Redacción Animal Político · 17 de enero de 2023
Se investigará, repite la clase política una y otra vez como si eso en realidad fuera a ocurrir. En declaraciones o entrevistas ante los medios, los responsables de la vida pública descargan su obligación con esta y otras frases vacías como: presenten denuncias, se agotarán todas las líneas de investigación, por encima de la ley nadie, caiga quien caiga, confiamos en las fiscalías y un larguísimo etcétera.
Cada que escuchamos eso sabemos que nada ocurrirá, pero nos engañamos y lo tomamos como una declaración válida. La justicia en México, desde sus orígenes, es concebida en clave política y nunca en su profunda dimensión. En un país con impunidad casi absoluta, cualquiera de esas frases equivale a “no sigan molestando o insistiendo, olviden este asunto”.
¿Cómo consolidar una democracia sin Estado de derecho? ¿Cómo garantizar la obligación civilizatoria del Estado en estas condiciones? Imposible.
Trátese de la violencia extrema con que se (sobre)vive en este país, cualquier denuncia sobre corrupción, violación a leyes electorales, utilización de recursos públicos para fines privados o partidistas o cualquier otra. México es un país en el que se puede violar la ley, incluso la Constitución, a cielo abierto, a plena luz del día, y presentarlo como habilidad política, compromiso ideológico, manifestación de poder o simplemente cinismo. Se viola la ley porque se puede, porque es el arreglo institucional, el valor entendido por todas y todos.
La piedra angular del régimen mexicano es precisamente el control político de la justicia. Un cinismo reiterado ya que esos son los códigos políticos de nuestra “democracia”. Se justifica la falta de aplicación de la ley en beneficio de una supuesta legitimidad, la justicia es moneda de cambio en el golpeteo político o ante jugosos negocios lícitos o ilícitos. La justicia estorba a la arbitrariedad y autoritarismo, ayer y hoy.
Ante cualquier evento violento que alcanza notoriedad pública, se apresuran a dar resultados mediáticos. Presentar presuntos responsables, siempre autores materiales y dejando a los máximos responsables en la impunidad. Lo mismo ocurre cuando se trata de crímenes perpetrados por agentes del Estado. La respuesta es la de “manzanas podridas” para entonces responsabilizar de los crímenes sistémicos a los mandos más bajos dejando impune a la cabeza y omitiendo siempre lo sistemático y generalizado. Es por ello que se omiten las investigaciones por fenómeno y se centran en el caso a caso. Como si más de 350 mil asesinatos, más de 100 mil desapariciones y más de 30 mil casos de tortura pudieran ser analizados uno a uno.
Los diques civilizatorios se anclan en el Estado de derecho. Cuando la ley no alcanza, sociedades sólidas cuentan con resortes éticos en la vida política y costos morales ante desviaciones de lo público. Aquí, ni lo legal, ni los costos políticos y morales. Nada. La mentira, la impunidad, el cinismo ahoga la vida pública. Todo se lee en clave de poder.
Vivimos una simulación en términos de justicia y nada se hace para remediarlo. Repito, NADA. Sin Estado de derecho no se recompondrá el déficit ético que inunda la vida social. Sin justicia jamás habrá seguridad. Los resortes de la indignación se encuentran oxidados ante la impunidad.