blogeditor · 31 de octubre de 2022
México lleva décadas inmerso en una espiral inacabable de tragedia y horror. Particularmente, a partir de 2009, la crisis de derechos humanos se intensificó gravemente y, en algunas regiones del país, la muerte, la desaparición y los desplazamientos masivos por la violencia se volvieron parte de la vida cotidiana. Hoy tenemos una de las situaciones de derechos humanos más preocupantes del hemisferio, en donde la matemática del horror ya abruma y deshumaniza.
Ante ello la respuesta del Estado ha sido, por lo menos, vacilante. Como parte de esta respuesta, en los últimos años se han realizado numerosas modificaciones legales y de diseño institucional. Como parte de las concesiones tácticas (Risse & Ropp) que el gobierno cedió frente a la presión nacional e internacional, se han creado distintas instituciones específicamente pensadas para intentar atender la crisis de derechos humanos desde el Estado. La mera existencia de algunas de estas instituciones –como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o la Comisión Nacional de Búsqueda– es evidencia de que México enfrenta una situación particularmente delicada de derechos humanos.
A la par de la creación de instituciones nuevas, algunos arreglos institucionales ya existentes –como los poderes judiciales, las comisiones de derechos humanos, las secretarías de gobernación/gobierno, la Cancillería, y otras– se reformaron, fortalecieron o adoptaron discursos nuevos para alinearse con un boom normativo indiscutiblemente diferente. Muchas de las modificaciones de las instituciones nuevas o antiguas buscaron responder a solicitudes concretas de la sociedad civil, movimientos de víctimas y de la comunidad internacional.
A pesar de esta transformación institucional, pareciera ser claro que ninguna de estas instituciones ha tenido, ni de cerca, el resultado que se esperaba de ellas. A varios años de distancia de esta nueva realidad institucional, y con la evidencia disponible sobre el agravamiento de la situación del país, pareciera que la idea del gatopardisdmo puede ser un concepto adecuado para definir el nuevo arreglo institucional pro derechos humanos. Cuestionar la efectividad de las concesiones tácticas del Estado para responder a la situación de derechos humanos es particularmente relevante en un escenario en donde la construcción de más instituciones y modificaciones legales parece seguir siendo la apuesta del Estado para responder a sus críticos.
El sexenio que estamos atravesando es un caso de estudio especialmente interesante para explorar las fallas estructurales de instituciones o normas que, desde un punto de vista neutro, tienen un propósito noble y una función que podría ser importante. Los últimos años nos muestran cómo es posible que instituciones fundamentales para nuestra vida democrática actúen con total desdén, hipocresía y contradicción interna hacia las necesidades de las víctimas, al tiempo que ningún contrapeso es suficiente para revertir el daño que causan sus acciones u omisiones.
No deja de ser menor pensar que, en una democracia que se pretende razonablemente consolidada, con instituciones y normas específicamente pensadas para atender una situación de derechos humanos compleja, un Congreso entregue, prácticamente sin oposición, la seguridad pública al Ejército; o que un organismo constitucional autónomo de derechos humanos esté absolutamente rendido ante el régimen en el poder; o que un tribunal constitucional abdique a su función de árbitro, al tiempo que presume con orgullo su entrega al protagonismo de un solo hombre; o que un fiscal general de la república use la institución bajo su poder para encarcelar a sus enemigos; o que una comisión de la verdad, que ya de por sí no era independiente, presentara evidencia que no estaba verificada; o que una subsecretaría de derechos humanos inicie una campaña de acoso contra un juez; o que las víctimas encuentren campos de exterminio y que tengan que sustituir al sistema nacional de búsqueda para encontrar a sus personas desaparecidas; o que una Comisión Nacional de los Derechos Humanos presente denuncias penales contra víctimas, al tiempo que emite un comunicado de 16 páginas para defender al Ejército; o que una comisionada de atención a víctimas dijera que iba a usar sus influencias para que los jueces no la obliguen a cumplir las sentencias que han ganado las víctimas; o que una Cancillería tenga una política exterior que se jacta de tener un enorme compromiso con los derechos humanos, al tiempo que acusa a la Comisión Interamericana de actuar como ariete del conservadurismo.
Los pocos buenos esfuerzos de las instituciones se ven opacados por una cantidad abismalmente superior de silencios cómplices, omisiones criminales y actos poco diligentes, así como por un ensordecedor clima de desprecio absoluto hacia la crítica y la opinión disidente. Las prioridades del régimen avanzan estrepitosamente, al tiempo que el dolor de las víctimas ya invade cada rincón del país.
Pareciera, así, que el aparato burocrático sobre derechos humanos en México está, más bien, diseñado para paliar la situación y no para dar una respuesta real que transforme la realidad de quienes lo necesitan. Vivimos tiempos en donde el Estado ya ha logrado consolidar un modelo de hipocresía organizada (Krasner, D.) razonablemente funcional para lograr “administrar el horror” (Dayán, J.), pero que nunca tendrá la voluntad o capacidad para atender un problema de las dimensiones y características que tenemos. La simulación institucional, sumada a la impunidad estructural y la política de seguridad, genera la tormenta perfecta para que la macrocriminalidad continúe arrebatándonos miles de proyectos de vida.
Es importante cuestionarnos, entonces, si la construcción de más institucionalidad y burocracia (ordinaria o extraordinaria), que desde el diseño no tiene la capacidad o incentivos necesarios para atender causas y consecuencias, ha sido una respuesta adecuada para atender la crisis. Y, más aún, reflexionar si estos arreglos institucionales (entre los que se incluyen burocracias, leyes, discursos, etc.) ya han terminado por manifestarse y vencerse a sí mismas; si se han convertido en un obstáculo en sí mismo para alcanzar lo que supuestamente buscan garantizar; si han convertido al medio en un fin; o si no nos han despojado ya de aquello que debían garantizar (Illich, I).
Frente a un escenario en donde claramente no puede haber expectativas reales de que la situación se atienda y remedie en sede interna; hoy, la comunidad internacional tiene una enorme responsabilidad de asumir un rol proactivo con efectividad y rapidez, a través de acciones que estén a la altura de la crisis humanitaria y no a la altura de la capacidad de influencia diplomática del Estado. Las financiadoras deben ayudar a la sociedad civil a resistir y existir; los países democráticos deben presionar para que México deje de ser reconocido como parte del club de estados respetuosos de la dignidad humana; los organismos internacionales deben ejercer mucha más vigilancia, sin tibiezas ni nimiedades; y las organizaciones de cooperación y asistencia humanitaria deben de ayudar, con responsabilidad y ética, a que la inmensa cantidad de personas que han sido alcanzadas por el horror obtengan asistencia que les permita resistir y no morir sin nunca haber conocido la verdad, la justicia y la reparación.
No se trata tampoco de intentar replicar, de manera acrítica, modelos que han tenido éxito en otras regiones del mundo; ni de pensar que existe una serie de mecanismos infalibles que pueden traer una solución idéntica para cualquier país en el que se implementen, sino de buscar la mejor forma para atender con urgencia y contundencia las necesidades de los cientos de miles de víctimas que nos han dejado décadas de guerras contra el enemigo interno y de hipocresía institucional organizada. Al mismo tiempo, como sociedad civil organizada, nos toca facilitar –desde la esperanza radical (Lear, J.), y con absoluto respeto a los procesos organizativos de base– espacios para (re)imaginar qué procesos de combate a la impunidad y macrocriminalidad pueden ser útiles y posibles para nuestra realidad.
La apuesta del Estado es que el paso del tiempo, la frustración, la acumulación de la tragedia y la polarización generen condiciones suficientes para que el olvido se abra paso entre un mar de dolor y desesperación. La simulación institucional de nuestros gobiernos no nos debe distraer ni confundir. El horror que vivimos, y el dolor de las víctimas elevan un poderoso imperativo ético para imaginar y construir alternativas reales que nos permitan caminar hacia el tan anhelado nunca más.
* Víctor Alonso Del Pozo es abogado por el CIDE y subdirector de la CMDPDH. Miguel Ángel Alcaraz es abogado por la UDG y abogado senior en el Área de Defensa de la CMDPDH.