blogeditor · 16 de junio de 2017
Por: Alejandro Juárez Ascencio (@AleJuarezA)
A la luz del debate provocado por la Ley de Seguridad Interior se hace patente una situación en la que pocos han reparado. Los militares, ese sector de la sociedad y del Estado al que se le ordenó participar en tareas de seguridad pública sin estar debidamente preparados para eso, y la academia, ese otro grupo crítico y observador con ferocidad, no tan numeroso, pero sí con una voz potente que se hace escuchar en la opinión pública, no se hablan.
La relación viene contaminada de prejuicios y estereotipos. Y sí, aunque varias personas de ambos grupos se ofendan, los prejuicios abundan. ¿Qué es lo que esto genera? Que dos de los sectores más importantes para el funcionamiento de la vida nacional se lleguen a ver como adversarios y antagonistas. ¿Esto beneficia a alguien? A la inmensa mayoría del país, no, pero sí a un grupo que le conviene que los demás sectores sociales no se hablen: la clase política.
Aunque se ha citado numerosas veces que el 68 fue el hecho que marcó el inicio real de la vida democrática de México, poco se menciona que, de manera contradictoria, también fue el suceso con el que el gobierno y la población se divorciaron y empezaron a distanciarse poco a poco hasta llegar a ser los totales extraños que son el día de hoy.
Justo en medio de este divorcio están las Fuerzas Armadas. Su lugar lo determina un fundamental principio democrático: la subordinación y lealtad de las Fuerzas Armadas al poder civil institucionalizado en el Presidente de la República. Aunque el desprestigio del Ejecutivo Federal ha contaminado a las Fuerzas Armadas, es necesario reconocer que la lealtad institucional fue decisiva para dar fin a los alzamientos de la primera mitad del siglo XX y que fue esencial para la estabilidad política de México durante décadas.
Pero la medicina trae efectos secundarios: se condicionó a los militares a someterse y obedecer al poder civil, aun cuando las órdenes no entraran del todo en la legalidad. Y así ha sido hasta hoy. Obligados por una lealtad y subordinación institucional al Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas fueron enviadas a cumplir con tareas de seguridad pública. Lo que en un principio se dijo que sería momentáneo se ha traducido en 10 años de desgaste para el país.
¡Qué contradictorio! Una característica que le da valor a las Fuerzas Armadas también es su lastre.
En fechas recientes las Fuerzas Armadas y la academia se vuelven a encontrar de frente. En este encuentro -que no ha sido ni amistoso ni cordial-, un amplio sector de la academia reclama y expone los costes sociales de la lucha militar contra la delincuencia organizada que, para frustración de todos, no ha dado los resultados esperados.
La academia observa, con datos en la mano, que la falta de preparación en tareas de seguridad pública por parte de las Fuerzas Armadas -cuya naturaleza y fin es la guerra, no la seguridad pública- no ha contribuido de manera sustancial a reducir de violencia y la inseguridad en el país. De manera cruda también se exponen las violaciones a los derechos humanos que algunos malos militares han cometido, contribuyendo a que se represente de forma negativa al Instituto Armado. Esta situación polariza aún más el diálogo en torno a la seguridad.
La academia tiene derecho y hasta obligación de opinar al respecto, pero contradictoriamente, hay personajes que juzgan “coherente” que los militares, quienes están al frente del problema atendiéndolo, no por ellos, sino porque se los ordenaron, no opinen. Posiblemente las declaraciones del Almirante Secretario o del General Secretario no sean del agrado de todos, pero negar que pueden exponer sus puntos de vista cancela toda posibilidad de un diálogo urgente y necesario para México. En ese sentido (y nuevamente en contradicción) muchos declaran despectivamente: “los militares sólo saben recibir órdenes” y de igual modo, exigiendo dicen: “los militares sólo deben cumplir órdenes”. ¡Qué difícil equilibrio!
Quienes se ofendan por estas palabras y afirmen que no es posible que exista el diálogo al que se convoca deberán reconocer por lo menos dos puntos en común abrigan a las Fuerzas Armadas y a la Academia.
El primer punto, guiado por el compromiso y la convicción, debe de ser suficiente para hacer de lado los prejuicios, estereotipos y descalificaciones que mutuamente (y muchas veces sin reconocerlo) se lanzan.
Del segundo punto se destaca que reconocer la disciplina es señalar, precisamente, valores, compromiso y convicción.
Los costes de esos valores, compromisos y convicciones tienen diferentes precios en los dos grupos. En la academia representa dedicar años y años al estudio; en la milicia puede significar perder la vida.
Reconocer mutuamente esos grandes sacrificios (algunos definitivos) en beneficio de México es asumir que los valores democráticos que ambos sectores han demostrado desde su propia área de acción tienen suficiente importancia para iniciar una nueva etapa en las relaciones cívico-militares sin la cuales, ninguna democracia del mundo funciona y que en México es urgente tratar.
En ese sentido, es preciso preguntar, el auténtico interés en el bienestar de México, el legítimo amor a nuestro país, ¿será suficiente para doblegar orgullos, rencores, prejuicios y paradigmas? ¿Habrá visión y ambición para que las Fuerzas Armadas y la academia, se sienten a dialogar? ¿Podemos proponer una agenda para dar inicio a este diálogo? Podríamos empezar porque cada una de las partes diga con claridad, ¿qué anhelan para México?
* Alejandro Juárez Ascencio se desempeñó como Teniente Corbeta del Servicio de Administración e Intendencia Naval Licenciado en Comunicaciones Gráficas en la Armada de México de 2007 a 2015. Los comentarios de este artículo son a título personal y no representan la postura de la SEMAR.