blogeditor · 5 de diciembre de 2013
Por: Francisco Sandoval Alarcón (@Mrterremoto)
El trabajo periodístico en contextos de manifestaciones sociales resulta de especial importancia para que la sociedad conozca asuntos de interés público, por lo que las autoridades tienen el deber de prevenir las agresiones contra la prensa además de investigar, enjuiciar y sancionar a las responsables de actos cometidos contra quienes ejercen el periodismo. En la práctica, lamentablemente, las autoridades se convierten en una de las fuentes agresoras de la prensa y sus agresiones quedan impunes en poco más del 90 por ciento de los casos.
Desde que tomó posición Enrique Peña Nieto como Presidente de México el 1 de diciembre de 2012, en la Ciudad de México se han suscitado una serie de agresiones contra manifestantes, periodistas y defensores de los humanos que participan o documentan la protesta social. La marcha del pasado 2 de octubre por ejemplo -conmemorativa del 45 aniversario de la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco-, representó para Artículo 19 el ataque más violento contra la prensa en un acto de protesta. En esa ocasión se documentó que poco más de 50 periodistas fueron agredidos. Los responsables en por lo menos 32 casos fueron policías capitalinos.
La red solidaria #RompeElMiedo, implementada ese 2 de octubre, se puso en marcha con el objetivo de documentar la actuación de los policías y las personas que agreden a la prensa en actos de protesta. Su activación, además de facilitar la documentación de agresiones a la libertad de expresión, activó una red que permitió monitorear en tiempo real a los periodistas y defensores de los derechos humanos que acudieron a documentar la movilización.
El domingo 1 de diciembre, en el marco de las manifestaciones sociales celebradas en la Ciudad de México, la red #RompeElMiedo se reactivó. En esta ocasión alrededor de 150 defensores y periodistas, encabezados por ARTICLE 19, se unieron para monitorear a sus propios colegas, brindar apoyo legal y físico en caso de requerirlo y documentar la actuación de la policía en caso de excederse en sus funciones.
[contextly_sidebar id=”5c93ef130fed00214fb520478cc4cc30″]Para tranquilidad y fortuna de los integrantes de la red, la protesta del domingo no tuvo punto de comparación con lo ocurrido el 2 de octubre. En este nuevo ejercicio se documentó la detención arbitraria de una comunicadora social integrada a la red #RompeElMiedo, que fue liberada casi 4 horas más tarde; la agresión de dos periodistas por parte de policías, y el ataque con piedras a las instalaciones de Televisa a manos de personas encapuchadas. Si bien estos resultados podrían traducirse en una reducción significativa de la violencia en actos de protesta, lo cierto es que sólo evidenciaron la falta de protocolos por parte de la policía del Distrito Federal para garantizar la seguridad de las personas que documentan estos actos. De ahí que en tanto la autoridad capitalina no presente un verdadero cambio en su modelo para proteger a las personas que se manifiestan y documentan la protesta en la capital político de México, alianzas como #RompeElMiedo seguirán implementándose cada vez con mayor fuerza. Tal y como ocurrió el pasado 1 de diciembre, cuando 150 personas decidieron aliarse para defender lo que es considerado un derecho de derechos: la protesta.
* Francisco Sandoval Alarcón es Periodista y defensor de derechos humanos. Trabaja como oficial adjunto en protección en la organización Artículo 19.