La ley no es la ley

En México se buscan rutas alternativas a la ley. Con tal de forzar su incumplimiento se dan rodeos que cobran facturas muy caras. Al pretender reducir la violencia sin pasar por la ley llegamos a la militarización de la seguridad sin reducir las violencias. Para abatir la corrupción se entregaron aduanas y otras funciones civiles a militares. Ahora tenemos opacidad y corrupción militar, además de impunidad vieja y nueva. Ante la incapacidad de realizar investigaciones serias se optó por la prisión preventiva oficiosa. Meter a la cárcel a quien sea antes que investigar. Para mostrar preocupación por la impunidad la clase política eleva las penas manteniendo altos índices de impunidad. Como si cero multiplicado por infinito dejara de ser cero.

Los Estados dejaron atrás la fuerza para regular la compleja vida social desde el marco de la ley. Abandonar la ley y optar por la ruta militar coloca a México en ruta de Estado predemocrático.

La lista de problemas que se generan al abdicar ante la impunidad es enorme. Aquí unas cuantas:

• Las redes criminales no se desmantelan, en casos aislados se procesa autores materiales.
• Los altos mandos militares no se investigan, en casos aislados se procesa autores materiales.
• Las redes de corrupción no se desmantelan, en casos aislados se procesa a funcionarios individualmente.
• Las masacres reiteradas perpetradas por agentes del Estado son presentadas como casos aislados.
• Las agresiones reiteradas a migrantes por agentes del Estado son presentadas como casos aislados.
• El Estado no controla el territorio nacional.
• Se realizan megaproyectos sin realizar consultas previas, libres e informadas con los pueblos indígenas devastando tierra y territorio.
• La división de poderes es tenue.
• Se legisla pasando por encima de la Constitución.
• Se culpa al INAI de que la corrupción evidenciada a través de acceso a la información quede impune.
• La FGR tiene prioridades políticas antes que legales, lo mismo las fiscalías estatales.
• Las fiscalías anticorrupción, electoral y contra la libertad de expresión, entre otras, están de adorno.
• Distorsiones legales son utilizadas como arma de persecución política.
• La ciudadanía prefiere no denunciar.
• Crece la desconfianza social a las instituciones.
• La conflictividad social cotidiana tiene que encontrar vías fuera del marco legal, incluso el uso de la violencia, para resolverse.
• Los militares pueden permanecer en la opacidad y sin rendir cuentas.
• La voluntad del ejecutivo está por encima del marco jurídico.
• Los partidos políticos pueden violar la ley electoral sabiendo que en el peor de los casos pagarán multas con el dinero que reciben como prerrogativas.
• Se nombra a personas que no cumplen con lo establecido en la ley al frente de instituciones como la CNDH.

La agenda urgente es la de Estado de derecho. Una agenda centrada en verdad, justicia y seguridad. Vivimos violencia e impunidad extraordinarias. Resulta imposible enfrentarlas con instituciones ordinarias. Lo mismo pasó con la pandemia en todo el mundo. Los sistemas ordinarios de salud tuvieron que ser reforzados con mecanismos extraordinarios de salud.

No hay más que dos alternativas: fiscalías verdaderamente independientes con rendición de cuentas y nombramientos serios de sus titulares, un mecanismo internacional contra la impunidad y una gran comisión de la verdad independiente. De lo contrario seguirán creciendo las violencias, la conflictividad social y difuminando lo que queda de democracia.

@dayan_jacobo