La mentira y el silencio

En días recientes, Causa en Común publicó su estudio sobre incidencia delictiva en el país, con la particularidad que, en esta edición, a propósito de la difusión de los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) del año 2021, incluye el análisis de los datos de algunos de los delitos de alto impacto para la sociedad, tanto en el periodo 2019-2021 como la comparación con los primeros tres años de gobierno de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña. En este informe se pueden observar los incrementos en el número de asesinatos reportados, que en el periodo del presidente López Obrador son 126 % más que en el periodo 2007-2009 y 81 % más que en el periodo 2013-2015.

Asimismo, el estudio “Galería del Horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios” que realiza Causa en Común con la finalidad de visibilizar el grado de violencia que se vive en el país, ha adquirido relevancia por la naturaleza de los casos que documenta a través del seguimiento de notas periodísticas. La edición más reciente se presentó en un foro en el que se discutió el acumulado anual de atrocidades registradas en 2021 y se hizo énfasis en la necesidad de ver más allá de los datos, mantener viva la empatía, abrir los ojos ante las masacres, las fosas, las torturas… saber que no hablamos solo de números, sino de víctimas.

Estas investigaciones tienen una razón de ser muy clara: visibilizar la dimensión de una problemática que se alimenta de la cerrazón de parte de las autoridades para reconocer el grado de violencia que agobia al país, y de la opacidad y operación política y administrativa para evitar que se conozcan las estadísticas reales que por ley deben dar a conocer las fiscalías a través del SESNSP.

Cicerón, gran retórico romano decía que la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio y es el mejor ejemplo de por qué es importante que como ciudadanos demos seguimiento a los datos que difunden las autoridades y señalar cuando éstos no corresponden a la realidad. Hoy los ojos de la sociedad están puestos en el bajío mexicano, con énfasis en Zacatecas y Guanajuato.

Zacatecas ostenta la tasa de asesinatos por cada cien mil habitantes más alta del país, con casi 101 víctimas para una población de 1,622,138 personas, y con un incremento del 52% respecto del número de víctimas registradas durante 2020; además de un incremento de 1,039% en las carpetas por homicidio reportadas en el trienio 2007- 2009. Guanajuato por su parte, registró en 2021 el número más alto de víctimas de asesinato, con 3,550; un incremento de 70% en la cantidad de víctimas de feminicidio y 1,863% más registros de víctimas de extorsión que en 2020, además de 903% más investigaciones por homicidio respecto del periodo 2007-2009.

Pero no conforme con esa notoriedad infame, ambos estados concentran un gran número de atrocidades. En 2021, Guanajuato cuenta con el mayor número de atrocidades registradas y ocupó el primer lugar nacional en número de masacres; mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres; calcinamiento, y en asesinato de menores de edad; además del primer lugar nacional en policías asesinados. Por su parte, Zacatecas cuenta con el segundo lugar nacional en número de masacres registradas; sin embargo, inició el 2022 perfilado para un primer lugar con una serie de eventos dignos de escenas de terror, por nombrar algunas: 17 cuerpos envueltos en bolsas plásticas en calles de Fresnillo, bolsas con restos humanos halladas en Calera y 10 cadáveres abandonados frente al Palacio de Gobierno estatal.

En ambos estados prevalecen las masacres, la tortura y el asesinato de policías. Si bien la violencia que se vive en estos estados no tiene una explicación simple, sí es una muestra de que las estrategias locales y federales están concentradas en despliegues de elementos que atienden –y de manera deficiente- situaciones de violencia emergentes, no de largo plazo y mucho menos estructurales. Guanajuato, que se conforma de 46 municipios, concentra tanto su población como la incidencia delictiva en 3: León, Celaya e Irapuato, seguidos por Salamanca, Pénjamo y Apaseo el Grande. Dichos municipios concentran el 38.7% del estado de fuerza que entre los 3 ámbitos de gobierno suman 22,788 elementos operativos. En Zacatecas la situación no es diferente, de un total de 58 municipios, 5 de ellos concentran el 45.5% de la población y la incidencia delictiva: Fresnillo, Guadalupe, Zacatecas, Pinos y Jerez, localidades que concentran el 62% del estado de fuerza, que entre los tres ámbitos suman 6,101 elementos operativos.

En sendas conferencias matutinas, el presidente López Obrador habló de la estrategia de coordinación y reforzamiento de la seguridad para ambos estados en el mes de noviembre de 2021, sin que a la fecha veamos claros resultados de la colaboración. Como sociedad no queremos números maquillados, tampoco calumniar. Cada uno de estos estados tiene condiciones políticas diferentes, pero condiciones sociales parecidas, en donde las remesas enviadas por los migrantes en Estados Unidos son sustento principal de su economía. Entre la mentira y el silencio no nos enteramos más que de números y de berrinches de los políticos, que si hay mil asesinatos menos, que si la exhibición de los cuerpos en Zacatecas es una provocación… queremos la verdad y queremos respuestas. ¿Qué hace falta para que dejen de cuidarse los nombres y los puestos, y trabajen por su país?

* Nancy A. Canjura Luna (@canjural) es licenciada en Ciencias Políticas y maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM. Se ha desempeñado como profesora en la Universidad Iberoamericana y como investigadora y servidora pública. Se ha especializado en temas de seguridad y violencia, así como género.