La otra decena trágica

Diez años de violaciones masivas y graves contra los derechos humanos en nuestro país. Habla el informe recién publicado denominado Atrocidades Innegables, Confrontando Crímenes de Lesa Humanidad en México:

“Asesinatos, torturas y desapariciones perpetradas tanto por los cárteles como por las fuerzas federales (que supuestamente debían luchar contra éstos) persisten en el presente. Desde diciembre de 2006 hasta el final de 2015, más de 150,000 personas fueron asesinadas intencionalmente en México. Miles de personas han desaparecido. Existen fundamentos razonables para considerar que existen actores tanto estatales como no estatales que han cometido crímenes de lesa humanidad en México. Es precisamente esta noción de “fundamento razonable” el estándar empleado por el fiscal de la Corte Penal Internacional para determinar si debe actuarse e iniciarse una investigación. El objetivo de este informe no es que se inicie una intervención de la Corte Penal Internacional en México, sino que los autores de estos crímenes atroces puedan ser enjuiciados con todo el peso de la ley, independientemente de su origen, en su propia jurisdicción. Esto es especialmente importante si se considera que esta violencia es perpetrada por las fuerzas de seguridad del Estado cuyo deber es combatir el delito, no cometerlo.

“La posibilidad de establecer responsabilidades ante la Corte Penal Internacional no deja de ser una opción si México sistemáticamente sigue sin procesar y enjuiciar crímenes atroces. Sin embargo, un mejor resultado lo constituye la posibilidad de que el gobierno mexicano se proponga, por cuenta propia, procesar las causas, independientemente de que los autores sean actores del gobierno o grupos delictivos. Si bien es cierto que de acuerdo con el derecho internacional, México tiene la obligación primaria de investigar y enjuiciar los crímenes atroces, responsabilidad confirmada en virtud de la ratificación del gobierno mexicano del Estatuto de Roma en 2005, también lo es que la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, nunca podrá igualar las ventajas de proximidad, la amplitud de las investigaciones o el impacto perdurable sobre el desarrollo del estado de derecho que pueden brindar los procedimientos internos.

“Gobiernos mexicanos consecutivos han fracasado consecutivamente a la hora de establecer las responsabilidades por las atrocidades cometidas por actores federales y estatales, o el crimen organizado. El obstruccionismo político –iniciado por la negación del gobierno respecto a la magnitud y naturaleza del problema- es el motivo fundamental de este fracaso.

“Los datos sobre los delitos y la justicia en México destacan por su precariedad y poca fiabilidad y existe un sesgo hacia la infraestimación [sic] de la magnitud y la gravedad de las atrocidades. Sin embargo, incluso con base en los datos parcialmente disponibles, resulta indudable que las atrocidades son un fenómeno generalizado en México.

“La intensidad y los patrones de la violencia cometida desde diciembre de 2006 constituyen pruebas fehacientes de que los asesinatos, desapariciones, forzadas y torturas perpetradas tanto por actores gubernamentales federales, como por miembros del cártel de los Zetas, son considerados como crímenes de lesa humanidad. Este análisis concluye que la situación legal en México satisface la definición legal de crímenes de lesa humanidad establecida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (suscrito por México imidesde enero de 2006), así como en la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional y otros tribunales internacionales… p. 16

“Para demostrar voluntad política y generar verdaderas esperanzas de poner fin a la continuada crisis de atrocidades e impunidad, México está obligado a tomar decisiones valientes. Uno de los aspectos clave debe ser la creación de una entidad de investigación internacional, con sede en México, que tenga el poder de investigar y procesar de manera independiente en materia de crímenes atroces y casos de gran corrupción”. Hasta aquí la extensa cita del reporte.

¿Es posible implementar esta propuesta? Sin la menor duda. Sólo hay que mirar tantito al sur. Guatemala cuenta con la Comisión Internacional contra la Impunidad, creada con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas. Y contra todos los pronósticos, es ahora un ejemplo mundial de combate a la impunidad al más alto nivel político, como lo enseña este reporte. Quiero pensar que para nosotros es sólo cuestión de tiempo. Quiero pensar que las víctimas aún tienen esperanza.

@ErnestoLPV