La Implementación de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos

Por: Tania Espinosa Sánchez (@espinosamente)

En un ejercicio de colaboración entre el Centro Jurídico para los Derechos Humanos (CJDH), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Fundación Konrad Adenauer, la Asociación Mexicana de Abogados Lasallistas (AMAL) y la Universidad La Salle realizaron el foro “Implementación de la Reforma Constitucional de los Derechos Humanos” el 11 y 12 de noviembre de 2014, con el objetivo de conocer el trabajo y los pendientes de cada uno de los actores involucrados en trasladar lo escrito en 2011 en la Constitución Mexicana a la realidad cotidiana.

La Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011 significa, más que un paradigma, una ambiciosa transformación social en nuestro país en la cual tanto agentes del Estado y sociedad civil, organizada o no, tenemos una tarea que realizar dentro del entramado de las llamadas “facultades, derechos y obligaciones” para lograr vivir ese México justo, igualitario, de tolerancia, dignidad, respeto y paz que anhelamos.

En ese afán y con el fin de tener un panorama completo del trabajo realizado para cumplir la Constitución, al conformar el programa del foro se invitó a representantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, buscando que existieran también intervenciones de carácter local, a comisiones públicas de derechos humanos, agencias de cooperación internacional, organizaciones e integrantes de la sociedad civil y la academia.

Es importante compartir algunos puntos de cómo se vivió la organización del evento, particularmente en la relación sociedad civil–autoridad. Llamó la atención la dificultad de la convocatoria en dos mesas de funcionarios que se esperaría, en inicio, tuvieran gran interés en rendir cuentas mediante un evento académico. Tal fue el caso de varias presidencias de las comisiones públicas de derechos humanos y altos funcionarios del poder judicial federal y local, encargados de temas de derechos humanos, que aunque habían confirmado sus participaciones con anticipación, cancelaron pocos días antes o incluso sobre el evento.

Esto, más allá del foro mismo, podría ser un indicador de la lejanía o cercanía que dichas instituciones tienen con la sociedad civil organizada dentro de su trabajo diario y de la importancia que dan a mostrar resultados a la sociedad en general. De hecho, esa actitud fue contrastante con la participación del poder Ejecutivo y Legislativo, autoridades que más de una vez han contemplado mecanismos de participación de la sociedad civil, independientemente de lo cuestionable o no que puedan resultar.

La mesa que generó mayor polémica y reacción por parte de la audiencia fue la del poder ejecutivo, en la que participaron Alejandro Alday, Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Ricardo Sepúlveda, Director General de Política Pública en Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); Juan Carlos Arjona, Director General de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), y Juan José García Ochoa, Subsecretario de Gobierno del Distrito Federal (GDF).

Dicho momento fue aprovechado por un grupo de alumnos para manifestarse pacíficamente dentro del auditorio Fabres Cordero de la Universidad La Salle por la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero. En ese sentido fue relevante que en el ejercicio de preguntas y respuestas, en medio de la manifestación, el menor número de preguntas estuvieran dirigidas al funcionario de la PGR.

Los medios de comunicación que cubrían el evento publicaron notas con variantes que giran alrededor del titular “Alumnos de La Salle protestan por Ayotzinapa” y siempre aludiendo a la presencia del funcionario de la PGR, aunque omitiendo otros cuestionamientos de los estudiantes a los demás funcionarios, así como las respuestas de éstos.

Por otro lado, la mesa del poder Legislativo, integrada por los diputados Carlos Angulo y René Fujiwara, ambos Secretarios de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y por la senadora Adriana Dávila, también Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, dio lugar a cuestionamientos sobre la elección de la Presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se realizaría al día siguiente, así como sobre el trabajo legislativo realizado y no realizado.

Regresando al objetivo del foro, ¿se cumplió o no? En mi opinión no se logró el objetivo porque no tenemos una mayor claridad sobre el estado de la implementación de la Reforma, y por el contrario tenemos un montón de información desbalagada que no nos permite tener, precisamente, claridad. Sin embargo, aún con ello, sí nos quedó la claridad sobre la importancia de seguir dialogando sobre el tema y por supuesto, de continuar con su promoción.

La Reforma Constitucional en Derechos Humanos de 2011, o nuestra Constitución vigente, como se le prefiera llamar, ambiciona un nuevo México que no se va a ver en el corto plazo. La sociedad civil ganó después de muchos años la lucha jurídica, gracias a la cual hoy podemos exigir con mayor facilidad derechos con gran alcance, pero tomará otros varios años ver la realidad jurídica materializada e interiorizada en cada persona.

Los retos son muchos y la mesa de la sociedad civil dejó ver cómo hay muchas organizaciones y personas trabajando en diferentes aspectos relacionados con la implementación de la Reforma. Como se dijo en el foro, la realidad es que estos esfuerzos por sí mismos contribuyen a transformar a la realidad, pero no la transforman per se. La sociedad civil tendría que organizarse mucho más para ir avanzando más rápido. Se requeriría para empezar una división temática del trabajo, por poder de la unión y por nivel de gobierno, así como un plan con objetivos, indicadores y tiempos.

Aún con ello, como se dijo antes, la implementación de la reforma requiere un trabajo conjunto, por lo que este plan se debería de realizar también para cada poder de la unión en cada nivel de gobierno, sin dejar del lado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las comisiones estatales. Esta coordinación entre funcionarios públicos y sociedad permitiría hacer una evaluación respecto a objetivos, indicadores y tiempos cumplidos e incumplidos.

En respuesta a nuestro amigo Karlos Castilla, que constantemente nos cuestionó por hablar de “Implementación de la Reforma Constitucional” en vez de llamarle simplemente “Inconstitucionalidad” o “Aplicación de la Constitución”, hay que aclarar que en efecto una falta de implementación de la Reforma trae consigo actos de inconstitucionalidad. También es cierto que fuera del ámbito estrictamente jurídico, se puede hablar de una falta de implementación o falta de ejecución de la Reforma, lo cual inmediatamente refiere a aquellos puntos reformados, valga la redundancia, en 2011, que hoy constituyen sin duda el cuerpo de nuestra Constitución.

Finalmente, la mayor dificultad que vemos en la parte de socialización de la Constitución es que el debate se queda atrapado en el ámbito jurídico y delas relaciones internacionales. No hemos logrado encontrar la forma de comunicarnos con otras disciplinas y con las y los mexicanos en general, con lo cual no se contribuye a potenciar el motor para dar mayor velocidad a la transformación que la Reforma conlleva.

Con el fin de continuar con la promoción de la Reforma en Derechos Humanos y permitir que los no asistentes puedan formarse una opinión personal sobre lo acontecido, el foro estará disponible en línea en las semanas próximas.

 

* Tania Espinosa Sánchez es Directora General del Centro Jurídico para los Derechos Humanos (@cjddh)