La impunidad que sigue…

Generalmente, el debate en materia de seguridad en México se enfoca en discutir cuál es la mejor respuesta del gobierno frente a las actividades criminales cometidas por distintos grupos de la delincuencia organizada. Así, han pasado de la narrativa de la estrategia de seguridad de un ataque frontal —supuestamente excepcional— a manos de las Fuerzas Armadas mexicanas contra cabecillas de dichos grupos, a una presunta política de no enfrentamiento con ellos o “abrazos, no balazos”, como le llama el presidente.

Si bien el gobierno en turno ha apuntado correctamente que la estrategia de seguridad debe también atender las causas —y no solo las consecuencias— de la violencia, lo cierto es que carece de una visión de Estado que pueda lograrlo de manera holística. Peor aún, el partido en el poder ha profundizado las peores prácticas del (tan atractivo como dañino) populismo punitivo; basta con leer los vestigios del artículo 19 constitucional, que ya reformado contempla la friolera cantidad de 16 delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. Esta figura, por la que los jueces deben encarcelar obligatoriamente cuando existen simples indicios de que se han cometido uno de esos delitos, ha provocado un incremento significativo en el número de personas privadas de la libertad 1 y es violatoria de múltiples derechos humanos (como hemos insistido incansablemente desde la sociedad civil 2 y en organismos internacionales 3).

Al decir que no existe una visión de Estado holística para atender el problema de inseguridad en México, me refiero a la falta de voluntad política y presupuestaria para fortalecer —en todo nivel— a los actores involucrados en el sistema de justicia para erradicar la impunidad. Los problemas que aquejan a nuestro país no se van a resolver con más cárcel, más enfrentamientos y más militarización, como lo demuestran los casi 16 años de apostar por ello con nulos resultados. Tampoco mejorarán las condiciones de seguridad si solo se fortalece un eslabón de ese sistema de justicia, como puede ser la transformación de un cuerpo militarizado como lo es la Guardia Nacional hacia una verdadera policía civil. Si tuviéramos una policía civil profesional, bien remunerada y respetuosa de los derechos humanos, aún se requerirían fiscalías, jueces y penitenciarías independientes que cumplan con esas características para que la lucha contra la impunidad sea una empresa plausible.

Sobre este punto, se ha demostrado que la incidencia delictiva no disminuye solo porque exista una pena para determinados delitos, sino que, para que dicha pena produzca un verdadero efecto intimidatorio se requieren tres requisitos: severidad, celeridad y certeza 4. Es decir, para que disminuya la incidencia delictiva no basta con imponer más y mayores penas en nuestros códigos penales, más bien depende de la certeza que tienen las personas y las instituciones de que sus acciones tendrán una consecuencia rápidamente; es decir, de que sus delitos no permanecerán impunes. En palabras de Sergi Cardenal, “(l)a mayoría de la doctrina considera que la probabilidad de castigo es el factor que tiene mayor importancia en el proceso disuasorio” 5.

Por estas razones, si la estrategia de seguridad mexicana continúa ignorando el tema toral de la impunidad, seguiremos escuchando con impotencia múltiples historias de violencia y violaciones graves de derechos humanos, mismas que lastimosamente ocurren con tanta frecuencia en nuestro país. 

Un ejemplo de estas violaciones graves es la desaparición forzada de personas, el llamado “crimen perfecto” que se comete con casi absoluta impunidad en México. Sobre este crimen internacional, en su informe publicado tras su visita a nuestro país en noviembre de 2021, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU consideró que “(l)a impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”. Para poner esta realidad en cifras, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC (CMDPDH), ha documentado que, entre 2006 y 2021, existieron mil 702 denuncias por desaparición forzada a nivel federal, de las cuales solo 40 fueron judicializadas, es decir, el 2.3%. En un país en que recientemente se rebasó la escalofriante cifra de 100 mil personas desaparecidas o no localizadas.

A las desapariciones forzadas se suman las alarmantes cifras de impunidad que amparan a los perpetradores de otros crímenes generalizados o sistemáticos, como son las ejecuciones extrajudiciales y la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En la CMDPDH hemos documentado que, de todos los asesinatos cometidos por agentes federales entre 2006 y 2021, solo se cuentan con 50 investigaciones por ejecuciones extrajudiciales. En cuanto a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes,  de las 15 mil 667 investigaciones por estos casos a nivel federal en el mismo período, solo se judicializaron el 0.43% y se emitieron tres sentencias. 

Por último, como concluyó el Comité de Derechos Humanos de la ONU en sus Observaciones finales de 2019, en México existe una situación de grave impunidad respecto de los delitos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas 6. Como evidencia de ello, Artículo 19 ha documentado que, desde la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión en 2010 hasta diciembre de 2021, solo se han obtenido 28 sentencias de 1469 indagatorias por crímenes contra periodistas. 

Por todo lo anterior, distintas organizaciones de la sociedad civil hicimos recientemente una serie de recomendaciones al Estado Mexicano para atender la impunidad que sigue vigente en nuestro país. Entre estas recomendaciones, solicitamos al gobierno: 

• Investigar y enjuiciar todos los crímenes y violaciones graves de derechos humanos que se cometen en México de manera pronta, exhaustiva e imparcial.
• Reforzar, mediante la asignación de recursos necesarios, la capacidad de investigación, autonomía e independencia de fiscalías y de los servicios periciales, así como consolidar el sistema acusatorio.
• Adoptar medidas de protección de testigos, víctimas y sus familiares. 
• Erradicar todas las causas estructurales de la impunidad, acabando con las prácticas que obstaculizan el acceso a la justicia y perpetúan los crímenes atroces y las violaciones graves de derechos humanos en México.

 

* Carlo Carvajal (@CarloCarvajal) es oficial de Incidencia en la CMDPDH.

 

1 Animal Político, Prisión Preventiva: El arma que encarcela pobres e inocentes, 26 de octubre de 2021, Disponible en esta liga.

2 José Antonio Guevara Bermúdez y Lucía Guadalupe Chávez Vargas, La prisión preventiva oficiosa: contraria a derechos, ineficaz y costosa (2020), Disponible en esta liga.

3 Comunicado de prensa de la ONU-DH México de 20 de febrero de 2019, disponible en esta liga; Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 46/13 30 diciembre 2013, Disponible en esta liga.

4 Sergi página 9.

5 Ibid página 10.

6 Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de México (2019), (CCPR/C/MEX/CO/6), párrafo 42.