La masacre que se pudo evitar

La memoria de los últimos meses en Guanajuato está cargada de violencia y dolor en el marco de un contexto de inseguridad donde los grupos criminales se acumulan y diversifican, las plazas se disputan y el Estado mexicano, en distintos niveles, se aferra a la administración del conflicto. El mes de julio no fue la excepción, el crimen organizado irrumpió en el anexo “Buscando El Camino A Mi Recuperación”, dejando 28 personas asesinadas y varias heridas.

La masacre en Irapuato vuelve a poner en el centro a una población que ha sido afectada en los últimos trece años de guerra: las y los jóvenes. Si nos remontamos al período 2008-2013, ubicamos decenas de masacres en contra de hombres jóvenes internados en centros de rehabilitación, principalmente en ciudades con altos índices de violencia y confrontación entre grupos criminales en estados como Chihuahua y Coahuila.

¿El modus operandi? Grupos armados ingresan a centros conocidos como “Anexos” que se ubican en zonas marginadas y que, en su mayoría, no cuentan autorización por parte del Estado para realizar tratamientos de rehabilitación en favor de personas usuarias de drogas. Estas irrupciones culminan con el asesinato de decenas de jóvenes de escasos recursos. Si bien la noticia circula por días en prensa y redes sociales, vemos que en los diversos casos la investigación de los hechos se diluye entre discursos desde el gobierno en turno con declaraciones cargadas de estigma como “estaban ligados al crimen organizado” o “se matan entre ellos”, que desconocen a las víctimas como titulares de derechos y cierran de golpe cualquier proceso de verdad, justicia y reparación en favor de ellas y sus familias.

La falta de un análisis de contexto de autoridades federales y locales frente a la sistematicidad de las ejecuciones en centros de rehabilitación por parte de la delincuencia organizada, ha permitido que estas se repliquen en los nuevos epicentros de violencia, como es el caso de Guanajuato. De forma perversa, se evidencian las mismas dinámicas, las declaraciones cargadas de criminalización y al final, la misma población afectada: las y los jóvenes usuarios de drogas en situación de pobreza.

La masacre del 1 de julio en Irapuato nos recuerda una vez más la intersección entre uso de drogas y clase en medio de la estrategia bélica que mantiene a México en contra del mercado de drogas declaradas ilícitas. No solo vemos jóvenes de escasos recursos desaparecer o ser reclutados por el crimen organizado, sino que también somos testigos de las consecuencias de la omisión del Estado frente a la oferta de servicios de salud para quienes no pueden pagar un tratamiento de rehabilitación para atender consumos problemáticos de sustancias psicoactivas y se ven orillados a acudir a “Anexos” privados con cuotas muy económicas sin ningún tipo de regulación por parte de las autoridades y, por ende, sin garantía alguna de seguridad para las personas internas.

Ya desde 2015 el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas, advertía que, de los 2,000 centros para tratamiento de consumo problemático de drogas, solo el 43% son públicos y estimaron que alrededor de 35,000 personas que usan drogas en México se encuentran en centros privados que no cumplen con los requisitos que prevé la normativa en materia de tratamiento, contemplados en la NOM-028 de la Secretaría de Salud del año 2009.

Durante estos años de guerra, el Estado ha desconocido su deber de monitorear las instituciones que brindan servicios de salud, independientemente de si son públicas o privadas, como es el caso de los “Anexos”, incurriendo en violaciones al derecho a la salud. Así lo ha considerado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al señalar que:

“[…] dado que la salud es un bien público cuya protección está a cargo de los Estados, éstos tienen la obligación de prevenir que terceros interfieran indebidamente en el goce de los derechos a la vida y a la integridad personal, particularmente vulnerables cuando una persona se encuentra bajo tratamiento de salud. Los Estados tienen el deber de regular y fiscalizar toda la asistencia de salud prestada a las personas bajo su jurisdicción, como deber especial de protección a la vida y a la integridad personal, independientemente de si la entidad que presta tales servicios es de carácter público o privado.”

Específicamente, respecto al funcionamiento de los centros de rehabilitación para personas usuarias de drogas se ha pronunciado diversos mecanismos del Sistema Universal de Derechos Humanos. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes han reiterado la importancia de que estos centros cuenten con las medidas necesarias, a fin de evitar vulneraciones a los derechos de la población usuaria de drogas. Por su parte, las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas, respaldadas por el PNUD, ONU-SIDA y la OMS, incluyen la importancia de que los Estados adopten medidas para prevenir la violencia privada en contra de las personas usuarias de drogas.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los gobiernos locales están obligados a redirigir la estrategia y el discurso. Los pasos a seguir para que las masacres en los centros de rehabilitación cesen, tendrían que darse en dos sentidos. Por un lado, fortalecer la oferta de servicios públicos de rehabilitación con enfoque de derechos humanos, la articulación de autoridades federales y locales para la efectiva fiscalización de “Anexos” que operan el país y el análisis de contexto a nivel local que permita prevenir violaciones a derechos humanos por parte del crimen organizado. Y por el otro, articular a la institucionalidad competente para garantizar la investigación de los hechos, frenar la impunidad y garantizar una reparación integral por cada una de las vidas que han sido arrancadas de las masacres de personas usuarias de drogas en medio de una guerra que, todavía, no quieren terminar.

* Adriana Muro (@adrianawall) es Directora de Elementa DDHH (@ELEMENTADDHH), organización de derechos humanos con sede en Bogotá desde 2014 y en CDMX desde 2019, y cuyas líneas de acción se centran en política de drogas y derechos humanos, y en justicia y reparación.