La militarización de la infancia

México ha sido un país de niñez soldada cuando menos desde hace un siglo: desde la Revolución Mexicana hasta la mal llamada “Guerra contra el narco”, pasando por la Guerra Cristera, la Guerra Sucia y el conflicto armado en Chiapas. Este desgarrador fenómeno es prácticamente ignorado en la agenda nacional a pesar de que desnuda la ineficacia de las estrategias adoptadas desde el 2006 para enfrentar la violencia en el país.

Tal y como reportó Animal Político este domingo, un grupo de niños en el municipio guerrerense de Chilapa de Álvarez se integró a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) para defenderse del grupo denominado Los Ardillos. Teniendo entre seis y once años, con fusil en mano exigen al Estado Mexicano atender la violencia que ha sufrido su comunidad por desplazamientos forzados. La noticia poco podría sorprender a las autoridades de nuestro país. En enero de 2020, Christian Skoog, representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) hizo un llamado urgente para atender esta problemática, señalando a Guerrero como uno de las regiones más críticas.

La presencia de niñez en grupos armados no solo se da en contextos de grupos de autodefensa –como pareciera ser el caso de Chilapa de Álvarez- sino también en el marco de reclutamiento forzado de menores. En 2011, la Red por los Derechos de la Infancia estimó que entre 30 y 35 mil niños, niñas y adolescentes estarían enrolados con distintos carteles del país. Solo en 2009 la Secretaría de la Defensa Nacional detuvo al menos a 140 menores de edad en operativos militares contra el crimen organizado.

En respuesta a este escenario, el senador Ricardo Monreal propuso en marzo del 2020 tipificar como delito el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado. Si bien es importante que la legislación del país se adecúe al Estatuto de Roma en la materia (artículo 8.2.a.xxvi), limitarse a esta medida sería síntoma de un Estado que no termina de comprender el horror al que se enfrenta. Por un lado, porque pensar que la solución se encuentra en el reconocimiento de un nuevo delito es perpetuar esa errada lectura de que el origen de la violencia en México es meramente un asunto de delincuencia común. La cooptación de la niñez por carteles –así como por autodefensas, guerrillas y otros grupos armados al margen de la ley- se da en un contexto de conflicto armado interno aún no reconocido por nuestras autoridades.

Por otro lado, porque no nos enfrentamos solo a actuaciones criminales de individuos organizados sino a dinámicas complejas de violencia que han sido heredadas de conflictos previos. No toda la violencia que vivimos se encuadra en un conflicto armado interno, pero muchas de sus dinámicas más cruentas sí. Por poner tan solo un ejemplo, la crudeza de esta realidad es tal que el adulto que hoy recluta a niñas y niños contra su voluntad pudo haber sido a su vez un niño reclutado forzadamente.

El maniqueísmo de víctima-victimario no es suficiente para entender que este país requiere un proceso de justicia transicional, como originalmente se propuso durante la campaña presidencial y se planteó en el Plan Nacional de Desarrollo. Es urgente retomar esa hoy abandonada alternativa no solo por la protección especial que requieren las niñas, los niños y los adolescentes, sino porque en ella está la clave de desenredar este conflicto armado interno que seguimos negando en medio de sus balas.

@kalycho