La necesaria chamba de designar bien

El día de hoy inicia un periodo de sesiones ordinarias más en el Congreso de la Unión y con ello el recordatorio de una de sus funciones vitales: la de designar a quienes asumen altas responsabilidades públicas. Sí, nos referimos a los procesos por medio de los cuales la Cámara de Diputados o el Senado de la República –y en bastantes ocasiones con la participación del Ejecutivo Federal– definen a la o las personas que estarán al frente de alguna institución pública ajena a la órbita del gobierno federal, y que, por lo general, realizan de manera sumamente cuestionada o fuera de los plazos legales establecidos para ello.

Pongamos en contexto cuál es el universo de las designaciones a resolver para lo que resta de este 2022 por parte del Senado de la República y el Ejecutivo Federal, principalmente. De las 21 designaciones calendarizadas para este año, ¹ hay nada menos que 17 procesos rezagados, de los cuales, diez casos no se han concluido y excedieron la fecha de término del periodo de quienes estaban en esas posiciones públicas y siete que tuvieron que haberse efectuado, pero no se ha iniciado ninguna fase del proceso. A ellas se suman las cuatro que deben definirse antes de que concluya el año. La siguiente imagen resume el estado de este conjunto de designaciones:

Entre las designaciones rezagadas se encuentran los casos de las dos personas comisionadas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que debieron darse en marzo pasado, las de dos integrantes de la Comisión de Selección (CS) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) o de una persona consejera del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por parte del Senado, exclusivamente. Y muchas otras –diez de las 17– que están pendientes de años anteriores, principalmente porque el Ejecutivo Federal no ha enviado las propuestas para completar los órganos de gobierno de: la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) con tres designaciones pendientes (dos desde 2019 y una de 2020); la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con una designación pendiente de 2020; la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) con tres nominaciones pendientes del año pasado; y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con tres personas comisionadas pendientes (una desde 2020 y dos de 2021), a pesar del par de amparos interpuestos para este caso y el de la COFECE.

Este rezago, aunado al poco cuidado con el que se realizan las designaciones, plantea varias interrogantes: ¿cuáles son las razones por las que no se han concluido los procesos? ¿Por qué circunstancias no se han iniciado los procesos donde terminaron hace tiempo sus titulares con su periodo de responsabilidad? ¿Cuáles son las justificaciones del Ejecutivo para no realizar las diez propuestas que tiene pendientes? ¿Por qué el Senado no ha hecho algún llamado al Ejecutivo para que le envíe sus propuestas de nominación? ¿Qué implicaciones hay en el funcionamiento de los órganos de gobierno incompletos de las instituciones involucradas? ¿Cuáles son o deberían de ser las consecuencias de estas omisiones por parte de los órganos responsables? ¿Este universo de designaciones se resolverá –y bien– en el periodo de sesiones ordinarias que hoy comienza? ¿Cómo cambiamos estas prácticas y avanzamos hacia designaciones idóneas?

Ante estos planteamientos, se hace urgente que las autoridades rindan cuentas, que nos funden y motiven las razones de estas omisiones y cumplan con su necesaria chamba de designar bien. Desde el ODP, colocamos –una vez más– la necesidad de avanzar con una política pública en materia de designaciones que, además de cambiar y fortalecer las reglas que regulan estos procesos, revise los requisitos para acceder a altas responsabilidades públicas y establezca mecanismos de impugnación para transitar al control judicial de las designaciones en sintonía con el marco de derechos humanos.

No hay justificación para que las omisiones o acciones lejanas a estándares internacionales por parte de algún poder –ya sea el Legislativo o el Ejecutivo– en materia de designaciones no estén sujetas a revisión, sobre todo cuando estas decisiones tienen consecuencias directas en la vida y derechos de las personas.

Esperemos que este periodo de sesiones se caracterice por buenas designaciones, una chamba de control esencial de todo congreso y un derecho que tenemos todas y todos.

#SinCuotasNiCuates

#PerfilesIdóneosYa

* Marcia Itzel Checa Gutiérrez  (@designaciones) es coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones), proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, con el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas; y con ello, generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles para contribuir al fortalecimiento de las instituciones de México.

 

 

¹ Esta numeralia toma como base el universo priorizado por el ODP, que comprende 19 instituciones públicas con tareas de control, regulación, vigilancia o protección de derechos humanos, en total suman 125 designaciones. Ver aquí.