Redacción Animal Político · 2 de abril de 2023
Lo dice el presidente a cada rato con la convicción de la ignorancia voluntaria: “En México la libertad de expresión está garantizada”. Y lo repiten sus seguidores reforzando la falacia con dos argumentos que parecieran infalibles: “ahora usted puede criticar al presidente todo lo que quiera”, “ahora se puede escribir lo que sea en Facebook” sin que “te pase nada”.
Y sí, es cierto, se pueden hacer esas dos cosas (sobre todo desde el anonimato), pero comentar en redes e insultar al presidente (o a cualquier otro funcionario) no significa que haya plena libertad de expresión y de prensa en México.
Es una mentira. Y hay que señalarlo así, porque en la realidad de los hechos, y no en el imaginario que construye a diario la propaganda cuatroteísta desde la conferencia mañanera, México es uno de los países más mortíferos del mundo para los periodistas sin estar en un conflicto armado, al menos formalmente reconocido; y es que mucho se puede debatir en este sentido a la luz de la militarización y la guerra contra el narcotráfico, políticas públicas que persisten desde hace tres gobiernos federales y se exacerban en éste.
El problema no es solo que desde hace décadas la libertad de expresión se encuentre en peligro en México, sino que cada año se deteriora más. Así lo demuestra el informe anual más reciente publicado por la organización no gubernamental Artículo 19 para México, Centroamérica y El Caribe. En eso, la “izquierda” que gobierna ahora ha quedado a deber tanto como sus antecesores.
Según el informe “Voces contra la indiferencia” presentado esta semana, el cuarto año de gobierno del presidente López Obrador ha sido el más violento para la prensa al registrar 696 atentados, lo que implicó 12 periodistas asesinados, amenazas, intimidación, discursos estigmatizantes, acoso y espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos. Esta cifra representa un incremento de 329 por ciento comparada con el cuarto año del gobierno de Calderón y 63 por ciento comparada con el mismo periodo de Peña Nieto.
Las cifras son abrumadoras: en 2022 se agredió a la prensa cada 13 horas, lo que lo vuelve el año más violento para la labor periodística desde 2007, cuando esta organización inició el registro sistemático de agresiones. Pero siempre vale insistir en que, detrás de cada número, está la historia personal, con nombre y apellido, de una o un periodista o defensor de derechos humanos agredido, amedrentado y, en el peor de los casos, silenciado.
Por eso cuando hablamos de libertad de prensa y libertad de expresión, habría que separar primero una de la otra y señalar sus grandes enemigos: la libertad de prensa de los medios mexicanos se debate entre la urgencia de encontrar un modelo de negocio rentable a la luz de las presiones que ponen la discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial tanto federal como local, por un lado; y la necesidad de apostar por el clickbait para generar ingresos digitales en detrimento de la calidad y pertinencia del periodismo, por el otro. Si bien este gobierno ha reducido en buena parte el dispendio que ahí existía, la hiperconcentración se mantuvo en 2022, pues tan solo diez empresas recibieron el 54.8 por ciento de la publicidad oficial federal.
Por otro lado, la libertad de expresión sufre los embates de la violencia del crimen organizado y la narcopolítica, pues como demuestra el informe en mención: en nueve de los 12 homicidios de periodistas, integrantes del crimen organizado fueron identificados como posibles autores materiales, los cuales, según la información recabada por Artículos 19 operan en colusión con las autoridades.
Además, Artículo 19 registró nueve tentativas de homicidio: seis ocurrieron con armas de fuego en Oaxaca, Quintana Roo, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato y Ciudad de México. Una más, en Yucatán, se utilizó un arma punzocortante y en otros dos se trató de persecuciones y choques de auto provocados, en los que ambos periodistas sufrieron lesiones.
La gran mayoría de esas agresiones quedan en la impunidad y, en rarísimas excepciones, la justicia alcanza solo para identificar y detener solo a los autores materiales, nunca a los intelectuales ni sus cómplices.
Por último, al tiempo que la prensa mexicana es agredida en casi total impunidad, también es espiada por el gobierno y, en específico, por el ejército. El 3 de octubre de 2022 se revelaron nuevos casos de espionaje con el software Pegasus, dirigidos a un defensor de los derechos humanos tamaulipeco, Raymundo Ramos, y dos comunicadores: Ricardo Raphael y un periodista de Animal Político. Así lo reveló la investigación realizada por ARTICLE 19, Social TIC y R3D con el apoyo de Citizen Lab22 y en coordinación con los medios de comunicación Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso.
El presidente, para variar, negó el hecho y mintió de nuevo: cuando la periodista de Animal Político Nayeli Roldán lo cuestionó al respecto durante la conferencia mañanera, López Obrador reviró: “Ustedes no van a poner la agenda”.
Así es, para el presidente de México el espionaje y la seguridad de los periodistas del país que gobierna no es un asunto de justicia, ni de violación de derechos por parte de las Fuerzas Armadas, sino una cuestión de “agenda”. Desde esa lógica, solo queda esperar que en materia de libertad de expresión, este año sea peor que el anterior. Y así sucesivamente.