La legalización del aborto en Argentina: un faro verde para la región

¡Es ley! En Argentina, las mujeres que decidan interrumpir su embarazo podrán hacerlo de manera integral, segura y gratuita en el sistema de salud. La consagración del derecho al aborto, que habilita la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, es un paso histórico en la realización de los derechos humanos de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar.

Quedó demostrado que penalizar y restringir el aborto no lo impide, sólo lo hace menos seguro, genera riesgos y consecuencias fatales en mujeres y niñas, además de exponer a posibles castigos a médicos y personal de salud.

Los legisladores argentinos decidieron dar libertad a las mujeres para ejercer su autonomía y tomar decisiones sobre su vida reproductiva, incluida la decisión de tener o no hijos y terminando de una vez y para siempre con las prácticas inseguras.

El pañuelo verde, emblema de la lucha por el aborto legal, trascendió las fronteras. En cada país el movimiento de mujeres le puso su sello identitario, distintivo, pero hay un mensaje claro, la marea verde es imparable, se retroalimenta, se potencia y se inspira en las experiencias de los países vecinos.

La conquista de derechos en Argentina es eco de las luchas que ha dado el movimiento de mujeres en Uruguay y en México -concretamente en la Ciudad de México y en el estado mexicano de Oaxaca-. Los fundamentos que acompañaron el proyecto de ley que legaliza el aborto en Argentina invocaron la experiencia de estos países, para demostrar que la legalización del aborto impacta directamente en la reducción de la mortalidad materna y no conlleva al aumento de la práctica.

La ley argentina incorpora, a nivel federal, el reconocimiento del aborto y a la atención posterior al mismo como servicio gratuito y obligatorio del sistema de salud, que debe ser garantizado tanto en el ámbito público como en el privado, en un plazo máximo de 10 días desde que se lo solicita y en todas las formas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda. De esta manera la ley fija un piso mínimo de derechos que debe ser garantizado en todo el país en condiciones de igualdad.

Una vez pasadas las 14 semanas, el aborto es legal por estas causales: en caso de peligro para la vida o la salud de la persona gestante, o en caso de violación, tal como lo establece el Código Penal desde 1921.

La norma reconoce también que las personas de 16 años o más tienen plena capacidad, por sí mismas, para prestar su consentimiento y acceder al aborto legal. Y se presume que las niñas de 13 a 16 años cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento, a menos que deba utilizarse un procedimiento que implique un riesgo grave para su salud o su vida (conforme lo establece el Art. 26 del Código Civil y Comercial de la Nación).

Otro punto central es que el personal de salud debe brindar un trato digno, garantizar la privacidad y confidencialidad de la información, y respetar la voluntad de la persona que decide abortar. El funcionario público o personal de la salud que dilate, obstaculice, o se niegue a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados, podrá ser sancionado penalmente e inhabilitado para el ejercicio de la profesión.

Quizás uno de los puntos más controversiales se refiere a la objeción de conciencia. Se reconoce como un derecho que puede ejercer el o la profesional de la salud que deba intervenir de forma directa en la interrupción del embarazo. Sin embargo, no podrán negarse a la realización de la práctica cuando la vida o la salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable. Tampoco se puede alegar objeción de conciencia para prestar atención sanitaria post-aborto.

Si bien hemos dado un paso significativo en la conquista del derecho a la autonomía reproductiva, quedan importantes batallas para asegurar los derechos de las mujeres y personas gestantes a la igualdad y al más alto nivel de salud sexual y reproductiva. Lograr la efectiva implementación de la ley requerirá, entre otras cuestiones: capacitar a las personas trabajadoras de los centros de salud, a los docentes y a los agentes del poder judicial con perspectiva de género, fortalecer el acceso a la educación sexual integral, garantizar el acceso a la información, realizar campañas masivas de difusión, y sortear las miradas anacrónicas sobre el federalismo que ven en las leyes nacionales un menoscabo en las atribuciones de las provincias, en lugar de comprender que nuestro entramado institucional apunta a la interacción y armonización de las competencias, de forma tal que habilite a avanzar hacia el bienestar común, garantizando un piso mínimo de igualdad en el goce de los derechos humanos en todo el territorio nacional.

Pese a los desafíos que deberemos enfrentar, hoy nuestro punto de partida es el reconocimiento de nuestro derecho a decidir libremente sobre nuestros cuerpos y a elegir sobre nuestro proyecto de vida.

Recientemente expertas de Naciones Unidas elogiaron la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina, la calificaron como revolucionaria y la reconocieron como un modelo para la región y otros países del mundo. Nuestro país históricamente ha tenido, y tiene, un fuerte rol en marcar la agenda regional con leyes que amplían derechos y es esperable que este avance impacte en países como Chile, Perú o Colombia, donde también el movimiento de mujeres se ha ido robusteciendo y, asimismo, contribuya a que México extienda el reconocimiento del derecho al aborto legal en todo el territorio federal.

La demanda por los derechos sexuales y reproductivos logró institucionalizarse como un asunto de salud pública y derechos humanos que interpela a las diferentes fuerzas políticas de cada país, ya nadie puede mirar para otro lado, es un tema de justicia social. La onda expansiva ya se deja ver en Chile, donde, el 13 de enero de 2021, la Cámara de Diputados trató en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género un proyecto que despenaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación.

La fuerza del movimiento de mujeres de América Latina radica en que es un movimiento, plural, diverso, intergeneracional, que ha demostrado su capacidad de resiliencia y su habilidad para construir redes y trabajar en alianza -tanto a nivel local como internacional-. Seguiremos luchando incansablemente hasta que todas las mujeres de la región puedan tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuerpos.

* Mariela Belski (@mariela.belski) es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar).