La nueva estrategia contra la 'ideología de género'

Carlos Leal, Lorenia Montaño Ruiz, Elsa Mendez, Rosa Adriana Díaz Lezama, Luz Vera Díaz y Gustavo Macías Zambrano. Todos esos nombres se han vuelto claves para la agenda conservadora al interior de los congresos de Nuevo León, Baja California Sur, Querétaro, Yucatán, Tlaxcala y Jalisco. Cuentan con la simpatía de grupos como el Frente Nacional por la Familia, cuya cruzada contra la “ideología de género” ha pasado de una estrategia meramente defensiva (impedir reformas a favor de las mujeres, la comunidad LGBT+ y otros) a una más proactiva (impulsar cambios legislativos para garantizar la supervivencia de sus discursos). Estamos ante un silencioso proceso de backlash. Y los poderes legislativos locales son unos de sus principales escenarios.

La diputada Díaz Lezama ha destacado en la esfera pública de Yucatán por su cercanía con el Frente Nacional por la Familia y la Red Pro Yucatán (colectivo también de derecha católica). No es de extrañarse que la legisladora panista haya liderado en 2019 la oposición contra de la iniciativa para permitir el matrimonio igualitario. Tampoco que sea autora de la recientemente aprobada y publicada Ley de Protección a la Maternidad y la Infancia Temprana del Estado de Yucatán, la cual desde su origen levantó grandes críticas por parte de agrupaciones feministas y de derechos humanos.

Por ejemplo, la organización Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el crecimiento personal (UNASSE) acusó que la ley tenía como objetivo estigmatizar, presionar y vigilar a las mujeres que estuviesen considerando interrumpir su embarazo. Si bien la iniciativa sufrió muchos cambios y el resultado final supera gran parte de sus puntos más preocupantes, conserva otros que continúan siendo objeto de debate. Uno de ellos es la creación de la Red de Apoyo a Mujeres Embarazadas que reunirá “a las organizaciones públicas y privadas para que brinden asesorías y apoyo a las mujeres, para superar cualquier conflicto que se les presente durante el embarazo” (artículo 9). Hasta ahora, no se han definido los requisitos y criterios para seleccionar a las organizaciones que formarían parte de esa Red.

La Ley tampoco menciona en ningún momento la posibilidad de interrumpir el embarazo, a pesar de que en Yucatán existen cinco causales de despenalización. Por el contrario, en su exposición de motivos señala que uno de sus objetivos es resguardar “la vida del niño en gestación hasta la infancia temprana”. Además, su artículo 11 plantea que las autoridades estatales brindarán apoyo técnico y cooperación directa a organizaciones que tengan por objeto “la protección del embarazo” y la “promoción de la adopción”. No así para las que promuevan la maternidad deseada.

La Ley de Protección a la Maternidad de Yucatán es junto con el “PIN Parental” un ejemplo de las nuevas estrategias para impedir el reconocimiento de derechos, o bien establecer obstáculos indirectos para la efectividad de los ya alcanzados. A grupos como el Frente Nacional por la Familia cada vez les importa menos el reflector mediático y han optado cada vez más por trabajar en silencio. En parte para evitar confrontaciones mediáticas, en parte porque han visto que con el avance de ciertos derechos (en mayor o menor medida dependiendo del estado) los colectivos y organizaciones de derechos humanos han descuidado los congresos locales. Y así, entre la celebración de victorias hemos dejado de escuchar su silencioso, pero decidido andar entre los pasillos legislativos.

@kalycho