La imperante necesidad de evaluar el programa de Interrupción Legal del Embarazo

Por: Natalia Calero Sánchez (@nataliacaleros)

El próximo jueves 24 de abril se cumplen siete años de la publicación de las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud locales que no sólo despenalizaron el aborto en las primeras doce semanas, sino que impusieron al gobierno local la obligación de proveer el servicio de interrupción del embarazo en clínicas de la Secretaría de Salud.

En el dictamen final de las comisiones encargadas, los asambleístas señalaron que los objetivos de crear un programa de interrupción legal del embarazo (ILE) y de despenalizar el aborto, eran los siguientes:

1. Garantizar los derechos fundamentales que consagraba la Constitución a las mujeres, en específico, la libertad de decisión respecto de su cuerpo y del número y espaciamiento de los hijos, y,
2. Garantizar la vida y el cuidado de la salud de las mujeres en edad reproductiva que deciden interrumpir su embarazo; es decir, disminuir la morbilidad y mortalidad maternas asociadas a abortos clandestinos. (En 2012, este tipo de aborto fue la tercera causa de mortalidad materna en nuestro país, después de la hipertensión gestacional y las hemorragias).

Más allá de la postura que cada uno adopte frente al tema del aborto, la ILE es, desde hace siete años, un programa público del Gobierno del D.F. que, como tal, debe ser monitorizado y expuesto al escrutinio público para que pueda ser examinado. La evaluación de las acciones gubernamentales es necesaria porque brinda elementos para que éstas mejoren y sean más eficaces, hace transparente la gestión del gobierno, incentiva la rendición de cuentas y da luz sobre acciones alternativas que podrían ser implementadas a futuro[1].  Así, la evaluación de toda política pública resulta indispensable no sólo porque es un instrumento que permite generar información relevante para la toma de decisiones de los servidores públicos, sino porque es una herramienta para el control del poder por parte del ciudadano, quien, con base en los resultados de la evaluación, exige cuentas sobre el uso de recursos y la eficacia de la acción del gobierno.

La gran pregunta que buscaría responder una evaluación de impacto al programa de ILE es: ¿ha logrado los objetivos para los que fue creado? Pero con los elementos con los que cuenta la Secretaría de Salud, la respuesta no es evidente: no podemos saberlo a ciencia cierta. Podemos afirmar que al menos hasta febrero de este año 116,537 mujeres, en su mayoría del D.F. y del Estado de México, han acudido a clínicas de la Secretaría para someterse a un proceso de ILE y, con ello, han ejercido libremente la decisión de tener o no hijos y su derecho a la salud ha sido, de igual forma, garantizado. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones nos responde si el gobierno del D.F. ha logrado llevar el programa de ILE a las mujeres en situación de pobreza que son quienes, según la Organización Mundial de la Salud, se ven más afectadas por las causas que provocan la mortalidad materna. Tampoco nos permite saber si el Gobierno del D.F. conoce el gasto que le representa este programa o si ha generado información que le permita conocer cuál es la demanda real del servicio de ILE.

En respuesta a una solicitud de información pública, la Secretaría de Salud del D.F. señaló que al menos hasta mayo del año pasado, no había realizado una sola evaluación de impacto al programa de ILE; lo que es peor aún, no recaba toda la información necesaria para hacerla. Tampoco conoce cuántos recursos representa este programa ya que no hay un rubro etiquetado propio dentro del presupuesto de egresos. Esto implica que:

1. no se genera información que permita saber si la población a la que está llegando es aquella especialmente vulnerable a la mortalidad materna, es decir, las mujeres en una condición social de pobreza y de marginación.
2. el ciudadano no tiene información que permita exigirle cuentas a las instituciones gubernamentales respecto del uso de los recursos públicos destinados a la ILE, y
3. no existen datos que le permitan tomar decisiones al funcionario público respecto de áreas de mejora del programa.

En suma, no es posible saber si la ILE ha logrado disminuir la mortalidad materna en el D.F. No tener información detallada que permita la evaluación de este programa vulnera, entre otras cosas, su legitimidad.  Sin evaluación no es posible afirmar que es una política pública de gran valor, sólo por el hecho de que exista. Además de la falta de datos para su evaluación, la ILE no es objeto de publicidad gubernamental alguna. Parece flotar en el limbo de la desinformación y el desconocimiento.

Es momento de dejar a un lado el discurso ideológico y de enfocarse en los números, en la monitorización de los datos, en los esfuerzos para saber si hay resultados tangibles, porque sólo de esa forma se morirán menos mujeres por razones por las cuales, en este siglo, no deberían morirse. Recabar datos y poder evaluar el programa de ILE resulta imprescindible para determinar el impacto que ha tenido en disminución de la mortalidad y morbilidad maternas y encontrar sus áreas de mejora. La ILE, como programa público, es la última oportunidad de las mujeres –en especial de aquellas en situación de pobreza- para no morir por embarazos no deseados. Tener información sobre dicho programa, no es sólo un asunto de política pública, es, al final, un asunto de justicia.