La hoja de ruta del sector militar 2025-2030: la militarización como política de Estado

En septiembre de 2024, una reforma constitucional modificó por primera vez desde 1857 la norma que regula las relaciones cívico-militares en México. Así, el sistema jurídico mexicano pasó de una prohibición explícita que impedía a las fuerzas armadas desempeñar funciones ajenas a la disciplina militar en tiempos de paz, a un esquema de habilitación mucho más flexible: “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las previstas en esta Constitución y en las leyes que de ella emanen”.

La gran incógnita, sin embargo, ha sido cómo se instrumentará este nuevo marco normativo. La reciente publicación de los Programas Sectoriales de Defensa Nacional (PSDN) y de Marina (PSM) para el periodo 2025-2030 ofrece quizá una primera respuesta, en la medida en que dichos documentos trazan la hoja de ruta que las propias fuerzas armadas han diseñado para orientar su actuación en el mediano y el largo plazo.

El presente texto, basado en el informe temático elaborado por México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), tiene como propósito sintetizar los elementos centrales de ambos programas sectoriales. Más allá de describir sus objetivos formales, busca mostrar cómo las fuerzas armadas están interpretando y aprovechando el contexto legal y político para expandir su margen de acción.

La normalización del emprendedurismo militar y la expansión en ámbitos regulatorios

Ambos programas integran de manera orgánica una amplia gama de funciones tradicionalmente civiles dentro de sus estrategias. El PSDN subraya la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en ámbitos como la construcción de infraestructura estratégica (e.g. ferrocarriles, aeropuertos) y la administración de empresas estatales a través del Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica. De hecho, el documento reconoce explícitamente a Defensa como un “aliado estratégico” del gobierno federal. Por su parte, el PSM asume de forma explícita responsabilidades en sectores como el turismo náutico, la restauración ecológica y la operación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). Esta integración consolida lo que investigadoras como Kristina Mani y Collin Grimes han denominado “emprendedurismo militar” (military entrepreneurship), un concepto que describe la participación de las fuerzas armadas en actividades económicas ajenas a la seguridad nacional y la defensa exterior.

Además, los programas institucionalizan el creciente poder de las fuerzas armadas en áreas estratégicas del orden interno. El PSDN consolida el control militar del espacio aéreo mediante el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (CENAVI), asume competencias en gestión migratoria bajo el eufemismo de “rescate humanitario” —que en la práctica se traduce en la detención de personas migrantes— y extiende su intervención en el control aduanero. En paralelo, el PSM refuerza el papel de la Secretaría de Marina (SEMAR) como Autoridad Marítima Nacional, ampliando su injerencia en la regulación portuaria, el comercio exterior y la gestión ambiental costera. Este proceso de expansión funcional no solo concentra poder militar en sectores civiles estratégicos, sino que también crea condiciones propicias para la opacidad y la discrecionalidad administrativa, como lo evidenció el reciente escándalo de contrabando de combustible extranjero (o huachicol fiscal) en los puertos de Tamaulipas.

Modernización tecnológica

Tanto el PSDN como el PSM priorizan el fortalecimiento de capacidades en ciberseguridad, ciberdefensa e inteligencia artificial. Defensa, por ejemplo, busca fortalecer su Centro de Operaciones del Ciberespacio (COC), mientras que el PSM planea ampliar sus Centros de Operaciones de Ciberseguridad y crear un Centro de Capacitación para Operaciones en el Ciberespacio. No obstante, este impulso tecnológico se ve empañado por antecedentes de hackeos masivos, así como la revelación de operaciones de espionaje y vigilancia digital contra la ciudadanía.

Legitimación social

En sus diagnósticos, los programas sectoriales reconocen que la popularidad y la aceptación social constituyen uno de los principales activos de las fuerzas armadas. En consecuencia, otorgan especial relevancia a las estrategias de comunicación social y a las campañas publicitarias orientadas a reforzar su imagen ante la ciudadanía. Al respecto, cabe señalar que la manera en que las fuerzas armadas “emiten mensaje, generan consenso y cimientan aprobación popular” en México resulta problemática, pues contribuye a la difusión del militarismo, entendido por Peter Kraska como el conjunto de creencias, valores y supuestos que promueven la idea de que los problemas públicos deben resolverse mediante el poder militar.

Parte de estos esfuerzos de legitimación se apoya en la adopción de un lenguaje que resalta valores como el “humanismo”, la “igualdad sustantiva” y la “perspectiva de género”. Sin embargo, esta apropiación discursiva de los derechos humanos corre el riesgo de operar de manera vacía, sin traducirse necesariamente en cambios efectivos en la práctica ni en un aumento tangible de la rendición de cuentas ante la sociedad civil. En muchos casos, el predominio de la narrativa puede funcionar más como un instrumento para consolidar autoridad y aceptación social que como un motor de transformaciones institucionales profundas, dejando importantes vacíos en supervisión, transparencia y control ciudadano.

Conclusiones: la militarización como componente estructural

Los Programas Sectoriales 2025-2030 revelan una visión de Estado donde las fuerzas armadas se proyectan como actores permanentes y centrales en la conducción del país. La visión al 2050 de Defensa como “institución moderna con capacidades polivalentes” y el objetivo de México como “potencia marítima” para 2045 reflejan esta proyección a largo plazo. Lejos de ser una medida excepcional, la militarización se consolida como política de Estado, con un marco legal que habilita su expansión continua sobre ámbitos civiles, redefiniendo sustancialmente el carácter del Estado mexicano a través de un emprendedurismo militar que transforma fundamentalmente la naturaleza de las relaciones cívico-militares.

* Gerardo Álvarez es investigador en la dirección de Incidencia Política de México Unido Contra la Delincuencia. Egresado de Derecho por el ITAM. Ha litigado sobre derechos humanos y derecho administrativo y regulatorio, con énfasis en el juicio de amparo y el procedimiento contencioso administrativo. Ha realizado investigación y análisis sobre seguridad ciudadana, política de drogas, militarización y control de armas. Mariana Rodas es estudiante de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM y prestadora de servicio social en el área de Incidencia Política de México Unido Contra la Delincuencia.