La incursión de la fuerza militar en la impartición de justicia civil

El pasado 23 de octubre, el Comandante de la Guardia Nacional, el GENERAL (así, con mayúsculas), Luis Rodríguez Bucio, publicó el Acuerdo por el que se asignan a la Dirección General de Seguridad Procesal de la Unidad de Órganos Especializados por Competencia de la Guardia Nacional, las funciones de Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso.

Lo anterior implica que los elementos de la Guardia Nacional tendrán injerencia directa en los procesos del orden criminal cuando un Juez tenga que decidir si una persona imputada es sometida a prisión preventiva o se le dicta otra medida cautelar (fianza, arresto domiciliario, colocación de localizador electrónico, prohibición de salir del país, etc.) para garantizar la conducción del proceso.

La injerencia a la que se hace referencia implica que, a partir de ahora, la Guardia Nacional será parte formal en todos los procedimientos penales del orden federal y se encargará de sugerir al Juez de la causa qué medidas cautelares debe dictarle a las personas que sean sujetas a un proceso penal y cuál es el riesgo que representan para la sociedad. Es decir, tendremos a una fuerza materialmente militar, con todo lo que ello implica, señalándole a los jueces qué imputados deben pasar su proceso en libertad y quiénes deben ser encerrados en prisión desde el inicio de su proceso.

Si bien las facultades que ahora se atribuyen a la Guardia Nacional –contempladas en el artículo 177 del Código Nacional de Procedimientos Penales– antes correspondían a la Policía Federal (DOF-19/Jul/19), hemos visto cómo en la práctica la nueva corporación del presidente López Obrador solo tiene de civil lo que indica el papel. En la realidad, como explicaré más adelante, es una fuerza militar que simula ser del orden civil. De ahí que resulte alarmante su incursión en el sistema de impartición de justicia.

Como bien explica Alejandro Hope –La obsesión militarista de López Obrador– casi no existen tareas consideradas importantes en la administración pública federal que no hayan sido ya encomendadas a las fuerzas castrenses. Desde la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, la supervisión del proyecto del Tren Maya, la injerencia en el desarrollo de la refinería de Dos Bocas, el control de puertos y aduanas y la edificación de las sucursales del Banco del Bienestar, hasta la participación en la adquisición de medicamentos, de insumos médicos para la atención de la pandemia y el abasto de gasolina. Se insiste, todas aquellas funciones pertenecen al Poder Ejecutivo Federal. Sin embargo, por si lo anterior fuera poco, tenemos por primera vez al ejército entrometiéndose –por decreto– en las funciones de otro poder, el Judicial.

Por más énfasis que se haga en el discurso oficialista en que la Guardia Nacional es pueblo uniformado que protege al pueblo, y que el artículo 21 de la Constitución indique que es una institución policial de carácter civil, la realidad es otra. Arturo Ángel da cuenta acerca de cómo, además de ser dirigida por un militar, esta corporación está conformada casi en su totalidad por elementos que provienen de las fuerzas armadas. El periodista reportó en abril de este año –Opacidad, simulación y dudosa eficacia: La Guardia Nacional a un año de su creación– que más del 80% de sus elementos y el 100% de sus mandos son soldados que provienen de las fuerzas armadas y, además, son formados, capacitados y contratados por el Ejército. De ahí que resulte absurda y alejada de la realidad cualquier referencia la Guardia Nacional como una fuerza del orden civil o como una corporación policial encargada de proteger a la ciudadanía. Son fuerzas armadas al servicio del presidente de México encargadas de proteger los intereses de su proyecto político, llamado transformación.

La autonomía del Poder Judicial de la Federación y de la impartición de justicia, hoy más que nunca, se encuentra en riesgo. Los constantes ataques desde la palestra mañanera a jueces, magistrados y ministros que toman decisiones de carácter independiente pero que desagradan a López Obrador demuestran una intrusión del Poder Ejecutivo en el Judicial. Las reformas de carácter penal propuestas por el presidente y aprobadas por el partido en el poder desde el Congreso de la Unión a través de las cuales se limitan los derechos humanos y se amplían las facultades de las autoridades en materia criminal, lastiman al Estado de Derecho. Las constantes acciones de algunos miembros de la cúpula del Poder Judicial en donde pareciera que se busca agradar el proyecto político dictado desde el palacio nacional, es alarmante. Si a todo esto agregamos que ahora la Guardia Nacional –y, en última instancia, el comandante supremo de las fuerzas armadas– tendrán injerencia directa en la decisión de si determinada persona vinculada a proceso deberá aguardar tras las rejas su sentencia, tenemos una fórmula perfecta de concentración de poder, autoritarismo y sumisión al Poder Ejecutivo del cual difícilmente podremos dar marcha atrás.

* Gerardo Carrasco Chávez (@GerCarrasco90) es director jurídico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, abogado de la Escuela Libre de Derecho y profesor de la Maestría en Anticorrupción de la Universidad Panamericana.