La lógica de la corrupción en México: castigos e incentivos

Mariana García*

*Investigadora de México Evalúa

 

“En nuestro sistema político está faltando algo  que asigne costos y beneficios
a la irresponsabilidad o a la responsabilidad política”
Felipe Calderón Hinojosa

 

“La política y los políticos mexicanos atraviesan una etapa de brutal descrédito.
Ahí están las cifras. La corrupción, el cinismo, la prepotencia de todos los colores explican una parte”
Federico Reyes Heroles

Todos los días los mexicanos leemos noticias como estas: “Ahoga a estados deuda pública”; “Descarta IFE devolver 348mdp de guardadito” o “Denuncian por peculado a 15 excolaboradores de Ulises Ruiz”. Y nos topamos con indicadores que apuntalan y reafirman esa realidad: el Índice de Percepción de la Corrupción 2010 de Transparencia Internacional ubica a México en el lugar 98 por debajo de países como Brasil, Ghana, Cuba, El Salvador, Jamaica y Guatemala. En ese índice, México pasó del lugar 89 al 98 de 2009 a 2010, lo cual nos habla de un grave retroceso en la materia.

 

La corrupción inhibe el progreso económico y social, por un lado, y dificulta el fortalecimiento de las instituciones y la mejora en la gestión pública, por el otro. Además, envía señales equivocadas hacia el exterior, tanto a los inversionistas como a los gobiernos de otros países que ven a México como un país para realizar inversiones o para pactar futuros esquemas de colaboración económica y comercial.

 

La pregunta relevante para México es: ¿por qué hay tantos casos de corrupción de manera recurrente y no existe solución a ellos? ¿acaso no existen incentivos para la responsabilidad política?

Sin duda, la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental son mecanismos eficientes para inhibir las prácticas corruptas, señalar las faltas al quehacer público y exhibir los desvíos de recursos  hacia fines distintos a los encaminados a procurar el bien colectivo. Preocupan, en este sentido, tentaciones a la regresión autoritaria en materia de información, particularmente el bloqueo de algunos diputados a las reformas aprobadas en el Senado a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que harían inatacables las resoluciones del IFAI para las dependencias y las entidades.

 

No podemos negar tampoco que existen algunos esfuerzos en la materia promovidos desde el Gobierno Federal para atender el problema de la corrupción: a principios de este mes (el 2 de marzo para ser precisos), la Secretaría de la Función Pública, presentó dos iniciativas de ley para fortalecer el marco jurídico contra la corrupción. Estas iniciativas implicaban reformas a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la propuesta de una nueva ley denominada “Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas”.

 

Sin embargo, los mecanismos para la disuasión de estas iniciativas se basan en el incremento de sanciones económicas y administrativas a los funcionarios públicos, así como en un esquema que incentiva la denuncia de actos de corrupción. Esto significa que la estrategia anticorrupción vigente depende casi completamente de mecanismos punitivos ex post para los servidores públicos (esto es acciones posteriores al momento en que se cometió el acto ilícito y se generó un daño a la hacienda pública federal). Un problema adicional a la temporalidad de estas sanciones, es que estas no se erigen en una amenaza creíble de castigo por parte del Estado, dados los tiempos y la falta de aplicación efectiva de las mismas a aquellos funcionarios que, con anterioridad, hicieron un mal manejo del erario.

 

En un informe que analizaba los Alcances y Limitaciones de la ASF, México Evalúa documentaba un retraso de casi 5 años en las acciones y recomendaciones emitidas por el órgano fiscalizador (Al corte de Diciembre 2009: existían 139 acciones del periodo 2006-2007 sin pronunciamiento de la autoridad competente. Al corte de septiembre 2010: aunque se había avanzando en el seguimiento a la mayor parte de las acciones graves emitidas (como las Responsabilidades Administrativas Sancionatorias), para la Cuentas Públicas de 2005-2008 existían todavía 330 acciones sin resolver.
No cabe duda que la labor de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es fundamental para evaluar la gestión pública, pero mientras no se mejoren los tiempos de la fiscalización y persista la falta de oportunidad en la aplicación de sanciones ejemplares, la labor de la ASF no servirá para determinar la asignación de recursos presupuestales futuros y mucho menos para guiar la toma de decisiones en la gestión de recursos.

 

Lo anterior por el lado de los castigos. Sin embargo, estoy convencida que suelen ser más efectivas las acciones de recompensa que premian el buen desempeño de las instituciones, como el Premio 2011 de la Secretaría de la Función Pública a los “Programas Federales comprometidos con el proceso de evaluación”. En el marco de este Premio, he tenido la oportunidad de asistir a un par reuniones de trabajo donde pude observar el genuino compromiso de algunas dependencias con incorporar las evaluaciones externas en la mejora de los procesos de gestión de los programas y del uso eficiente de los recursos públicos. Por lo tanto, el poder disuasorio que tienen las recompensas y los incentivos positivos sobre la corrupción y la mejora institucional no deben ser desdeñados.

 

Ante la enorme fragilidad institucional de nuestro país, la existencia de un marco legal que no promueve el respeto al Estado de derecho y una persistente cultura de tolerancia a la corrupción y a la ilegalidad; existen instituciones y organismos que desde la sociedad civil funcionan como contrapesos a los vicios e ineficiencias de la gestión pública. México Evalúa es una institución que surge precisamente con la misión de elevar la efectividad  y calidad de la gestión gubernamental, por un lado, y proponer alternativas de mejores políticas públicas, por el otro. El esfuerzo de organismos independientes junto con la participación ciudadana será el motor de cambio de las prácticas corruptas e ilícitas que tanto dañan al país. Sin embargo, la labor de dignificar la política y ennoblecer la función pública es tarea de los políticos, y en eso parece que vamos cuesta abajo.