La necesidad de transparentar a las instituciones de seguridad

En las últimas semanas se ha presentado el debate sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de nuestras autoridades. La reciente inhabilitación del consejo del INAI debido a la omisión en la elección de comisionados por parte del Senado es un riesgo para que la opacidad y la corrupción se continúen arraigando en muchas de las áreas del gobierno. Debemos de recordar que el acceso a la información pública y un gobierno abierto son componentes centrales del desarrollo democrático de una sociedad, por lo cual resulta indispensable que se garantice el derecho a la información.

Ejercicios como el Censo Nacional de Gobierno Federal 2022, publicado por el INEGI, sirven como referente de transparencia para que la ciudadanía conozca aspectos fundamentales de la administración pública federal como lo son el número de personal, presupuestos, y acciones de control interno y anticorrupción. Por tal motivo, en las siguientes líneas se analizan algunos de los resultados del Censo enfocados principalmente a la información que brindan las instituciones de seguridad a nivel federal.

En cuestión del número de personal que labora en la administración pública federal, al cierre del de 2021, las instituciones federales reportaron 1,569,047 servidoras y servidores públicos. De acuerdo al Censo, el personal dedicado a funciones de seguridad nacional tuvo un decremento de 33.9 % de 2020 al 2021, pasando de 7,141 a 4,721, mientras que se incrementaron en 12.8% los miembros dedicados a funciones de seguridad pública de 32,313 a 36.449, siendo en su mayoría hombres, los que efectúan dichas actividades a nivel federal. Dentro de estas cifras existen algunas inconsistencias que resultan incomprensibles, ya que la Secretaría de la Defensa Nacional tan solo reportó que cuenta con 2,056 miembros; la Secretaría de Marina 1,745; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 1,569 y la Guardia Nacional 21,942. Estas cifras no concuerdan con lo reportado en las conferencias de prensa matutinas, por ejemplo, en el primer informe de seguridad de 2022, las autoridades reportaron que, hasta diciembre de 2021, la GN contaba con 104,496 miembros. Resulta indispensable conocer cuáles son los criterios para reportar tan solo una parte de los miembros de la institución o a qué se deben estas discrepancias en las cifras, ya que instancias como la Secretaría de Salud y de Educación Pública reportan el total de sus funcionarios.

Los presupuestos y su destino es otros de los rubros que resultan indispensables para la transparencia y la rendición de cuentas. En este sentido el Censo planteó que la asignación de recursos a la administración federal durante 2021, fue de 4 billones 1,411 millones de pesos. De ese total, el 35 % se destinó a funciones vinculadas con combustibles y energía, mientras que la función de seguridad nacional acaparó el 4.5 % del presupuesto, la seguridad pública el 0.9 % y el arte y la cultura tan solo 0.4 %. Esta situación de disparidad en los presupuestos, da cuenta de las prioridades que tiene el gobierno en donde se apuesta más a los combustibles y la militarización que al desarrollo artístico y cultural.

Para dar cuenta del desarrollo presupuestal durante 2020 y 2021, a continuación, se muestra una tabla sobre los prepuestos de las instituciones encargadas de seguridad a nivel federal.

En la tabla se puede apreciar que existe una variación muy alta entre el presupuesto aprobado y el ejercido en la SEDENA, SEMAR y SSPC. De igual forma no se comprende el motivo de la reducción sustancial del 28% del presupuesto que se ejerció en la Guardia Nacional durante 2021. El Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización, ha señalado que en términos de recursos deben también tomarse en cuenta el control directo o indirecto por parte de las Fuerzas Armadas de ingresos públicos diversos, como los generados para el Aeropuerto Felipe Ángeles, el “Tren maya” y el presupuesto de otras instituciones que hoy controlan como las aduanas, los puertos, el Instituto Nacional de Migración o la Comisión Nacional para la Prevención de Riesgos Sanitarios, entre otras. Aunado a ello, la SEDENA ha aportado recursos humanos y materiales, para la construcción de instalaciones de la GN a través de la guía de comodato. Por ello resulta indispensable que todas las instituciones atraviesen por auditorías recurrentes a los presupuestos a fin de conocer el origen y destino del dinero que se ejerce.

Desafortunadamente la rendición de cuentas sobre el destino de los recursos y las acciones para combatir la corrupción en la administración pública federal se encuentra en un punto álgido durante los últimos años. Las autoridades de control, vigilancia y fiscalización aplicaron en 2021 tan solo 2,336 auditorías, una disminución del 41% con respecto a las 3,979 auditorías realizadas en el 2016. Asimismo, la mayoría de las acciones de auditoría son ejecutadas por los órganos internos de control y son mínimas las participaciones de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación.

También resulta importante señalar que, en 2021, los órganos internos de control y/o las unidades de asuntos internos recibieron 27,934 denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones de las y los servidores públicos. Esto representó un aumento de 22.0 % en comparación con lo registrado en 2020.

Como se puede observar en la gráfica, en el ámbito de las instituciones de seguridad, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa fueron las instituciones que recibieron un mayor número de denuncias por incumplimiento de obligaciones. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos las denuncias no procedieron, desconociendo el motivo por el cual fueron desechadas. Aunado a la opacidad para atender las denuncias existe un grado muy alto de ineficacia para dar resolución a las denuncias interpuestas. Ejemplo de lo anterior es que la GN sea la institución con mayor retraso en la resolución de denuncias, ya que de las 687 presentadas durante 2021, aún tenían 472 pendientes por atender a inicios de 2022.

Cabe destacar que en los pocos casos en donde se efectúa una investigación por incumplimiento de funciones, el INEGI reportó que solo 106 funcionarios de las instituciones de seguridad fueron sancionados por una falta administrativa y declarando que éstas eran “no graves”, pese a que las razones más comunes se vinculaban con el ejercicio indebido del servicio público o el enriquecimiento ilícito. Para culminar con esta espiral de encubrimiento e impunidad, las instituciones de seguridad federal declararon que aquellas personas culpables solo se le ejerció una sanción de amonestación y/o suspensión del empleo, lo cual también pone en discusión la pertinencia de mejorar los mecanismos de control, evaluación y sanción por los que deben de atravesar los funcionarios dedicados a la seguridad del país.

Como se ha observado, ejercicios como los efectuados por el INEGI nos demuestra la importancia que tiene la transparencia y la rendición de cuentas, aunque también debemos de ser críticos al momento de encontrar inconsistencias, reserva de información y opacidad en las respuestas de las instituciones encargadas de la seguridad federal. Para finalizar, es indispensable que como ciudadanía sigamos exigiendo mecanismos de mayor transparencia, cuestionar la información que brindan las autoridades y defender nuestro derecho a conocer información de índole público.

@causaencomun