La lógica fallida para legalizar la mariguana

Por: Ernesto Canales Santos

A pesar de que nadie afirma que el consumo de la mariguana es bueno -salvo para usos medicinales- muchos se vuelcan a su favor con celo de derecho fundamental. ¿Qué es lo que defienden con esos pronunciamientos terminantes y apremiantes?

1. La legalización de la mariguana debilitará al narcotráfico

El telón de fondo de este argumento es el contexto nacional, tan lastimado por los estragos que el narcotráfico ha acarreado: 27 mil muertos en el 2014. Sin embargo, este argumento no resuelve dos interrogantes primordiales: uno, si la legalización de la mariguana garantiza el debilitamiento del narcotráfico; otro, si la legalización de la mariguana es el mejor camino para conseguir dicho debilitamiento.

Legalizar la mariguana para debilitar al narcotráfico tiene una fuerza de persuasión difícil de resistir; sin embargo, encubre una lógica que resulta perversa, pues en el argumento se asocian dos ideas, de las cuales una es contundente: liga la legalización de la mariguana con la de que es necesario disminuir el narcotráfico. Se trata de una falacia, porque impone una consecuencia, cuyo valor no prueban las premisas, valida una afirmación que no se ha demostrado; el argumento se oye así:

1. Si se legaliza la mariguana, se le quita poder al narcotráfico
2. Quitar poder al narcotráfico es lo que necesitamos en este país,
3. Por lo tanto lo mejor es legalizar la mariguana.

De entrada no hay relación entre la legalización de la mariguana y el debilitamiento del narcotráfico, porque las variables relacionadas con la fuerza del narcotráfico son tan disímiles que la relación causal entre esta relación, que se toma como evidente, es en realidad difícil de determinar; se puede estimar el costo del mercado pero es imposible calcular cómo el narcotráfico reaccionará frente a esa pérdida. La legalización de la mariguana, aunque quitara mercado de droga al narcotráfico, le haría promover otras más fuertes o diversificar sus acciones a distintas actividades delictivas -secuestro, extorsiones, robo de vehículos, trata de personas- como ha pasado ya en el país.

Hay otras maneras de debilitar al narcotráfico, como atacar la corrupción, el lavado de dinero y vigilar transacciones financieras; si se vende mariguana en los antros, por ejemplo, es porque lo auspicia una larga lista de autoridades corruptas; también poco se hace para seguir la ruta del dinero narco. El que el país no cuente con una política de Estado contra la corrupción, que las autoridades se hayan hecho de la vista gorda en actos de enriquecimiento ilegítimo de políticos, por ejemplo, ha permitido que la ilegalidad no se combata y que, como consecuencia, sea posible comprar un “churro”, casi en cualquier lado: es la corrupción la fuente de poder de las organizaciones criminales.

¿No debió ser el esfuerzo que implica la Consulta Nacional sobre legalización de la Mariguana dedicado mejor al tema más amplio de la corrupción?

2. El daño social de la mariguana es menor que el del alcohol o el tabaco

Otra peculiaridad de los planteamientos es que se presentan acompañados de comparativos con el alcohol y el tabaco. Pero esta asociación también parece lógicamente infructuosa.

[contextly_sidebar id=”Wuckzeyy0r6dyWUrpetDympgB4fMWXsT”]Legalizar la mariguana porque ya tenemos legalizados otros dos males sociales no augura un razonamiento pulcro, más bien queda claro que tres males no hacen mayor bien que dos males ya existen. Dadas las cifras altísimas de daños sociales causados por el alcohol y el tabaco, que en el 2014 arrojan 250 mil y 500 mil muertes solo en EEUU, contra 25 mil de sobredosis, los esfuerzos del Estado debieran encauzarse a campañas permanentes de información sobre los efectos de éstos y de cualquier otro producto nocivo para la salud.

La sugerencia de proponer que como ya hay otras sustancias legales que dañan a la sociedad, tenemos un deber moral, por congruencia, de pasar a legalizar otras más, me parece un argumento socialmente perverso, pues entre más numerosas y fuertes sean las voces de quienes cabildean una postura, más difícil es oponerse a éstas, pero no quiere decir que por ello sean verdaderas.

3. La legalización de la mariguana debe inscribirse en el derecho a la libre autodeterminación

Ahora pasaremos al argumento que la Suprema Corte llamó el derecho fundamental “al libre desarrollo de la personalidad”. Primero notemos que defender un derecho parece siempre loable, pero dicha defensa entra en conflicto con otro derecho. Promover el derecho a la información se contrapone con el derecho a la privacidad; la igualdad social, con el derecho a la propiedad; el derecho a la libertad personal, con el derecho a la misma libertad personal de otras personas, etc.

La cuestión se debe plantear desde el punto de vista de una interpretación ética, que interprete el valor de un derecho por encima del de otro derecho; el derecho a la libertad individual es la base de un largo e histórico movimiento en Occidente, por lo que no es extraordinario encontrar entre los proponentes de la legalización a tantos libertarios.

Sin embargo, también a través del devenir histórico sabemos que muchos avances civilizadores han surgido como resultado de regular, prohibir, sancionar y vigilar todo tipo de prácticas individuales; estas limitaciones van en mil direcciones y afectan prácticamente todos los campos de la actividad humana.

De manera que gritar autodeterminación para la mariguana parece menos sublime, cuando hace unos meses veíamos como logros democráticos los aranceles a las bebidas azucaradas y donde los ciudadanos aceptan la regulación de los decibeles de la música que escuchan, levantan las heces de sus mascotas en los parques y piden regular los mercados financieros y bursátiles.

Por tanto, la cuestión de la autodeterminación al consumo de la mariguana debe contextualizarse mucho más acuciosamente, que sencillamente inscribirse en un “yo fumo lo que se me pegue la gana”. Convenimos en que la libertad personal es un valor primordial, pero precisamente para garantizarla a un mayor número de individuos, a largo plazo y previendo incluso las libertades de las generaciones por venir, requerimos de un sinfín de restricciones individuales y sociales.

Algunas de las restricciones a la libertad individual ejercidas por el Estado son reprochadas porque se asume que todo paternalismo es erróneo. Si aceptamos que a nivel individual, hacer el bien a otro en contra de sus deseos, o limitando su libertad, es a veces legítimo -como cuando evitamos a un amigo manejar ebrio- ¿por qué no debería el Estado actuar con paternalismo en ciertos casos?

Se debe evaluar si el bien que se busca al limitar es proporcional al mal que el paternalismo acarrea en términos de prohibir a ciertos individuos disfrutar de su deseo de fumarla. Conocemos del daño neuronal irreversible que produce la mariguana en los cerebros de personas menores a 21 años, entonces no parece desproporcionado argüir que el Estado actúa legítimamente al establecer una política al prohibir su acceso bajo el argumento de que así se protegen a estos menores por daños “obligados” que estarían expuestos al permitirla.

Igual de dramático es notar que la legalización de la mariguana elevaría exponencialmente las muertes relacionadas a su consumo, pues no es descabellado asumir que, al menos, pasarían de las inaceptables 27 mil de la guerra contra el narcotráfico, a un número al nivel de las que causa el alcohol y el tabaco de varios cientos de miles de personas; se limita la libertad para proteger “la vida” de los ciudadanos y permitir que desarrollen su cerebro a plenitud.

Conclusión

En lo que hemos venido analizando encontramos que no hay argumentos válidos para abandonar la política prohibicionista y sí riesgos mayores. Es socialmente inaceptable exponer a la ciudadanía a otra sustancia dañina por no reconocer que el narcotráfico es problema de corrupción. Enhorabuena por este debate que clarifica argumentos.

 

* Ernesto Canales Santos es Fiscal Anticorrupción de Nuevo León