La lógica de la injusticia en México

Por: Edna Jaime, Directora General de México Evalúa

En menos de una semana, el próximo lunes para ser más precisos, presentaremos en conferencia de medios nuestro documento más reciente, titulado Seguridad y justicia penal en los estados: 25 indicadores de nuestra debilidad institucional.

Los objetivos que buscamos impulsar con este proyecto estuvieron en claro desde su planeación. Por un lado, producir indicadores que nos ofrecieran evidencia sobre el estado que guardan las instituciones de seguridad y justicia penal en cada una de las entidades del país. Por el otro, con esta información en mano, tenemos la intención de provocar respuestas por parte de la autoridad. Porque el ejercicio de evaluación que aquí se presenta no tiene un fin meramente analítico: también tiene el propósito de provocar los cambios que son necesarios. Son un llamado a la acción.

A partir de la información contenida en el documento, podemos afirmar que las instituciones de seguridad y justicia penal en todo el país tienen enormes áreas de oportunidad. No encontramos una sola entidad con indicadores positivos en toda la cadena. Sobresale su debilidad, la insuficiencia de sus capacidades, su bajo desempeño y todo lo anterior redunda en un distanciamiento enorme con respecto al ciudadano. Millones de delitos quedan sin denunciarse porque la víctima prefiere cargar con su agravio antes de exponerse a ser doblemente victimizada por la autoridad. Aunque es cierto que la no denuncia no es privativa de México, el que ésta alcance niveles superiores a 90% en nuestro país denota la profunda desconfianza de la población hacia sus instituciones de justicia y seguridad.

Difícilmente podría ser de otra manera. La víctima de un crimen tiene muy pocas probabilidades de ver su caso resuelto; las agencias del Ministerio Público son insuficientes en muchos estados y su tasa de efectividad muy baja. En promedio, resuelven apenas 16 por ciento de las averiguaciones previas que se inician. Aunado a lo anterior, también se tiene una tasa muy baja de cumplimiento de órdenes de aprehensión.  Los sistemas, como queda evidenciado en el estudio, están sobrecargados porque no priorizan: procesan delitos de alto impacto y los de menor relevancia por igual. Esta es una de las razones por las que el homicidio tiene menos de 20 por ciento de oportunidad de ser esclarecido y  la probabilidad es aún menor en varios estados de la República.

Las cárceles en el país, en su mayoría, están sobrepobladas y sujetas al dominio de grupos criminales. Los incidentes violentos dentro de sus muros son cotidianos. También es de destacarse que, en medio de una crisis penitenciaria, la mayor parte de los reclusos purgan penas por delitos menores y que un porcentaje nada menor sean presos que esperan sentencia. Mientras esto ocurre, los perpetradores de crímenes violentos siguen en libertad.

Las capacidades y el desempeño de estos brazos fundamentales del Estado mexicano no presentan mejoría e incluso, podemos observar un deterioro.

Hace un par de años, México Evalúa realizó un análisis muy similar. De entonces a la fecha, la impunidad en el más grave de  todos los delitos, el homicidio doloso, aumentó. Esto resulta de una ecuación sencilla: las muertes violentas ascienden y la capacidad de respuesta del sistema se mantiene constante. Nuestro sistema de justicia no resuelve casos; tampoco disuade la comisión de delitos. En pocas palabras, no nos sirve. Por eso hay tantas víctimas que no reciben justicia ni el resarcimiento del daño. Pero también por eso, la inseguridad y la violencia no ceden.

En este estudio, mostramos el tamaño de nuestra debilidad institucional a partir de 25 indicadores. Esperamos que una medición sistemática y periódica de los mismos sirva para impulsar los cambios que son necesarios. De ser así, México Evalúa habrá cumplido con su misión.

A través de nuestros tweets (@mexevalua), podrás seguir la cobertura que haremos en vivo desde nuestra presentación con el hashtag ##evaluarjusticiapenal. Próximo lunes, 11 am.