blogeditor · 27 de enero de 2021
En las elecciones presidenciales de 2018 concurrieron tres principales opciones políticas. Los tres candidatos llegaron a serlo por mecanismos distintos, pero ninguno de clara inspiración democrática: Ricardo Anaya por un acuerdo cupular con sus aliados de la coalición Por México al Frente, que generó una ruptura al interior del PAN. Andrés Manuel López Obrador mediante la creación de un movimiento en torno a él. Y José Antonio Meade gracias al característico dedazo priista y la modificación de los estatutos del PRI con dedicatoria personal.
Sin embargo, el potencial triunfo de la opción de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, tenía en germen grandes beneficios para el país. En primer lugar, el triunfo de la izquierda -y de ese candidato- iba a dejar claro en la conciencia de todos que en México cualquier opción política que recibe en las urnas la mayoría de votos gana la elección y asume el control del gobierno. Vaya, desterraríamos para siempre la idea de que en México se orquestan fraudes desde el Estado o desde el INE. Eso hubiera significado que nuestro sistema electoral se viera fortalecido y que todos acudiéramos a las urnas con la certeza en la transparencia y equidad de los procesos electorales.
En segundo lugar, asumiendo que el gobierno de izquierda electo en 2018 fuera tan bueno o tan malo como cualquiera de los gobiernos post transición (del año 2000 a la fecha), se erosionaría esa retórica anti-izquierda que contempla en una opción política de este signo un peligro intrínseco para el país.
Y, en tercer lugar, se erosionaría la retórica de la izquierda que explica su mala gestión de gobierno, sus errores, sus incapacidades a través de los efectos de complots fraguados por los adversarios políticos. Vaya, se hubiera tenido una derecha y una izquierda más maduras y más orilladas a ver la realidad con detalle, analizando y ponderando las acciones propias y las de sus contrapartes.
Pues bien, a pesar del triunfo de la opción de la izquierda en 2018, nada de eso ha sucedido. Por el contrario, atestiguamos una gestión gubernamental que hace necesario plantearse el futuro político de la izquierda en nuestro país.
Para muestra este rosario de amarguras:
Hubo asuntos públicos e institucionales por los cuales la izquierda pugnó en todo el proceso deliberativo generado por la reforma política de 1977. La izquierda buscaba y exigía que todas las fuerzas políticas pudieran concurrir a las elecciones en igualdad de circunstancias, con equidad (estaba proscrito hasta ese año el Partido Comunista). Esa fue la consigna de la izquierda -y de la oposición- a lo largo de las distintas reformas políticas, incluida la posterior a la elección de 2006. Además, la izquierda repudiaba el uso del aparato gubernamental y de la figura presidencial para alterar la equidad en la contienda electoral. En las elecciones de 1994 Cuauhtémoc Cárdenas exigía que el Programa Nacional de Solidaridad y Procampo fueran administrados de manera independiente para garantizar que no se usaran sus estructuras y apoyos a favor del candidato priista. Hoy el presidente ataca a sus adversarios políticos y celebra que una fuerza política específica no haya obtenido su registro. Hoy el presidente que representa la izquierda busca desaparecer instituciones para tener más dinero para que sus programas sociales le permitan comprar y ganar la elección y despliega a un ejército de brigadistas para hacer proselitismo. Hoy el presidente manifiesta su intención de desacatar la ley electoral y las decisiones del árbitro (el INE) al insistir en mantener vivas las mañaneras durante el proceso electoral que celebraremos en junio de este año.
La izquierda, heredera del 68 y del halconazo del 71, era francamente antimilitarista. Exigía y demandaba que las fuerzas armadas y de seguridad fueran acotadas lo más posible, no utilizadas como aparatos de persecución política y que la ley se aplicara a todos por igual. Hoy el presidente López Obrador ha desplegado al ejército para realizar tareas propias de una autoridad civil, ha incrementado como nunca su presencia en la vida nacional y persigue a sus adversarios mientras protege a sus correligionarios.
La izquierda también pugnaba por detener el uso patrimonialista del Estado y del gobierno, es decir, emplear sus estructuras y recursos como si fueran de propiedad del gobernante. Hoy el presidente López Obrador dispone de los bolsillos de los servidores públicos para financiar sus proyectos, crea programas para apoyar el deporte que le gusta o amenaza con desaparecer el CONAPRED por invitar a debatir a quien le parece indeseable.
La izquierda exigía, también, más y mejores derechos sociales y pugnaba por mayor igualdad para las mujeres. Hoy el presidente que simboliza la izquierda considera que el movimiento feminista es producto de una conspiración conservadora, desestima las llamadas de emergencia en casos de violencia intrafamiliar e insiste en que la familia mexicana es un ámbito de respeto idílico.
En el ideario de la izquierda era imperativo garantizar el Estado laico y la separación de las iglesias y de la fe religiosa de la gestión estatal. Hoy el presidente de México y representante de la izquierda promueve la vinculación colaborativa de la administración pública federal con grupos evangélicos, se defiende de una pandemia con símbolos religiosos, recurre a asociaciones cristianas para distribuir una cartilla moralizante y compite en procesos electorales en coalición con una fuerza política (el Partido Encuentro Social, hoy Solidario) a la que apoyan ministros de culto.
La izquierda también clamaba por una prensa e intelectualidad críticas, pero hoy la prensa y algunos intelectuales de izquierda se resisten a hacer crítica, sumidos en la disonancia cognitiva.
La izquierda en México y muchos otros actores vieron en la creación de organismos autónomos una forma de construcción del Estado necesaria para preservar funciones esenciales de la democracia (procesos electorales), para la defensa de derechos fundamentales (comisiones de derechos humanos y organismos garantes del derecho de acceso a la información) y para garantizar la independencia del poder político de instituciones de enorme trascendencia pública (como la persecución del delito o las decisiones propias de los bancos centrales). Hoy el gobierno federal y su representación política en el Congreso de la Unión han iniciado el proceso inverso para debilitar las autonomías y reconcentrarlas en el presidente, quien trata a la autónoma Fiscalía General de la República como una oficina más del gobierno federal.
En este escenario, México necesita recuperar una noción de izquierda que sea operativa, viable en las urnas, que defienda a capa y espada estos principios básicos de las democracias y que ponga en funcionamiento políticas públicas y decisiones de gobierno congruentes con ellos. La izquierda en México fue muy importante para democratizar al país. Hoy la que está en el gobierno y en el legislativo con Morena pareciera empeñada en des-democratizarlo.
* Sergio López Menéndez es investigador en Controla Tu Gobierno, A.C. (@ControlaTuGob).