La ingobernabilidad de los Ceresos

El año inició de una manera trágica en México. Amanecimos el primero de enero con la noticia de que un comando armado había asaltado el Centro de Readaptación Social (Cereso) 3 en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿El objetivo? Liberar a un reconocido líder criminal generador de violencia, El Neto, que permanecía en el Cereso estatal tras haber ganado un amparo contra su traslado a una prisión federal. En el evento murieron 10 custodios, algunos de los cuales, según información de diversos medios, habrían sido traicionados, torturados y fusilados antes de la entrada del comando. Tras la irrupción, se desató un motín en el penal y la fuga de 27 internos. Las persecuciones y enfrentamientos se sucedieron a lo largo del día, sembrando el caos en la ciudad fronteriza.

Como siempre que se dan estos hechos, emergió a la luz pública una situación de autogobierno. Se difundió en los medios de comunicación la existencia de celdas VIP con todas las comodidades, como pantallas, sillones, alcohol, drogas e, incluso, un jacuzzi. El Neto no solo vivía en una de estas celdas, sino que además contaba con una caja fuerte donde se encontraron casi 2 millones de pesos. En días posteriores, circuló en redes sociales un video donde supuestamente festejaba, dentro del Cereso, el aniversario de su agrupación criminal con músicos en vivo.

Nada de esto es nuevo: según el Diagnóstico Situacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) de la CNDH, que se realiza desde 2012, el Cereso 3 presentaba en 2021 insuficiencia de personal de seguridad y custodia y presencia de actividades ilícitas. En 2020, además, se declaraba que sufría insuficiencia de personal de seguridad y custodia, presencia de actividades ilícitas, extorsiones y sobornos. Todos estos elementos han sido recurrentes a lo largo de los diagnósticos elaborados por la CNDH. Además, año tras año se reportó en este centro sobrepoblación, hacinamiento y deficientes condiciones materiales y de higiene.

A pesar de todo esto, Chihuahua es la entidad con el mejor promedio en las calificaciones que otorga la CNDH en los centros penitenciarios y el Cereso 3 no se ubicaba entre los peor calificados del país. Documenta, A.C. ha conformado una base de datos con la información de los DNSP entre 2012 y 2019, último año en que se cuenta con la calificación desagregada obtenida por cada penal en cada rubro evaluado. En 2019, el Cereso 3 obtuvo un 6.95 general y una calificación de 7.41 en gobernabilidad; ese mismo año, el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas, fue el peor evaluado en gobernabilidad con una nota de 1.94. Ese año, 106 penales, de 194 evaluados, recibieron peores calificaciones en gobernabilidad que las que obtuvo el Cereso 3.

La situación se extiende a lo largo y ancho del país. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, el 36% de las personas privadas de su libertad ha visto a otros reos realizar actividades de seguridad o funcionamiento del centro penitenciario, siendo el manejo de las llaves de las celdas la más común; pero también se incluyen la asignación de celdas, su vigilancia, el cobro por bienes o servicios y la imposición de sanciones a otros reclusos. En dicho instrumento también se exhibe que, de quienes reportaron haber realizado un pago ilegal para recibir un servicio o beneficio al interior de su centro penitenciario, una tercera parte reportó haber realizado el pago a otro interno. Nuevamente, Chihuahua no se encuentra entre las entidades que reportan mayores índices de autogobierno, sino que, inclusive, está por debajo de la media nacional. Mientras en Chihuahua solo el 24% de los presos reportó haber visto situaciones de autogobierno, en el Estado de México, la entidad con mayor prevalencia, lo hicieron el 61% de los reos.

Todo esto apunta a una situación crítica. Bajo estas condiciones la reinserción social no es más que un mito. Es imposible la implementación de programas de reinserción exitosos en un contexto donde no se cuenta con pleno control de estos centros y donde toda iniciativa puede caer en las manos de la extorsión de autoridades o reclusos.

Además, la falta de control de las cárceles es un reflejo de las instituciones del Estado mexicano. Las prisiones han sido calificadas en la literatura sociológica como la principal institución total de un Estado, en donde este puede ejercer de manera más clara y transparente su capacidad de coerción y control sobre las conductas. Pues bien, las autoridades formales del Estado mexicano demuestran cotidianamente, por incapacidad o colusión, que no cuentan con el control de los centros penitenciarios.

No esperemos al próximo motín o fuga que ponga en la palestra las condiciones de autogobierno en las cárceles mexicanas. La reconstrucción del sistema de seguridad pública pasa, irremediablemente, por rescatar las prisiones y ofrecer reinserción social a las personas privadas de su libertad.

@causaencomun