blogeditor · 7 de octubre de 2011
Vivimos en la oscuridad cuando no contamos con información, pero si la información existe entonces podemos vivir mejor.
María Marván, IFAI.
Por José Tapia, Director de Estrategia e Investigación en México Evalúa
La iniciativa de Gobiernos Abiertos, firmada el 20 de septiembre por México, nos da la oportunidad de que la información pública sea conocida y compartida por todo aquel que esté interesado en ello. Debemos señalar que México fue parte de ocho países convocados por contar con una de las leyes más avanzadas en transparencia y acceso a la información pública a nivel internacional, pero además por contar con uno de los pocos sitios interactivos a nivel mundial para hacer solicitudes de información de forma remota (Infomex). Asimismo, por parte de nuestro país participó un grupo de organizaciones de la sociedad civil quienes trabajan en temas relacionados.
La iniciativa provino de Estados Unidos, y fue una de las primeras iniciativas del Presidente Obama. El mecanismo fue tan sencillo como esto: se solicitó a todas las agencias de gobierno estadounidenses informar cuántas y cuáles bases de datos existían en su haber, y una vez hecho el inventario se promulgó un decreto por el cuál se daba un plazo de 90 días para que todas estas base de datos fueran publicadas en los respectivos portales de Internet. Se pidió también que la información fuera de libre acceso y en formato útil al ciudadano. De esta forma, TODA la información que existe y nunca había visto la luz en ese país está hoy disponible en línea.
Sin duda, este discurso de gobiernos abiertos es un discurso muy nuevo en México y por tanto podría tardar en aterrizar de forma concreta como una línea de acción específica, sobre todo entre nuestros servidores y funcionarios públicos.
Este instrumento puede ser una herramienta muy poderosa, ya que en corto plazo puede convertirse en un elemento que transforme de manera definitiva la forma cómo opera el gobierno y cómo se puede beneficiar éste de la participación ciudadana.
La idea es que toda la información que existe y genera cualquier institución pública en nuestro país sea de libre acceso, completa y en formato utilizable por todo ciudadano que quiera obtenerla (no se valen esos formatos PDF o copias escaneadas ilegibles que la autoridad en México está acostumbrada a ofrecer). Se trata de que TODA la información del gobierno sea una caja de cristal accesible a cualquier ciudadano. El principio es simple: al compartir la información se pueden generar eficiencias en términos de reducción de costos, eficiencia en entrega de servicios, mejora en tiempos de respuesta y mejor interacción entre organismos e instituciones públicas.
Pero quizá el elemento más poderoso de esta apertura que plantea la iniciativa, y a la vez el más temido por los funcionarios públicos, es la posibilidad de que ciudadanos comunes y corrientes podamos hacer propuestas y mejoras con base en esa información pública. Se ha comprobado que los ciudadanos pueden utilizar de mejor forma la información que el gobierno detenta con tanto celo, este es un principio básico de la innovación, alguien externo puede ofrecer soluciones distintas a los mismos problemas.
Imagínese, por ejemplo, el tamaño de afrenta para un servidor público cuando, como ya ocurre en otros países, alguien externo utilice una serie de datos, la analice y encuentre mejores formas de por decir algo, distribuir apoyos alimenticios, utilizar métodos más eficientes en uso del agua, o simplemente ayudar a identificar de forma inmediata los baches y calles que no tienen señalización.
Lamentablemente, todas las barreras que existen hoy al acceso a la información pública sólo sirven para perpetuar un anquilosado e ineficiente aparato burocrático. El costo de resguardar la información o de tenerla en formatos inútiles es muy grande y parece que el gobierno no lo ve. Lo mejor que puede suceder es que los gobiernos entiendan que el ciudadano puede ayudarles a gobernar y a dar legitimidad a sus políticas.
El futuro será poder utilizar estas bases de datos con georeferenciación, y así ubicar, a nivel de municipio, colonia y calle la información que sea útil para cada persona. Ya sea ésta relacionada a cuestiones de salud, educación, agua, participación política o cualquier otro asunto de interés particular.
En fin, los beneficios que puede traer una iniciativa de este tipo son enormes, pero requiere que nuestros gobernantes puedan cambiar la forma en que tradicionalmente se han conducido. Quizá por ello las iniciativas concretas que se presentan atienden asuntos que cuentan con cierto avance. Por ejemplo, la SEP publicará en internet la base de datos de Enlace y la lista completa de sus profesores; La Secretaría de Hacienda trabaja en una iniciativa de presupuesto georeferenciado; y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se ha comprometido a publicar un reporte de incidencia delictiva.
Debemos reconocer que hoy no se abre la información al ciudadano ya sea por temor, desconfianza, soberbia o ineptitud. Gracias a un acuerdo de este tipo esto puede empezar a cambiar. Pero, ¿estarán nuestros gobernantes a la altura del reto?
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