La pandemia que se llevó a los vecinos

La Coalición Internacional para el Hábitat (HIC) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sacaron recientemente su informe “Sondeo sobre la situación de las personas que residían en viviendas rentadas, hipotecadas o prestadas en la CDMX antes y durante la pandemia”. Si bien las afectaciones habitacionales durante la contingencia no son exclusivas de la capital federal, el documento nos refleja el recrudecimiento de un contexto ya preocupante desde antes de marzo del 2020. Desde 2003 el Relator especial de las Naciones Unidas para el derecho a la vivienda había externado su alarma por la cifra de tres desalojos diarios que había en Ciudad de México por aquellos años. El paro económico generado por el COVID-19 y la ausencia total de una política pública para evitar desalojos masivos generó aún mayores efectos en la habitabilidad.

De acuerdo con el estudio de HIC y la UNAM, el 32% de las personas que participaron tuvo que cambiar de domicilio debido a los problemas que enfrentó para seguir pagando la renta. De estas personas, 22.3% se mudó al Estado de México y un 20.8% a otra entidad del país, abandonando el área metropolitana de la capital federal.

Otro 59% de las personas se tuvo que mudar, pero lo hizo dentro de Ciudad de México. Sin embargo, aunque no abandonó la entidad, la totalidad de ese 59% reportó una disminución en el acceso a servicios en su nuevo domicilio.

También, el documento afirma que antes de la pandemia el 34% de las personas encuestadas no contaban con un contrato de arrendamiento por escrito, cifra que se elevó al 54% en la actualidad. Estos datos sobre Ciudad de México producidos por HIC y la UNAM se dan en un contexto en el cual, de acuerdo con datos del INEGI de 2015, el 58% de los arrendamientos de todo el país no contaban con un contrato escrito.

No es mi intención hacer una síntesis exhaustiva de este documento de HIC y la UNAM, el cual puede ser consultado de forma gratuita por internet. Pero sí creo que estos datos obtenidos son un buen diagnóstico que confirma lo que organizaciones, activistas, personas académicas, colectivos vecinales y otras voces hemos señalado desde el 2020: la pandemia es también una crisis de vivienda y como tal debe ser atendida con esa perspectiva.

Alarma que, a diferencia de países como Canadá, Argentina, Sudáfrica, Malasia, Austria, Estados Unidos, Colombia, Nigeria, Italia, España, Alemania o Australia, en México ninguna autoridad federal o estatal -con la gran excepción del Infonavit- adoptó alguna medida para prevenir y mitigar los desalojos que inevitablemente iba a generar la crisis de salubridad. Los resultados no son azarosos sino en parte productos de omisiones estatales. La cantidad de vidas afectadas pudo ser menor.

Pero preocupa también que en México nos cueste entender esta situación como un asunto de derechos humanos. Las crisis de viviendas son sufridas por decenas de miles, pero pocas veces las entendemos como un asunto de derechos exigible a los poderes políticos. Las violaciones al derecho a la vivienda en México tienen especial relación con los problemas ambientales, de género, de desigualdad y de violencia, por lo que no son asuntos exclusivamente patrimoniales o de relaciones entre particulares. La diáspora del COVID-19 no debe ser vista como solo un producto de la suerte individual. Por justicia a aquellos desalojados en esta pandemia, debemos asumir este tema como un compromiso político.

@kalycho