La lucha de los defensores yaquis: Mario y Fernando

Mario y Fernando son defensores de derechos humanos,  voceros y miembros de la Tribu Yaqui. Desde hace más de diez años iniciaron una incansable lucha para que se reconozcan los derechos históricos y ancestrales sobre el agua del río Yaqui, lo que les ha costado ser acosados, hostigados y violentados por el Estado mexicano.

Mensaje Yaqui desde la cárcel – Parte I

Mario es originario del Pueblo de Vícam, padre de 6 hijos. Ingresó a la carrera de Economía en la Universidad de Sonora, en Hermosillo; sin embargo, tuvo que abandonarla debido a las condiciones económicas de su familia. Además, es traductor de lengua yaqui y se desempeñó por más de diez años como Secretario de la Autoridad Tradicional de la Tribu, cargo a través del cual apoyaba con la gestión de proyectos, obtención de recursos y programas, así como organización de la vida comunitaria.

En el 2010, el gobierno de Sonora emitió el decreto con el cual implementó el proyecto “Sonora SI, Sistema Integral”, que contemplaba la construcción del Acueducto Independencia, mismo que ponía en riesgo el derecho de acceder al agua de la Tribu Yaqui. Mario comenzó a ampliar sus tareas de apoyo y protección a la comunidad al unirse a la defensa de los derechos humanos de la Tribu y así es como se constituyó como un importante soporte de la lucha, perfilándose poco a poco como uno de los voceros del movimiento en defensa del Río Yaqui. Después de diversas batallas, Mario comenzó a ser acosado y perseguido.

En el año 2014, Mario encabezó la delegación de la Tribu Yaqui que acudió a Washington D.C. con el propósito de denunciar el incumplimiento de una sentencia favorable dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El 11 de septiembre de 2014, a su regreso a México, mientras transitaba por las calles de Ciudad Obregón, Sonora, tres camionetas lo interceptaron y detuvieron el vehículo en el que viajaba en compañía de su pareja. Mario fue detenido arbitrariamente por agentes judiciales vestidos de civiles y fue trasladado al edificio de la Procuraduría en Ciudad Obregón y, posteriormente, en avión, al Centro Estatal de Readaptación Social número 2 (CERESO 2) en Hermosillo. A partir de ese día comenzó una etapa de privación injusta de la libertad, la cual duró 377 días, hasta que fue absuelto.

Fernando también es originario del pueblo de Vícam, miembro de una familia activa en la Tribu Yaqui y padre de 3 hijos. Fernando siempre ha experimentado un gusto particular por la defensa de las personas y de su entorno.  Cuenta que, de haber tenido la oportunidad, él habría estudiado derecho; sin embargo, las circunstancias le llevaron a optar por un conocimiento más próximo a su espacio, por lo que decidió estudiar agronomía y se ha desempeñado a lo largo de su vida como topógrafo. Fernando apoyaba a la Tribu en la elaboración de proyectos productivos para la gente de su comunidad, realizando gestiones y dando asesorías. Fernando también formaba parte de la milicia religiosa, fungiendo como soldado o Tropa Yoemia, organización encargada de cuidar el territorio y el orden comunitario.

Fernando se asume a sí mismo como un luchador social, es por ello que decidió involucrarse en la lucha por el agua ante la construcción del Acueducto Independencia. Fue designado como Comisionado y vocero debido a sus conocimientos en temas topográficos y a su dominio del idioma español, fundamental para las traducciones y la toma de decisiones con autoridades.  Actualmente continúa activo en la lucha contra el decreto del Distrito de Riego 018, que protege al Acueducto Independencia, por lo que nuevamente ha sido objeto de ataques de autoridades del Estado mexicano.

Fernando, al igual que Mario, fue acusado por privación ilegal de la libertad y robo de vehículo y fue detenido en septiembre de 2014, esta detención se llevó a cabo cerca de su hogar, mientras se dirigía a su trabajo, por personas que no mostraron identificación o documento que justificara lo que estaba ocurriendo. Tanto en su detención como durante el traslado fue sometido y cubierto con una capucha negra en la cabeza, además fue torturado con el objetivo de obtener información sobre la estrategia de defensa del agua que tenía la Tribu Yaqui. Posteriormente, fue presentado ante los medios como un criminal y fue trasladado al Centro Estatal de Readaptación Social número 1 (CERESO 1) en Hermosillo, Sonora, en donde vivió en condiciones de hacinamiento. También permaneció más de un año injustamente privado de la libertad y, posteriormente, recibió sentencia absolutoria.

Mario y Fernando lucharon arduamente y fueron unas de las caras visibles en la lucha contra la construcción del Acueducto Independencia, lo que les valió enfrentarse al poder estatal que apostó por la división interna de la Tribu y por perpetrar violaciones a derechos humanos en su contra. Entre estas violaciones destacan la persecución selectiva, tortura, detención arbitraria, fabricación de culpables y privación injusta de la libertad de Mario y Fernando.  Además, otros miembros de la Tribu Yaqui, Tomás y Gerónimo, que también lucharon contra la construcción del Acueducto Independencia, fueron asesinados en el año 2021 en situaciones similares, situación que alertó a Mario y Fernando nuevamente, por lo que  han tenido que implementar medidas de autoprotección en su vida diaria.

Su lucha por la reparación integral

La detención arbitraria y criminalización de Mario y Fernando fue reconocida por la CNDH en la Recomendación número 43/2015 ​​sobre el caso de la violación a los derechos a la libre autodeterminación y al debido proceso, en agravio de V1 y V2, indígenas yaquis (Mario y Fernando). La misma determinó reparar de forma integral el daño de los defensores Mario y Fernando, por lo que, se conjuntamente con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos se elaboró una Propuesta de Reparación Integral del Daño, a través de  la realización de múltiples entrevistas y recopilación de información que tuvieron como objetivo determinar los impactos psicosociales y las afectaciones que han sufrido Mario, Fernando y sus núcleos familiares.

Ante la recientemente creada Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Sonora (Comisión Ejecutiva Estatal), Mario y Fernando dieron inicio este año a un proceso de reparación integral del daño ante la Comisión Ejecutiva Estatal, con la esperanza de que su derecho a la reparación integral del daño les sea garantizado.

A casi siete años de la emisión de la Recomendación, es indispensable que las instituciones de atención a víctimas asuman con diligencia y sensibilidad los históricos pendientes que tiene el Estado mexicano con este caso. Desde la CMDPDH confiamos en que la Comisión Ejecutiva Estatal actuará conforme a los más altos estándares de derechos humanos y que emitirá en un plazo razonable una resolución acorde los impactos documentados y a las necesidades relatadas, que garantice  una reparación genuinamente integral y transformadora. Como representante legal de Mario y Fernando, la CMDPDH seguirá de cerca este  proceso de reparación.

@CMDPDH