a la construcción de mejores capacidades institucionales de seguridad y justicia; es decir, a que el cártel local se encuentra en paz hacia adentro (entre facciones o familias) y hacia afuera (con otros cárteles y con el gobierno en turno).

A veces el arreglo narcopolítico es un secreto a voces, como lo fue durante los sexenios de Juan S. Millán y Mario López Valdez, durante los cuales el finado comandante Jesús Antonio Aguilar “Chuy Toño”, junto a otros personajes, garantizaban los intereses en pugna; y a veces parece ser más bien un equilibrio tácito que puede debilitarse y hasta romperse con sucesos extraordinarios como el “Culiacanazo” el pasado 17 de octubre o la detención de Alfredo Beltrán Leyva en 2008.

Pero independientemente de las tensiones y colusiones de poder entre el crimen organizado y las autoridades, el negocio ilegal del narcotráfico y sus diversificaciones (robo de autos, lavado de dinero, entre otros) debe mantenerse. Y la violencia, aunque sea de menor impacto, es necesaria para lograrlo.

Digo esto porque reducir la “pacificación” de Sinaloa al éxito en la reducción de los homicidios dolosos es, por lo menos, un asunto cuestionable si miramos a los que nadie quiere ver: los desaparecidos.

De acuerdo con un análisis de Noroeste realizado con datos de la Fiscalía estatal, en Sinaloa las denuncias por desaparición de personas no han dejado de crecer desde hace más de una década pero muestran un crecimiento mucho más acelerado a partir de 2017, año que se presentaron 1,063 denuncias contra 748 de 2016 para un crecimiento de 42%. En 2018 se registraron 1,211 y en 2019 fueron 1,319.

 

Si comparamos los promedios diarios de homicidios y desaparecidos vemos que las curvas se cruzan: en 2019 tuvimos 3.61 desaparecidos y 2.56 homicidios por día. A mayo de 2020 el conteo indica 2.15 homicidios y 2.66 desaparecidos por día, pero es lógico pensar que con la cuarentena y el cierre de oficinas de gobierno, el número de denuncias por desaparición de personas se haya visto afectado a la baja.

 

En Sinaloa el cártel aprende rápido y evoluciona en sus métodos violentos. Estamos cambiando los “encobijados” por fosas clandestinas. Los cenotafios repletos de globos metálicos en los camellones de la ciudad por cruces modestas en algún terreno de la periferia. Las tumbas juveniles en los panteones por la zozobra permanente de familias enteras.

Eso dicen los datos duros y lo corrobora la innegable realidad de los colectivos de madres “rastreadoras” que de manera cotidiana nos reportan sus hallazgos de cuerpos y osamentas a los medios. A veces, apenas de restos orgánicos cuya identificación por ADN en los laboratorios sirve para darle verdad y un poco de sosiego a quienes buscan y, muy ocasionalmente, encuentran a los suyos.

Apenas ayer, el colectivo de buscadoras Sabuesos Guerreras estimó en casi 14 mil las personas que permanecen desaparecidas en Sinaloa. La Fiscalía local reconoce poco más de cuatro mil.

He escuchado más de una vez que esta otra violencia, la de los desaparecidos que no son nota (al menos no como los asesinatos), nos “conviene” más que la anterior. Nos conviene, insisten, porque no ahuyenta inversiones ni provoca warnings estadunidenses para evitar viajar a Sinaloa. Al final, la cifra de desaparecidos no pesa en las mediciones académico-políticas como pesa la tasa de homicidio.

Entiendo el argumento pero no coincido. La herida abierta de verdad y justicia que representa una persona desaparecida hace un daño profundo y sostenido en el tejido social. Un daño que no hemos medido y de cuyo impacto futuro como comunidad no tenemos la menor idea. Pero algo me dice que lo pagaremos caro.

Acumular desaparecidos cuyos rostros pintan los murales de diversas calles de Culiacán solo sirve para incubar la indignación y la necesidad legítima de una justicia que nunca llega para sus familias.

Urge que el gobierno de Sinaloa encabezado por Quirino Ordaz dedique recursos más allá de migajas presupuestales. Que la Fiscalía del Estado de Juan José Ríos Estavillo (anteriormente titular de la CEDH) desarrolle capacidades técnicas precisas para la búsqueda y la procuración de justicia en este tema. Pero, sobre todo, urge que los desaparecidos sean prioridad de la política pública en Sinaloa y en el resto del país.

Mientras no sea así, seguiremos celebrando la paz de los ausentes.

@AdrianLopezMX