Redacción Animal Político · 19 de septiembre de 2025
El jueves 18 de septiembre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer la congelación de bienes y propiedades de 22 objetivos, siete personas y 15 empresas, en relación con una red regional operando en Rosarito, Baja California, ligados a la facción del Cártel de Sinaloa, Los Mayos.
Entre los sancionados se encuentran el líder de la facción en dicha plaza, Juan José Ponce Félix “El Ruso” (acusado desde el 2015 en una corte en San Diego y por quien el Departamento de Estado ofrece 5 millones de dólares) y la exalcaldesa de Rosarito y hoy diputada del Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, Hilda Araceli Brown.
Tras el anuncio, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dijo que su país está comprometido “a desmantelar a los cárteles” y que las sanciones anunciadas “reflejan ese compromiso y la determinación compartida con México para detener sus operaciones en cada una de sus etapas”.
En lo que sí es un hecho inédito, la Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera emitió ayer mismo un comunicado donde anuncia el bloqueo administrativo de las personas y empresas señaladas en el marco de la intensa colaboración que mantiene México y Estados Unidos a partir de que la Administración Trump decidió que esos eran sus métodos para acabar con el narcotráfico.
Es justo aclarar que ser incluido en la famosa y temida lista negra de la OFAC es la forma que el gobierno estadounidense tiene de anunciar que están investigando las actividades de personas o empresas presuntamente ligadas a actividades criminales que afectan a los Estados Unidos. En muchos casos es letra muerta, pues la amenaza de congelar bienes a los sospechosos no aplica dado que sólo en contados casos alguno tiene cuentas bancarias o propiedades sujetas a la sanción.
La lista que se renueva cada 3 o 6 semanas, está compuesta de dos partes: la de aquellos que acaban de ser incluidos y la de quienes salen de la misma. Muchos de los que dejan de aparecer en la lista lo consiguen gracias a que las investigaciones que los ligaban con alguna actividad criminal estaban equivocadas, quedando así libres de toda sospecha. Sin embargo, el daño a su reputación sí que es permanente o tardará al menos algunos años en blanquearse.
Ejemplo de lo anterior es la sanción que el Departamento del Tesoro aplicó en agosto del 2017 al hoy exfutbolista Rafael Márquez y al cantante de corridos Julión Álvarez, ambos acusados de lavar activos del narcotráfico. Los medios de comunicación, como el brazo armado que somos de estos avisos emitidos por las sacrosantas agencias estadounidenses, corrimos a dar la nota sin corroborar nada, pues se supone que debemos confiar en la seriedad y calidad de dichas investigaciones.
Una muestra diáfana de que las agencias dependientes del Departamento de Justicia se equivocan más de lo que están dispuestos a aceptar es que a finales de mayo del 2022 tanto Márquez como Álvarez fueron retirados del oscuro inventario por falta de pruebas y sin recibir siquiera un justo “usted disculpe”. Tenemos, en un callado rincón que poco excita a la prensa, la lista de casos contaminados por la corrupción donde un acusado, como fue Jesús “El Rey” Zambada (aunque la lista de narcos redimidos por el Departamento del Tesoro es amplia) quedó fuera de las sanciones de la OFAC tras volverse amigo de las agencias de seguridad para las que trabaja de soplón. Esa historia de sacar a sospechosos cuyas pruebas no se sostuvieron o que fueron despojados de su anterior perversidad tras colaborar con el gobierno, sucede cada que la OFAC decide actualizar sus listas.
Estados Unidos tiene todo el derecho de investigar y tomar las medidas que juzgue prudentes para garantizar la seguridad de sus ciudadanos e instituciones. A lo que no deberían tener derecho es a manchar la reputación de las personas y si, en todo caso, comprueban de manera inobjetable la participación de cualquier extranjero en el narcotráfico, el lavado de activos, el terrorismo, la venta de armas o cualquier otra actividad criminal, que inicien los procesos penales y de extradición para ponerlo delante de un juez con PRUEBAS FÍSICAS, no sólo con evidencias testimoniales y forzadas, e infundadas sospechas de un puñado de agentes dispuestos a cualquier cosa con tal de justificar su sueldo.
Con esto tampoco quiero decir que la legisladora morenista Brown sea inocente. Pero, aunque en un mensaje que subió a sus redes sociales trató de desligarse y se dijo “firme” para comparecer ante cualquier autoridad, su reputación ya ha quedado percudida y su caso se utiliza como un arma política más del golpeteo contra la actual administración, el cual en ocasiones está más respaldado por mitos que por hechos.
Insisto: aparecer en las listas de la OFAC es apenas el primer atisbo de una presunta culpabilidad que en ocasiones no se sostiene. No entiendo porque las seguimos tomando tan en serio.