La homofobia y la incompetencia de la Secretaría de Salud

Primero fue Daniel. En junio pasado regresó de un viaje en Estados Unidos y después de unos días me dijo que le habían salido unos granitos en los brazos, la espalda y el pubis. Le recomendé que acudiera a la Clínica Condesa a que le hicieran la prueba y que en caso de que fuera sospecha de viruela símica, los médicos le dijeran qué tenía que hacer. Después de algunos días con fiebre le dijeron que sí fue monkeypox, así que se aisló por varios días y aunque el dolor en las lesiones fue intenso, lo pudo controlar.

Luego fue Tony, Rodrigo y Fede. A Tony solo le salieron un par de pústulas en el pene, acudió a hacerse la prueba de viruela y también aprovecharon para hacerle pruebas de otras ITS por lo que descubrió que tenía sífilis además de monkeypox. Rodrigo tuvo más de cuarenta lesiones en todo el cuerpo, incluyendo en la garganta y el recto, lo cual hizo que por varias semanas fuera un infierno comer e ir al baño. Tuvo que hospitalizarse para que le controlaran el dolor con analgésicos más fuertes que los que venden en las farmacias. A Fede le salieron pústulas en la cara y el tórax. Al no contar con Seguridad Social, dejó de ir a trabajar por casi un mes por lo que lo despidieron sin que él pudiera hacer nada.

Ellos son apenas algunos de mis conocidos que ya vivieron la viruela. Pero están también Mario, Carlos y Pedro que viajaron a vacunarse en San Diego, Las Vegas y Nueva York, y a quienes no les ha pasado nada porque al igual que cientos de miles de hombres gays y bisexuales en países ricos, están protegidos contra el virus que desde hace más de seis meses afecta mayoritariamente a hombres que tienen sexo con hombres en todo el mundo.

El 1 de noviembre el director de la OMS, Tedros Adhanom, reiteró ante el Comité de Emergencias que la viruela símica debe mantenerse como un asunto prioritario, ya que en lo que va del 2022 ha afectado a casi 80 mil personas en más de 100 países. En Estados Unidos, Canadá y Europa se ha observado una baja considerable de nuevas infecciones gracias al seguimiento de casos, las estrategias informativas y sobre todo, la vacunación de las personas en mayor riesgo.

En México, a pesar de estar entre los 10 países con mayor número de infecciones, la respuesta oficial ha sido lenta y negligente. La Secretaría de Salud reportó que hasta inicios de noviembre se han confirmado 2,901 casos, sin embargo, organizaciones de la sociedad civil como VIHve Libre, AHF o La Tribu han declarado que el número podría ser mucho mayor debido a que la mayoría de las personas afectadas por viruela símica no está acudiendo a hacerse pruebas ya que aún si salen positivos, en muchas ocasiones no se ofrece tratamiento o algún tipo de apoyo.

La sociedad civil mexicana fue la primera en toda América Latina en exigir vacunas desde junio pasado cuando se organizaron las primeras protestas ante la Secretaría de Salud. A pesar de ello, a estas alturas México es uno de los pocos países de la región donde ni siquiera hay intención de adquirirla mientras que Brasil, Chile, Perú, Colombia y El Salvador ya han recibido sus primeros lotes de vacunas. El subsecretario López-Gatell ha mencionado en diversas ocasiones que no existe la evidencia de que las vacunas funcionen y, por lo tanto, no se van a comprar.

En junio, los logotipos de la Secretaría de Salud se pintaron de arcoíris por el Mes del Orgullo. En octubre, celebraron con una infografía que en todo México hubiera matrimonio igualitario. Al mismo tiempo, decenas de organizaciones y activistas LGBTIQ+ acusaban a la Secretaría de homofobia institucional ya que son hombres gays y bisexuales los que representan más del 95% de los casos y quienes han exigido en las calles, en medios y en redes sociales que se adquiera la vacuna, pero la respuesta es siempre la misma: NO.

Investigadores, médicos tratantes, funcionarios de los estados, senadores y diputados de todos los partidos incluyendo MORENA también se han sumado a la exigencia de que se reconozca la recomendación de la OMS para vacunar a las personas con mayor riesgo, pero por falta de recursos, por soberbia, por torpeza o por homofobia se sigue negando esa estrategia.

Pareciera que estamos volviendo a mediados de la década de los años 80 cuando los gobiernos del mundo hicieron caso omiso de la pandemia del sida que también afectaba en su momento a la comunidad LGBTIQ+. En aquella ocasión, la respuesta oficial se dio hasta que empezó a observarse que el VIH también afectaba a mujeres, bebés y personas con hemofilia, pero pareciera que esa afectación a otras poblaciones no va a ocurrir con la viruela o al menos no se ha observado en ningún país fuera de África.

El gobierno federal tampoco tiene una estrategia de seguimiento de casos y la información que se comparte para la comunidad es muy limitada a través de sus redes sociales. Las organizaciones y colectivos LGBTIQ+ y de VIH son quienes se han movilizado para comunicar los riesgos a las poblaciones; medios e influencers han desarrollado campañas y conversatorios; personas afectadas han compartido sus historias para sensibilizar a sus seguidores, pero es el Estado el que debería estar haciendo todo eso y más para proteger la salud y el bienestar como lo dice el artículo 4to de nuestra Constitución.

Tenemos un problema de salud y a diferencia de lo que ocurrió con el COVID19, ahora sí tenemos las herramientas para frenarla. No comprar y usar esas herramientas -las vacunas- es negligencia, es incompetencia, pero también es homofobia. Con las vacunas podríamos evitar que más personas como Rodrigo tengan que soportar un dolor terrible durante semanas, que personas como Fede pierdan su trabajo y que personas que no tienen recursos para viajar a Estados Unidos tengan que resignarse a que tarde o temprano, acabarán llenos de ronchas por la viruela del mono.

* Ricardo Baruch (@baruchdom) es activista e investigador en temas de salud pública y derechos humanos.